Puigdemont, detenido en Cerdeña por orden del Tribunal Supremo

El arresto, realizado por agentes policiales de paisano, se ha producido en el aeropuerto de L'Alguer, donde este viernes tenía previsto participar, junto a la consellera de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el 'aplec internacional de l'Adifolk', un evento patrocinado por una asociación para la promoción de las tradiciones catalanas. Además, también tenía intención de reunirse con el presidente de la región autónoma de Cerdeña y con el síndic del Alguer.

El expresidente catalán, residente en Waterloo (Bélgica) desde hace cuatro años. Su abogado, Carlos Boye, ha denunciado la detención a través de su cuenta de Twitter.

Este viernes pasará a disposición judicial

"Cuando ha llegado al aeropuerto de L'Alguer ha sido retenido por la policía fronteriza italiana. Mañana, a primera hora de la mañana, será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelaciones de Sassari, que es competente para decidir la puesta en libertad o su extradición", ha informado la oficina del expresident.

Puigdemont, una vez arrestado, podrá solicitar de nuevo medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y parar su extradición al Estado español.

Puigdemont recurrió el pasado mayo a la Justicia europea la decisión del Parlamento europeo de suspender su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en el Estado español y el Tribunal europeo está aún examinando el recurso, aunque en julio le negó las medidas cautelares que solicitó para recuperar la inmunidad parlamentaria mientras se resolvía el caso.

El Tribunal con sede en Luxemburgo, sin embargo, avisó en el auto con el que negó las cautelares que tal decisión se limitaba a las medidas temporales y que Puigdemont podría interponer una nueva demanda si el perjuicio alegado -su detención durante un viaje como eurodiputado-- resultara suficientemente probable. El tribunal mencionó en concreto el caso de que fueran detenidos o se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas.

El auto en el que el vicepresidente del TUE negó las cautelares a Puigdemont y reactivó la suspensión de su inmunidad recoge también que el Tribunal Supremo dirigió una pregunta prejudicial al propio Tribunal europeo para aclarar si Bélgica podría rechazar la extradición de Puigdemont y Comín en base a elementos de su legislación nacional que no están previstos en la decisión marco de la euroorden.

También señala que las autoridades españolas "han indicado expresamente" que la remisión de las prejudiciales "implicaba la suspensión de las órdenes de detención nacionales e implicaba la suspensión de todos los procedimientos de ejecución de una euroorden susceptible de ser iniciada". El auto añadía que las mismas autoridades españolas indicaron que "ningún tribunal de la Unión podría ejecutar las órdenes de detención europeas hasta que el Tribunal dictara sentencia".

Fuentes del Supremo indican ahora a Europa Press que la posibilidad de que se le devolviera la inmunidad está ahí porque el TJUE aun debe decidir sobre esa cuestión.

PLAZOS PARA EJECUTAR LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA

En todo caso, los plazos para ejecutar una orden de detención europea (ODE) son muy estrictos, según contempla la UE. El país en el que la persona ha sido detenida debe tomar una decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE en un plazo de 60 días a partir de la fecha de detención. Este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales.

Si el interesado consiente en ser entregado --no parece el caso-- la decisión de entrega debe tomarse en un plazo de diez días. La persona sobre la que pese la ODE debe ser entregada a la mayor brevedad en la fecha convenida por las autoridades implicadas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 10 días desde que se tome la decisión definitiva de ejecutar la ODE.

El portal oficial de E-Justice de la UE advierte además de que los motivos de denegación de entrega están limitados, y un país solo puede negarse a entregar a una persona buscada si es de aplicación uno de los motivos de denegación obligatorios u opcionales.

Entre los obligatorios está que la persona ya haya sido juzgada por el mismo delito (ne bis in idem), no es el caso; que sea menor de edad y no haya alcanzado la edad de responsabilidad penal; o que el país, en este caso Italia, tenga competencia para perseguir el delito y decrete en él una amnistía.

EL ANTECEDENTE ALEMÁN

Esta es la segunda ocasión en la que Carles Puigdemont es detenido en un país europeo, la anterior fue en Alemania en 2018 y se produjo gracias a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y la Policía Nacional española (Comisaría General de Información y División de Cooperación Internacional), en coordinación con el CNI.

Al igual que en el episodio de Cerdeña, la detención en Alemania llegó en virtud de la Orden Europea de Detención y Entrega del 23 de marzo, emitida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por un delito de rebelión, con ámbito de difusión Schengen. Entonces, Puigdemont fue retenido por la policía alemana en una autopista de Alemania, a la altura de la localidad de Schuby, cuando se dirigía en dirección sur hacia Hamburgo.

El vehículo en el que viajaba Puigdemont había cruzado la frontera entre Dinamarca y Alemania, desde donde quería regresar a Bélgica. Fue detenido a unos 30 kilómetros de la frontera.

En abril de ese año el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, dictó su libertad bajo fianza de 75.000 euros e indicó que la extradición era posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión.

Rechazaba así la petición formulada por la Fiscalía regional que, tras examinar la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español, pidió a la corte territorial de Schleswig-Holstein que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional por el riesgo de fuga.