- La primera decisión de la Justicia belga sobre los políticos catalanes que residen en el país denegando la entrega del exconseller Lluís Puig, da esperanza al resto de independentistas perseguidos por la Justicia española, entre ellos los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, quienes podrían enfrentarse a un proceso similar al de Puig si se les levanta la inmunidad en el Europarlamento.

Así, la Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia que examinó la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre Puig por malversación en el caso del 1-O, declinó la ejecución al considerar “que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo”. Por su parte, la Fiscalía de Bruselas presentó un recurso de apelación contra la decisión, contra la que también cabe un recurso en casación.

“Siempre sostuvimos que el Tribunal Supremo no era competente para estos hechos y personas; ahora la Justicia belga nos da la razón con las consecuencias que ello tiene para el resto de procedimientos pendientes”, dijo nada más conocerse la decisión el coordinador de las defensas de los políticos independentistas, Gonzalo Boye.

“Ya es incontestable que el Tribunal Supremo no tenía competencia para esto”, consideró Boye, quien intervino por videoconferencia en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes Puig y sus abogados.

Lluís Puig, por su parte, dijo sentir “satisfacción, tranquilidad y alegría” ante la decisión y opinó que si la Justicia belga ha llegado a la conclusión de que el Tribunal Supremo no es competente para pedir su extradición, tampoco lo era para juzgar el 1-O.

“Estoy contento de una primera sentencia que dice clara y rotundamente que el Tribunal Supremo no es competente para pedir mi extradición. Está diciendo que el juicio del 1 de octubre no tendría que haber empezado en el Tribunal Supremo”, señaló.

Por ello, pidió la anulación de esa causa e indicó que el Gobierno español tiene en su mano ahora “aplicar una amnistía total y eliminar la sentencia del 1-O”.

Otro de los letrados belgas de los políticos independentistas, Paul Bekaert, recordó que esta es la tercera petición de entrega dictada contra Puig que no ha prosperado, tras una primera, retirada en diciembre de 2017 para evitar que la justicia belga condicionara los delitos por los que los políticos catalanes podrían ser juzgados en España y una segunda en mayo de 2018 rechazada por un defecto de forma.

El abogado valoró lo “bien motivada” que está la decisión emitida este viernes por el tribunal belga que, explicó, ha seguido la argumentación de la defensa.

En particular, dijo, ha avalado que el juez belga puede examinar si el juez español es competente para dictar una euroorden y además ha constatado que Puig “nunca ha sido parlamentario”, y que según la Constitución española el Supremo solo tiene competencia en ese supuesto. “Hay un abuso del uso de la euroorden por motivos políticos”, señaló el letrado.

La Fiscalía de Bruselas ha decidido recurrir la resolución del juez belga respecto al exconseller, según confirmó el Ministerio Público belga en un escueto comunicado en el que no aportó información adicional.

El asunto pasa así a manos del Tribunal de Apelación, la segunda etapa en el procedimiento para examinar la orden europea de detención y entrega emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena. No será el último paso, ya que las partes todavía podrían recurrir una vez más la decisión de esta instancia ante la Corte de Casación.

“El Gobierno tiene que aplicar una amnistía total y eliminar la sentencia del 1-O”

Exconseller de la Generalitat

“Esta nueva victoria jurídica es un revolcón político y técnico”

Portavoz de ERC