vitoria. Ninguna antena de telefonía móvil instalada en Vitoria con la autorización del Consistorio incumple la legalidad vigente. El problema es que ésta es muy laxa y, finalmente, el debate sobre si estos tentáculos metálicos pueden provocar daños en la salud ha acabado traspasando las paredes del Ayuntamiento. El Departamento de Medio Ambiente ya ha elaborado un borrador de ordenanza, que será presentado la próxima semana a todas las formaciones municipales y a los colectivos sociales que integran el grupo de trabajo del Ayuntamiento que se constituyó en enero para debatir el asunto.

Se espera un reglamento más restrictivo que el actual, siempre teniendo en cuenta las competencias del Ayuntamiento, aunque todo indica que traerá polémica. Primero, porque ha sido confeccionado al margen del grupo de trabajo creado para la creación de la nueva ordenanza de telecomunicaciones. Segundo, porque desde que empezaron las reuniones del equipo en enero, ha quedado de manifiesto que el gabinete de Patxi Lazcoz no persigue los mismos objetivos que las asociaciones participantes: Interbarrios, Vecinos de Vitoria y Álava, Ekologistak Martzan, Gaden, Bionekazaritza, Gaia y Plataforma Gasteiz<0,1*.

El propósito de estos colectivos sociales es lograr el modelo vigente en Leganés: sólo autoriza emisiones que no sobrepasen los 0,1 microwatios por centímetro cuadrado -como recomendó un grupo de científicos reunido en el año 2000 en Salzburgo-, establece un control de emisiones en tiempo real para reaccionar rápidamente y anima a potenciar la participación ciudadana con la creación de una comisión municipal consultiva de antenas de telefonía móvil. Por ese motivo, las asociaciones trajeron a Vitoria en febrero, y también ayer, a Agustín Bocos, especialista en Derecho del Medio Ambiente y jurista de la ordenanza leganense, y a Ceferino Maestu, investigador de Bioelectromagnetismo de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable técnico-científico de esa normativa. ¿El objetivo? Poner en boca de estos expertos los riesgos que entrañan las emisiones de las antenas de telefonía móvil y la necesidad de restringirlas al máximo.

Sin embargo, parece que las conferencias han servido de poco. Dentro del grupo de trabajo, son muchos los que ya hablan de una "ordenanza-trampa" en referencia al borrador que el equipo de gobierno les va a dar a conocer. Y no es de extrañar. El clima en las reuniones mantenidas desde enero ha resultado ser de lo más crispado. Esta misma semana, los colectivos sociales que participan en el foro denunciaron que el gabinete Lazcoz está ejerciendo "un bloqueo" que deja "invalidadas" sus funciones. En concreto, achacaron esta situación a la edil del área, Alba Cañadas, por su "comportamiento autoritario" desde el minuto uno. Aralar también se sumó a las críticas y solicitó a la concejala un cambio de actitud y más compromiso. El miércoles, Cañadas dirá.