Aitor EstebanPORTAVOZ DEL PNV EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

"Algunos ministerios no están dando impulso a los pactos con el PNV y debe imponerse la voluntad política"

Esteban revela que, pese al optimismo de La Moncloa con las vacunas, hubo llamadas de "preocupación" de Madrid al PNV por las aglomeraciones del fin de la alarma. No descarta ir al TC por la apertura de los estadios

16.05.2021 | 02:01
Aitor Esteban, portavoz del PNV en el congreso de los diputados

En la relación entre el presidente Sánchez y el PNV hay una cara y una cruz: por un lado, se han transferido competencias a Euskadi y, por otro, hay un desencuentro sobre el estado de alarma y retrasos en varios compromisos. ¿Está tratando Sánchez al PNV como socio prioritario?

—Eso de socio prioritario se lo inventaron ellos. Lo que tienen son unos acuerdos con nosotros firmados en la investidura, y los deberían completar. Entre otras cosas recogen todo aquello a lo que ya se había comprometido antes el PP. Algunas cosas están funcionando bien, y otras, no tanto. Digamos que en algunos ministerios hay menos voluntad política o menos impulso político. Es un gobierno asimétrico. Le falta un poco de hilván y coordinación entre sus ministerios, un poco de jerarquía, que alguien diga que la voluntad política es esa.

No sé si se refiere al ministro Escrivá y a que no mueve el traspaso del Ingreso Mínimo Vital. ¿Pretende ejercer un control desde la Seguridad Social sobre esta prestación?

—Escrivá llegó a un acuerdo conmigo muy claro. Tenemos la RGI y un sistema de Concierto Económico, y la competencia es nuestra. Lo que teníamos que hacer era gestionar nosotros. Y llegamos a eso. Costó mucho. En realidad esta competencia no tendría que haber pivotado sobre la Seguridad Social, sino sobre acción social. Pero pivotó sobre la Seguridad Social porque era el único título del Estado. Le dijimos: bien, lo pones en marcha, pero lo vamos a gestionar desde aquí. Ellos han solicitado una información que se les ha facilitado, creemos que hemos llegado al punto en que está todo listo desde hace muchos meses, pero no acaba de dar su brazo a torcer. Donde dije digo, digo Diego. Y no puede ser. No lo vamos a admitir. Y ese tema sigue paralizado. Afortunadamente, la RGI cubre prácticamente a toda la población que sería susceptible de recibir estas prestaciones, pero la sigue asumiendo el Gobierno Vasco.

El PNV ha pedido la intervención directa de Sánchez. ¿Se lo han trasladado en privado?

—Hablamos frecuentemente con Moncloa, y le decimos los temas que vemos atascados. No solo este. Hay otros ministerios muy remolones. Les vemos falta de voluntad política. Incluso, poca convicción frente a un mundo funcionarial que está en todas las administraciones, sean de un color u otro, y que tiene su propia agenda. La voluntad política tiene que imponerse, y no vemos que ocurra en todos los ministerios.

¿Sánchez no está encima de estos temas?

—No creo que sea por falta de voluntad política del presidente. Es otra forma de organizar al gobierno.

¿Le tranquiliza que Iceta haya prometido que el IMV llegará antes de fin de año? No coincide exactamente con los plazos del PNV, que pedía que llegara antes del verano.

—No son los plazos del PNV, son los compromisos del propio Gobierno español. La ley que se aprobó dice que tendría que haber llegado en octubre de 2020. Están incumpliendo la ley.

Todos los socios de Sánchez están en una tesitura en la que parece que toca cerrar filas con el Ejecutivo español, por los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid y la ofensiva del PP. ¿Les obliga a cerrar filas?

—Madrid no tiene influencia en la política que vaya a hacer el PNV, ni creo que el Gobierno español se sienta amenazado por lo que ocurrió en Madrid. Al revés, esto le impulsa a intentar prolongar la legislatura. Lo que sí tiene importancia es qué va a pasar con el Govern catalán, o si va a haber otra convocatoria de elecciones en Catalunya. Y no hay una alternativa a este Gobierno. El Gobierno no ha conseguido estabilizar la mayoría, pero no es por culpa del PNV a pesar de las discrepancias que tenemos, y que se las vamos a seguir señalando. Cuando creamos que tiene que ser en público, lo haremos, pero antes siempre intentamos que las cosas se muevan discretamente. Nos interesa que las cosas salgan. La situación se debe a otros socios, incluso dentro del Gobierno: Podemos, que puede votar en contra de propuestas del PSOE.

Dice el Gobierno español que quiere aguantar hasta 2023. ¿Va a ser capaz?

—No voy a especular. Habrá que ver cómo evoluciona. Hoy por hoy, la coyuntura anima a Sánchez a alargarlo lo más posible, pero si tiene unos socios fiables y dependiendo de la evolución de Podemos dentro del Gobierno.

¿La relación entre el PNV y Podemos ha mejorado con Yolanda Díaz?

—¿A qué Podemos se refiere? El jueves votaron para reprobar a nuestra consejera de Salud. Hay buena relación con algunas personas pero, como organización, deja mucho que desear.

¿No han llegado a aproximar posiciones sobre la reforma laboral con la ministra Díaz?

—Tenemos buena relación, nos informa. Es capaz de negociar. La mayoría de los temas los lleva a la mesa social, y es difícil decir que no tras un consenso entre sindicatos y patronal.

¿Sería deseable evitar las elecciones en Catalunya por la estabilidad en el Estado?

—Que hagan lo que quieran. Tienen su dinámica propia. Ahora bien, siempre diré, no solo para Catalunya sino para todo el mundo, que una estabilidad institucional siempre es lo ideal. Ojalá puedan encontrar una fórmula de Gobierno y de cierta estabilidad lo antes posible.

¿Nota una intención de acelerar los compromisos sobre las transferencias o el Tren de Alta Velocidad tras las elecciones en Madrid?

—Lo que noto es que el Ministerio de Transportes es uno de los que no tiene impulso o voluntad política. Está incluso replanteando acuerdos que estaban cerrados, y eso es inaceptable. Hemos intentado arreglar las cosas por las buenas. No entiendo las manifestaciones que ha hecho el PSOE, o incluso el propio Gobierno, con el delegado, hablando de fechas dadas por ellos mismos y que estén ahora replanteando los acuerdos asumidos. El PNV, evidentemente, no va a ceder. Estoy muy decepcionado.

¿La decepción del PNV se puede traducir en que se replantee los acuerdos con Sánchez o tenga una posición de mayor frialdad?

—Lo que esté mal, lo vamos a criticar. Y, si vemos que desde una conversación discreta no se puede hacer, tendremos que pedirlo de manera pública. Están incumpliendo absolutamente todos los acuerdos. Hay descoordinación gubernamental, algo muy, muy, muy preocupante.

El lehendakari ve señales de esperanza ante el virus, y Sánchez cierra la puerta al estado de alarma. ¿Ya estamos pasando página y el PNV no va a insistir en el estado de alarma?

—En las próximas dos semanas veremos si se ha pasado página o no, porque ahí veremos si hay repuntes. Ellos han tomado una decisión, porque dicen que las vacunas están llegando y que estamos a cien días de la inmunidad. Lo único que pedimos es que nos den el único paraguas que existe hoy, y eso no quiere decir que haya toque de queda en todos los sitios o limitaciones, sino que, si son necesarios, las autoridades autonómicas puedan adoptar esas decisiones. Sánchez no lo ha hecho, y la única explicación coherente es la temporada turística. Pero tuvimos llamadas y vi nervioso al Gobierno español el fin de semana del 9 al 10 de mayo cuando cayó el estado de alarma, porque veía lo que iba a pasar y lo que pasó efectivamente en muchas plazas y lugares. Vimos las aglomeraciones. Tuvimos llamadas diciendo a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a afrontar... No entiendo que no hayan podido aguantar con el arco jurídico al menos hasta mediados de junio. Y ya no hay tiempo para cambiar la ley.

¿De esas llamadas vino el amago del ministro Campo, el artículo de opinión en el que sugería la reforma legal o el estado de alarma?

—Pues probablemente. Estaban muy preocupados y estaban dándole vueltas al asunto, pero hubo toque de corneta del propio presidente porque no se podían desdecir. No le voy a decir qué llamadas, de quién, ni cómo, ni qué me transmitían, pero hubo preocupación.

¿Sánchez ha dicho su última palabra?

—Insisto: vamos a ver qué pasa dentro de quince días. Si nos llevamos un susto, igual resulta que el Gobierno se tiene que replantear algo. Si la cosa va bien y ojalá vaya bien, esto se habrá convertido en un rifirrafe y algunos éramos unos exagerados. Pero me habrá parecido una imprudencia. Sabiendo que hay vidas en juego, lo lógico hubiera sido cubrirse las espaldas.

Casi nadie se ha acogido al recurso al Tribunal Supremo para poder aplicar medidas...

—Si vamos al Supremo, se va a tirar una semana. Supongamos que nos da la razón. El Gobierno Vasco tendría que volver al Superior vasco, ante los mismos jueces que le han dicho que no. Y para tomar en el mejor de los casos una resolución favorable en dos semanas, cuando hace falta urgentemente. No es una solución. Me parece lógico no recurrir, más allá de que el Superior vasco debería ser nuestra mayor instancia.

¿Se equivoca el Gobierno español al plantear ahora que vuelva el público a los estadios?

—Se está pasando de listo porque hay un acuerdo con nosotros. Esta competencia es autonómica. El Gobierno español nos llamó en mayo de 2020 preocupado por la posibilidad de que hubiera público en los estadios, para impedirlo por los contagios. Como nos podía la responsabilidad, miramos para otro lado, pero la competencia no era para que la ejerzan, sino para que impidan el público en todos los sitios. Ahora la ejerce como si fuera suya y deja jugar en algunos estadios. Por presiones de la Liga o de quien sea, ahora cometen este abuso de confianza. Esta ley es recurrible, la podemos recurrir hasta el 30 de junio ante el Tribunal Constitucional y, visto lo visto, no lo descarto.

Sobre el estado de alarma parcial, ¿es Pedro Sánchez quien no lo quiere, o es el lehendakari, por evitar el estigma sobre Euskadi?

—La pandemia no está solo en Euskadi. Le voy a poner un ejemplo: lo pedimos para Euskadi, el Gobierno español lo puede aprobar por quince días, luego hay que pedir prórroga al Congreso; e imaginemos que a los siete días salta la alarma en Castilla y León y se decreta un segundo estado de alarma, pero luego le pasa lo mismo a Andalucía. El Congreso sería un cachondeo, votando cada tres días estados de alarma.

¿Ha llegado el PNV a negociar con el PP su propuesta de reforma legal?

—No. Más allá de conversaciones de pasillos, no ha habido nada más. Esta semana ha habido rumores sobre que el PP estaba negociando con el PNV u otros grupos. He hablado con Cuca Gamarra, le dije que su propuesta estaba incompleta y había que retocar alguna otra ley, pero nada más. Yo creo que el PP utiliza más la norma que ha propuesto como banderín para agitarlo, y no para estar trabajándola ya.

Desde las conversaciones con el PP para renovar RTVE y el Consejo General del Poder Judicial, ¿se han vuelto a enfriar las relaciones?

—Ni frío ni calor. El PP ha vendido a algunos medios cercanos el acercamiento al PNV. Movimiento hubo por parte del PP, que manifestó su interés en hablar. No vamos a ser nosotros quienes cortemos ese canal, pero tenemos un compromiso hacia el Gobierno de Sánchez, y de Sánchez hacia nosotros. En eso andamos, nada más.

¿Las alianzas del PP con Vox hacen imposible que el PNV pueda profundizar en la relación con los 'populares'?

—Desde luego, en algo en lo que esté Vox no vamos a estar. Si el PP quiere algo con nosotros, Vox no tiene que aparecer ni por la esquina.

El PP trabaja en una proposición de ley con las víctimas del terrorismo para que tengan un mayor protagonismo al conceder beneficios penitenciarios. ¿Le preocupa que ponga palos en las ruedas a la política de Lakua?

—Según la legislación actual, las víctimas ya tienen derecho a dar su opinión. Pueden recurrir al juez de vigilancia las decisiones de la autoridad penitenciaria de pasar a tercer grado a determinados presos o de conceder la libertad condicional. Intuimos que quieren ampliarlo al segundo grado y el traslado de un preso de un centro a otro. Es una vuelta de tuerca más. No se puede decir que no tengan derechos. Tienen sus derechos, pero tampoco pueden ser agentes que juzguen. Su neutralidad, por su propia condición de víctimas, no está asegurada.

¿Hay diálogo con el Gobierno español sobre los fondos europeos?

—Sí, lo que pasa es que algunos ministerios toman decisiones equivocadas porque no van a proyectos decisivos. Por miedo a críticas, reparten en términos de población. El ejemplo es el ministerio de Iglesias, ahora de Ione Belarra.

¿Qué lectura hace de que toda la oposición en el Parlamento haya reprobado a Sagardui?

—Me parece muy mezquino. El tema de las vacunas se reduce a dos personas y se tomaron medidas inmediatamente. Se reprueba a Sagardui por este asunto cuando las estadísticas dicen que el número de tests es mayor en Euskadi que en el Estado, también es mejor el porcentaje de vacunados, infectados... El sistema nunca ha estado colapsado ni hemos tenido que desviar enfermos a otras comunidades. La política se ha convertido en un espectáculo rápido de medios y redes. A PP y Bildu ya les veo en comandita. Lamento mucho la posición de Podemos. A mí, desde luego, no me ha pasado desapercibida. Y he tomado nota.

¿Quiere decir que tendrá consecuencias en la relación con Podemos?

—No. Digo que yo, Aitor Esteban, he visto la medida que da Podemos. Ya sé a qué atenerme.

¿Es un golpe para el PNV zanjar la búsqueda en el vertedero sin hallar a Joaquín Beltrán?

—Es desagradable porque todos teníamos la esperanza de poder encontrarlo. No es un trago agradable; para el lehendakari, el primero. Ahora bien, nadie puede poner en duda que se han puesto absolutamente todos los esfuerzos humanos, económicos y técnicos para poder conseguirlo. Ahora lo que hay que aclarar es todo lo sucedido con ese vertedero.

"Lamento mucho el apoyo de Podemos a la reprobación de la consejera Sagardui; he tomado nota de su decisión"

"No hemos negociado la alternativa del PP al estado de alarma más allá de conversaciones de pasillo; no ha habido nada más"

"Ante el abuso de confianza desde el Gobierno español, no descarto llevar al Constitucional la ley que utiliza para abrir los estadios al público"


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