steaño se cumplen 75 años de unos hechos graves que ocurrieron en Vitoria-Gasteiz y, salvo las hemerotecas, han caído en el olvido. Ocurrió en junio de 1946. El franquismo -nacionalcatolicismo- utilizó todos sus brazos armados para cargar contra congresistas nacionalistas vascos y otros cristianos extranjeros que llegaban a la ciudad bajo el lema Pax Romana. Se trataba de un homenaje al fundador del Derecho Internacional, Fray Francisco de Vitoria.

Entre el 16 y 26 de junio se produjeron detenciones y se publicaron toda una serie de mentiras tan habituales de los franquistas y sus leales desde la guerra militar de 1936. Los hechos más destacados ocurrieron el 16, 18 y 19, según detalla un informe del Gobierno Vasco al que ha tenido acceso este periódico. El exsenador del PNV Iñaki Anasagasti hace una lectura que contextualiza aquel episodio. “Este informe deja por sentado que en Araba también hubo represión y resistencia, incluso con encarcelados en un momento en el que había acabado la Segunda Guerra Mundial y había la esperanza de que los aliados quitaran al dictador Franco”, arranca, y va más allá en su argumento: “Estamos hablando en este caso de un congreso religioso y sin embargo hay una persecución hacia los participantes y palizas. Al régimen franquista no le importaba apalear a gente católica y que únicamente pedían libertad de expresión”.

Las cinco páginas puntualizan que cada profesor congresista extranjero ubicado en el Hotel Frontón recibió un sobre con información sobre el encuentro pacifista, así como un discurso del lehendakari Aguirre pronunciado en Buenos Aires. Se les detallaba que el presidente vasco estaba en el exilio. Pronto las fuerzas policiales estuvieron encima de cada acto e, incluso, acompañando al alrededor de 50 participantes “incluso en el mismo hotel”. En la madrugada del 19, en un acto público, se prendió la mecha al aparecer “una gran profusión de banderas y pasquines de carácter vasco, ajeno a la organización”.

Las autoridades reaccionaron enviando a bomberos, pintores y obreros marmolistas a suprimir lo allí denunciado. Y lo actos se debieron retrasar dos horas. Ante los 50 congresistas se presentaron, según el informe, 25 guardias de la policía armada, 15 miñones forales y diez agentes secretos y “otros elementos españoles”, agregaban.

En ese momento se produjeron las primeras detenciones. Los Olano, Cortazar, Romarategui, García Andoain. Todos ellos de Acción Católica y habían sido “sometidos a malos tratos por la Policía y en algún caso por la Guardia Civil”. Sin embargo, el presidente de la organización en Gasteiz, Vallejo, no creyó “discreto intervenir ni realizar cuestiones con el gobernador civil”. Es decir, “no actuó para pedir que se suprimiera los tratos inhumanos”.

El gobernador por su parte informó a Madrid y recibió instrucciones para “actuar duramente porque de no aparecer los autores debía tener inmediatamente la dimisión del comisario de Policía y no sabemos si hasta del propio gobernador”. La amenaza a sus cargos conllevó que las detenciones se recrudecieran incluso contra aquellas personas significadas nacionalistas vascas desde 1936. Detuvieron a obreros, ingenieros, médicos, industriales, abogados... Sin argumentos. De hecho, desde Bilbao llegó la brigada del comisario Del Carmen para detener todo aquello y con el fin de que “en Madrid quedaran satisfechos y tranquilos, a costa de quien fuera”.

Pero saltó la sorpresa, el alcalde gasteiztarra de la época, Saracho, visitó al gobernador civil para avalar e interceder para los detenidos fueran puestos en libertad o se tuvieran algunas consideraciones con ellos. La respuesta, presuponible, fue taxativa: “Existen informes en los archivos de la comisaría de la afinidad política de dichos detenidos con la propaganda vasca que se había hecho cerca de los profesores extranjeros”.

La toma de declaraciones se hizo “de una forma inhumana” y que “no corresponden con la importancia de los hechos”. El Gobierno Vasco denunciaba que se entrevistaba en horas “extrañas”, por ejemplo, cuando estaban durmiendo y permanecían hasta cinco horas respondiendo a la autoridad franquista con hasta cinco policías interrogando al mismo tiempo. Pasaron por aquellos cuartos los Aguirre, Irazusta, Olabarria, Aspiazu, Pagalday, De Miguel, Urrestarazu, Sarasola, Quintana, Olano, Fernández de Trocóniz, así como Repáraz, Ruiz, Biñegras, Viguri, Cortázar, Sanz, Carrión, Eizaguirre, Ortiz de la Fuente, Landa y García Andoain. “Algunos de ellos enfermos de asma u otros problemas de salud que tendrán complicaciones graves. Sabemos que hay más, ignorando su nombre aún”.

Los redactores del informe denunciaron, además, las informaciones del periódico Pensamiento Alavés. Lamentaron el siguiente titular: Han sido puestos a disposición de las autoridades militares los detenidos por el atentado separatista. Allí se comunicaba que antes de pasar por los tribunales, a los detenidos se les impuso una sanción de 10.000 pesetas. “Y como nota irónica se decía seguidamente que de Salamanca se ha recibido en el Gobierno Civil el siguiente telegrama: En nombre de los profesores extranjeros y de la asociación Fray Francisco Vitoria reiterámosle nuestro profundo agradecimiento”. El informe concluye informando de que también acabó detenido el sacerdote Tomás Berroeta.

En un pasquín, el Gobierno de Euzkadi denunció como instigadores y ejecutores de las torturas “sufridas por los patriotas encarcelados” a: Luis Martín Ballesteros, Diego Tejada Manso de Zúñiga, Lorenzo de Cura, Iñigo Salazar, Claudio Lengaran, así como al inspector de policía Robles, comisario bilbaíno Alejandro del Carmen y “al vulgar asesino vitoriano Apodaca quien en 1936 se distinguió por el número de víctimas que tiene sobre su conciencia”.