El estado de excepción requiere permiso previo del Congreso

La sentencia del TC puede dificultar la lucha contra una crisis sanitaria similar bajo el simple amparo de la alarma

15.07.2021 | 00:03

madrid – El estado de alarma es el más leve de los tres estados excepcionales (alarma, excepción y sitio) y está previsto para grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios públicos como consecuencia de huelgas o conflictos laborales. En concreto, la ley orgánica que regula estos estados precisa que el de alarma es el más indicado para afrontar "epidemias y situaciones de contaminación graves". Por eso, esta sentencia del TC puede dificultar la lucha contra una crisis semejante. Aunque, en principio, esta situación no afecta a la vigencia de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, algunas libertades sí se pueden ver afectadas como la de circulación o la permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. El Gobierno lo puede declarar durante 15 días sin necesidad de la aprobación del Congreso.

En el estado de excepción el Gobierno sí está obligado a solicitar de la Cámara baja autorización para declararlo. Este estado excepcional permite ejercer detenciones a cualquier persona si lo cree necesario para conservar el orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público, disponer inspecciones, registros domiciliarios si lo ve necesario para esclarecer los hechos presuntamente delictivos así como intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, y ordenar el secuestro de publicaciones.

De igual forma, permite intervenir y controlar toda clase de transportes, y la carga de los mismos, prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir así como someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones.

El TC aún tiene pendiente resolver otros recursos contra el segundo estado de alarma. Pero en ese caso las restricciones fueron menores y no había duda de que eran factibles en un estado de alarma.

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