- La Justicia cerca a Juan Carlos de Borbón después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya asumido la investigación derivada de las diligencias que mantenía abiertas Anticorrupción por las comisiones irregulares cobradas en la construcción del Ave a La Meca al detectar que una de las personas involucradas en los hechos era el rey emérito. La lupa se coloca concretamente en la fase 2 de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado AVE del desierto que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, y precisaría la práctica de diligencias con la duda de si a quien ejerció el trono español desde la Transición hasta 2014 le ampara la inviolabilidad o no. Este nuevo dardo en la línea de flotación de la Corona española podría agravar la situación del padre de Felipe VI en el sumario de Ginebra ya que el fiscal Yves Bertossa, que instruye la causa contra los testaferros de Juan Carlos I en el cantón suizo, puede dar un giro sobre su condición de inimputable.

La investigación se centrará en "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, según comunicó ayer el propio Ministerio Público. Para la Fiscalía, "resulta precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito", que está aforado ante el Tribunal Supremo, y todo parte de las abiertas en Anticorrupción a finales de 2018 para indagar sobre las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011.

"Dada la transcendencia institucional de esta investigación", la fiscal general, Dolores Delgado, que fue ministra del anterior Gobierno de Pedro Sánchez, ha encargado al fiscal de Sala de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, que dirija este proceso, auxiliado por otros tres fiscales, "que asumirán la innegable complejidad técnica" de las diligencias.

Hace unos meses Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña -llamada Lucum y supuestamente vinculada a Juan Carlos I- a una cuenta de su amiga Corinna Larsen. Fue una conversación de la princesa alemana de origen danés con el excomisario José Villarejo, en prisión desde 2017, la que dio origen a estas diligencias, que discurren en paralelo a las pesquisas de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.

Según publicó hace unos meses el diario Tribuna de Ginebra, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería Juan Carlos I. El dinero habría salido en 2012 hacia una cuenta de Corinna en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el rey emérito habría reservado un millón para otra "antigua amante" residente en Ginebra. Los abogados de Larsen explicaron que en 2012 su cliente recibió un regalo "no solicitado" del ahora exmonarca, "quien lo describió como una forma de donación para ella y su hijo, con los cuales él se había encariñado".

Paralelamente, a mediados de marzo, el diario británico The Telegrah publicó que el rey Felipe VI es el segundo beneficiario de una cuenta de la fundación panameña vinculada a su padre, lo que le llevó a anunciar que renunciaba a su herencia y retiraba la asignación al emérito. En dicha conversación, grabada por Villarejo, Corinna habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía a Juan Carlos I y de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros, entre ellos su primo Álvaro de Orleans. Aludió a comisiones que podrían ascender a 80 millones de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste a su vez le habría dado todo, o parte, al padre del vigente monarca.

El ojo se coloca pues en el sumario de Ginebra, donde se apunta con el dedo a los testaferros de Juan Carlos I: Álvaro de Orleans y los intermediarios Dante Canonica y Arturo Fasana. Todos ellos figuran como pantalla en sociedades, fundaciones y cuentas bancarias que, según las investigaciones, el primer beneficiario sería el rey emérito. Buena parte de todo ese dinero opaco, producto de las numerosas mordidas que habría percibido, se canalizó presuntamente a través de las Fundaciones Zagatka y la mencionada Lucum. Las investigaciones del fiscal Bertossa ya han servido para localizar cientos de millones que, supuestamente, fueron blanqueados por los considerados testaferros. Una parte del botón correspondería a la comisión de las citadas obras del AVE a La Meca, que investigaba la Audiencia Nacional y que, ahora, va a ser competencia del Tribunal Supremo.

Mientras tanto, desde la Casa Real se guardó ayer silencio al optar por no pronunciarse. La noticia sobre la decisión de la Fiscalía se conoció durante la visita de los reyes al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD), en su primera actividad una vez que la Comunidad de Madrid estrenaba la fase 2 de la desescalada. Felipe VI se limitó a manifestar unas palabras en las que destacó el papel de los deportistas españoles y la importancia de que los ciudadanos actúen como "un gran equipo" para derrotar a la pandemia, pero sin hacer ninguna alusión al asunto la investigación judicial de su padre. Ya en plena crisis sanitaria y declarado el estado de alerta, en monarca compareció para ofrecer un discurso vacío de contenido y en el que omitió alusión alguna a su postura sobre las informaciones que acorralaban a Juan Carlos I y que obligaron al rey a moverse mientras la sociedad española se confinaba.

80 millones

Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya han pedido a la Fiscalía del Supremo que se blinde frente a posibles injerencias a la hora de investigar al rey emérito, después de que este departamento haya asumido la investigación que abrió en 2018 la Fiscalía Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen se habrían repartido entre otros Juan Carlos I por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

"La Justicia es igual para todos; el Gobierno no va a interferir y colaborará en lo que sea necesario"

Ministra portavoz del Gobierno español

"No es soportable en un país moderno que la Corona sea pantalla para enriquecerse y delinquir"

Portavoz de Unidas Podemos