- El Gobierno español prorrogó hasta el próximo 31 de octubre el llamado escudo social, que incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de suministro de agua, luz y gas. “Es la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de protección de la vivienda, para evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia”, explicó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. A esos apartados se une la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad; y la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses. Figuran además las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor -es decir, una persona física con más de diez viviendas-, podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.
Igualmente, el escudo social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.
“Quienes más sufren las consecuencias de la pandemia siguen así contando con el soporte del Gobierno. Nuestro propósito siempre ha sido el mismo: que nadie se quede atrás. En la pandemia y también ahora en la recuperación”, explicó en un tuit el propio Sánchez.
