Alerta sanitaria

El TSJPV anula la mascarilla obligatoria en playas y piscinas

El tribunal matiza que se deberá llevar si no es posible mantener el metro y medio de distancia

04.08.2021 | 00:50

Bilbao – El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitió ayer un auto que suspende la obligatoriedad de uso de la mascarilla en los desplazamientos y paseos en playas y piscinas y matiza que sí se deberá usar si no fuera posible mantener el metro y medio de distancia entre personas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV estima en parte el recurso presentado por una asociación de consumidores y acuerda suspender la ejecución de la medida establecida en el decreto del Gobierno vasco que establecía el uso obligatorio de mascarilla "para los desplazamientos y paseos en playas y piscinas". Los magistrados precisan que regirá en este ámbito el régimen general de distancia interpersonal de 1,5 metros, debiendo utilizarse mascarilla si no fuera posible mantener dicha distancia.

Desigualdad Según indica la resolución, esta regulación para los desplazamientos y paseos en playas y piscinas, establece una obligación no prevista en la Ley del Estado, en la que el uso de mascarilla sólo es obligatorio si no se puede mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros en espacios al aire libre, habiéndose dictado esta norma en base a la atribución que confiere a la Administración central en el artículo 149 de la Constitución, de bases y coordinación general de la sanidad.

En opinión del TSJPV, el perjuicio que se causa a los interesados "no es excesivo, pues se trata de tener que usar mascarilla en sus desplazamientos y paseos en las playas y piscina, aun cuando puede mantenerse distancia de seguridad".

No obstante, apunta que "no deja de ser una carga, cuyo incumplimiento pudiera conllevar incluso la imposición de una sanción, cuando es una situación no prohibida por la norma del Estado y que generaría situaciones de desigualdad entre las obligaciones de los ciudadanos en diversas partes del territorio nacional, regido por la Ley del Estado antes citada". En este sentido, considera que "no cabe aquí hacer alusiones a la defensa de la salud pública, pues, tanto la Administración autonómica como la del Estado, ha de presumirse que buscan el mismo objetivo en este ámbito".

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