El estado de alarma en Madrid por la dejación de Ayuso agita la crispación

El Gobierno de Sánchez, que reimplanta el cierre, y el de la Comunidad se acusan mutuamente de imposibilitar un pacto

09.10.2020 | 23:55
Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska, en la comparecencia tras el Consejo de Ministros que aprobó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Foto: Efe

madrid – La crispación política crece enteros en el Estado español a cuenta de Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez, ante la dejación del Ejecutivo de la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, decretó ayer el estado de alarma después de que los jueces tumbaran la orden de cierre establecida anteriormente por Sanidad, y de que la dirigente del PP hiciera oídos sordos a la llamada de Moncloa para que mantuviera las últimas restricciones y alcanzar un consenso en torno a cómo atajar los niveles de pandemia.

La alerta se mantendrá durante 15 días, el máximo que permite al Gobierno la Constitución, y que posibilitará cerrar la capital y recuperar las medidas coercitivas en toda la región aplicadas antes del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: reuniones limitadas a seis personas, aforo del 50% bares y la hora de cierre a las 23.00 horas. Solo cambia el marco jurídico que las ampara. "Las mismas, ni una más ni una menos", recalcó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que acusó a Díaz Ayuso, de "cruzarse de brazos" y "no hacer nada" para frenar el avance del coronavirus. "La paciencia tiene un límite, la política está para servir", le espetó. Después de estas dos semanas, cualquier prórroga de la alarma tendría que aprobarla el Congreso por mayoría absoluta, y ahí entrará en colisión con el PP, por lo que el ruido irá en escalada.

En la noche del jueves Sánchez había conminado a la presidenta madrileña a decretar conjuntamente la alarma o mantener desde la Comunidad las limitaciones, emplazándole a adoptar una postura de cara a primera hora de la mañana. Pero desde el entorno de Ayuso persisten en que la decisión de Moncloa estaba ya adoptada unilateralmente y que les fue comunicada ayer a las 12.25 horas, con el Consejo de Ministros en marcha. "Sánchez se ha negado a negociar la orden de la Comunidad de Madrid", consideraron.

Cuando el líder del PSOE llamó a Ayuso, ésta le pidió más tiempo pero él le confirmó que la reunión ministerial estaba declarando la alarma y que le había dado el suficiente para evitar esta medida. Es más, retrasó la reunión del Gabinete de las 8.30, la primera convocatoria, a las 12.00 para dar margen al Ejecutivo regional a contestar. Pero la reunión extraordinaria del Consejo había comenzado y Ayuso no había dado señales de vida.

Fue la vicepresidenta primera Carmen Calvo quien telefoneó al vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, poco antes del cónclave, para preguntarle por su número uno. Poco después Ayuso se puso en contacto pero sin margen de maniobra. Sánchez le pidió que apoye el estado de alarma, y ella lo rechazó. "La declaración del estado de alarma en Madrid era evitable. Había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello", confesó Aguado en Twitter, a buen seguro tampoco nada cómodo con el procedimiento de la líder del PP.

La Comunidad de Madrid proponía restringir la movilidad en las zonas básicas de salud de la región más afectadas por el coronavirus pero con criterios más duros que los que había fijado en un inicio, al bajar la tasa de incidencia de 1.000 casos por cada cien mil habitantes a 750. Entienden que la herramienta del Gobierno español es "difícil de entender" y "un chantaje" cuando los datos epidemiológicos y asistenciales "avalan" las medidas "quirúrgicas" adoptadas por ellos. El PP aprovechó para plantar batalla a Sánchez, aunque cumplirá la ley, si bien para Pablo Casado al socialista "le sobra soberbia y le falta diálogo" porque solo busca "tapar su incompetencia" con una posición con "tintes electoralistas", por lo que exigirá su comparecencia con carácter inmediato en el Congreso.

medida urgente La urgencia era absoluta porque empezaba el puente del 12 de octubre y el Gobierno de coalición quería evitar que miles de madrileños aprovecharan el vacío legal para salir de la capital camino de la costa o de las zonas de descanso. "En política, el 99% es discutible. Pero el 1% es indiscutible. Y que hay que proteger la salud y que en Madrid hay transmisión comunitaria es indiscutible. No hay más ciego que el que no quiere ver", zanjó Illa. Aunque en los próximos días ambos gabinetes seguirán hablando de los posibles escenarios, la guerra está servida.

En realidad sí hay un diferencia respecto a la situación anterior. Antes del fallo del TSJM, la policía no podía multar a los ciudadanos que incumplieran la orden. El aval judicial se necesitaba para poder empezar a sancionar, dado que la restricción de movimientos afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con el estado de alarma se salva este escollo porque por esta vía se pueden suspender estos derechos sin necesidad de ratificación judicial.

En este contexto, el resto del arco de la derecha no perdió ripio en azuzar al Gobierno de Sánchez. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, le acusó a él y a sus socios "comunistas" de "atacar la libertad de los españoles". "No dejaremos de dar ninguna batalla para defender los derechos y libertades fundamentales. ¡Ninguna! ¡A la calle!", escribió en su cuenta de Twitter, animando a acudir el próximo lunes a una movilización promovida por su partido, por la festividad del 12-O. El portavoz nacional del PP y alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, criticó que "ha triunfado la imposición" y "la falta de diálogo", acusando a Moncloa de perpetrar "un 155 sanitario". La líder de C's, Inés Arrimadas, repartió a uno y otro lado requiriéndoles evitar "más espectáculos, bochornos e inseguridad jurídica". La izquierda acusó a Ayuso de "kamikaze".

contradicción El dislate alcanza a la Justicia. Y es que ayer mismo se comprobó que idénticas órdenes de confinamiento para combatir la propagación del virus tienen dos resoluciones distintas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó las órdenes de confinamiento de la Junta de Castilla y León respecto a León, Palencia y San Andrés del Rabanedo "encaminadas a contener la pandemia", lo que contrasta con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Solo un capítulo más del sainete en que se ha convertido la gestión institucional de una crisis sanitaria utilizada, principalmente pero no solo, para ensanchar el frente contra el Gobierno PSOE-Unidas Podemos.

"Sánchez solo busca tapar su incompetencia, le sobra soberbia y le falta diálogo"
pablo casado. Presidente del PP