- “Vivía en una aldea del centro de Mali, donde trabajaba enseñando francés en una escuela. Un día los grupos armados yihadistas llegaron a nuestra aldea y amenazaron con matarme si no cerraba la escuela. Compartí barco con otras 44 personas y en octubre llegué a Canarias, donde me concedieron el derecho de asilo y pasaron cinco meses hasta que me trasladaron a Bilbao. No vine a Europa por placer, vine porque estaba sufriendo. No fue fácil dejar a mi país y a mi hermano atrás, me marche para darle un futuro mejor”. Esta es la historia del joven de 27 años Souleymane Fuyugu, una de las 88.762 personas que solicitaron asilo en el Estado español el año pasado según la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Euskadi.

La organización presentó ayer un análisis sobre la situación actual de los refugiados. En cuanto a las cifras en Euskadi, desde la organización explicaron que según el balance del Ministerio de Interior, 3.085 personas solicitaron protección en el País Vasco en 2020, lo que supone una caída del 36% en comparación con 2019 (4.826), que se queda en un 25% a nivel estatal, pasando de 118.264 a 88.762 solicitudes.

Del total, 1.767 se formalizaron en Bizkaia, 674 en Araba y 644 en Gipuzkoa. Patricia Bárcena, directora de la comisión, hizo hincapié en que “ha sido un año especialmente duro para todo el mundo por la crisis sanitaria, pero en mayor grado para los colectivos que con anterioridad ya estaban en una situación vulnerable”.

Del mismo modo, lamentó que el Estado español rechaza el 95% de las solicitudes de asilo internacional, lo que implica que el solicitante tiene 15 días para abandonar el Estado y que, como no pueden volver a su país porque están siendo perseguidos, se ven obligados a permanecer en situación irregular participando en la economía sumergida. Asimismo, indicó que este año la dificultad ha sido agravada por la crisis sanitaria para acceder al mercado laboral o mantener el empleo conseguido, además de la brecha digital.

Bárcena aseguró también que a nivel mundial la pandemia ha tenido un impacto grave en el aumento de las desigualdades, la pobreza, el racismo y la xenofobia, lo que ha dificultado aún más la huida de personas que necesitan la protección internacional, atrapadas en zonas de origen o de tránsito inseguras.

“Ante la falta de vías legales y seguras de entrada, las rutas se están tornando cada vez más peligrosas, como hemos visto en Canarias. Para las personas refugiadas que han vivido la pandemia aquí, esta situación ha agravado la sensación de desconexión y aislamiento, ya que no disponen de redes de apoyo, lo que causa un gran impacto emocional en ellas”, recordó la presidenta.

Ante esta situación, Bárcena pidió que “la pandemia mundial no se convierta en un motivo más para la militarización de fronteras. Urge terminar con la instrumentalización de las personas refugiadas y migrantes que son utilizadas como herramienta de presión política, como hemos visto recientemente en Ceuta”.

Del mismo modo, exigió nuevas medidas de regularización extraordinaria que permitan a las personas migrantes solicitantes de asilo denegadas acceder a un estatus legal regular.

“Lejos de los focos mediáticos, la principal vía de entrada volvió a ser la aérea. Los principales países de origen fueron Venezuela (28.365 solicitantes), Colombia (27.576) y Honduras (5.536)”, apuntó para finalizar la presidenta de CEAR Euskadi.

“Ha sido un año especialmente duro para los colectivos que ya eran vulnerables”

Presidenta CEAR Euskadi