Bilbao - La Diputación de Bizkaia retira el decreto que modificaba el tratamiento fiscal de las rentas irregulares y presentará una nueva normativa, que evitará los “nichos de elusión” y tendrá que ser debatida y aprobada por los partidos políticos en las Juntas Generales. PNV y PSE alcanzaron ayer este acuerdo con el que zanjan la polémica surgida en torno a esta modificación, que provocó el rechazo de todos los partidos políticos del territorio, incluido su socio de gobierno, e incluso de territorios vecinos como la Diputación de Gipuzkoa.

El Consejo de Gobierno foral, en el que están presentes dos diputados socialistas, aprobó el pasado mes de agosto un decreto que modificaba el tratamiento fiscal de las denominadas rentas irregulares. Son aquellas que recibe un contribuyente en un ejercicio pero que se han gestado en periodos más largos. Hasta ahora, la mitad de esos rendimientos no habituales tributaba al 49% y el resto estaba exento, con un techo de 300.000 euros a partir del cual volvía a tributar al 49%. Con la modificación introducida vía decreto -de forma unilateral por el Ejecutivo foral-, se eliminaba el límite, de forma que la mitad de las rentas irregulares quedaba exenta.

El objetivo de la medida fue, según explicó la propia Diputación, atraer talento, gestores de fondos de inversión y startups, que de otra forma no se plantearían implantarse en Bizkaia, logrando así un territorio más competitivo y atractivo.

Sin embargo, el decreto generó un fuerte rechazo desde todo el arco político de Bizkaia, incluido el socio de gobierno de los jeltzales, por el posible beneficio que pudiera suponer para el Athletic. El pasado martes, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, los dos diputados forales socialistas pidieron formalmente la retirada de la modificación, e incluso la Diputación de Gipuzkoa anunció su intención de solicitar la retirada del decreto en el encuentro ordinario del Órgano de Coordinación Tributaria que se celebrará la próxima semana, por crear una “desarmonización fiscal difícil de gestionar” entre los tres territorios forales. Vista la magnitud que había alcanzando la polémica, las Ejecutivas territoriales de ambos partidos decidieron asumir la decisión final sobre el decreto. La reunión se celebró el pasado martes por la tarde, aunque ayer mismo por la mañana continuaron las conversaciones hasta alcanzar un acuerdo final que se anunció a última hora de la mañana.

Fueron los portavoces de ambos partidos políticos, Jon Andoni Atutxa (PNV) y Ekain Rico (PSE), presentes en el pleno de las Juntas Generales que se celebraba ayer en Gernika, los encargados de anunciar el acuerdo y realizar una primera valoración de la decisión adoptada. Previamente, ambos mantuvieron una conversación informal en los pasillos de la Casa de Juntas con el diputado general, Unai Rementeria, que siguió el diálogo con un gesto serio. Ya en el propio pleno, la portavoz del PP, Amaya Fernández, tuvo que ser llamada al orden por la presidenta Ana Otadui por hacer referencia al “decretazo” en uno de los puntos del orden del día, por no guardar relación con el asunto que se debatía.

Según informó Jon Andoni Atutxa, ambos partidos acordaron “adecuar” los cambios fiscales que se derivan del decreto de agosto, por lo que la “Diputación dejará sin efecto las medidas que afectaban a los rendimientos irregulares”, de forma que las rentas irregulares mantendrán el mismo tratamiento fiscal que tenían antes de la modificación, incluido el techo de 300.000 euros. El portavoz jeltzale remarcó que el objetivo de ambos partidos es “buscar soluciones y acuerdos”, línea en la que han mantenido las conversaciones sobre este ámbito. Tras felicitarse por haber alcanzando una solución “satisfactoria”, Atutxa avanzó que la Diputación elaborará un proyecto de norma foral para regular el tratamiento fiscal de emprendedores, startups y gestores de fondos de inversión, y que perseguirá el mismo objetivo que el decreto retirado, esto es, “seguir generando actividad económica y empleo en Bizkaia”.

“Con luz y taquígrafos” Por su parte, el socialista Ekain Rico mostró su “satisfacción” por el acuerdo alcanzado para retirar un decreto “que no compartimos ni el fondo ni en las formas”. La solución, en opinión del portavoz socialista, pasa por tramitar una nueva normativa “con luz y taquígrafos”, en el seno de las Juntas Generales, “que acote perfectamente quiénes son los destinatarios de este instrumento y con los objetivos de atraer riqueza y empleo a Bizkaia, sin abrir en ningún caso nichos de elusión”.

La oposición valoró positivamente la decisión de ambos partidos. “Es importante porque recuperamos una competencia que se nos habían quitado a las Juntas Generales pero vamos a estar atentos a la propuesta porque nos preocupa que se siga sin avanzar en una progresividad fiscal, sino buscando beneficiar a las grandes fortunas; no es solo el Athletic”, advirtió la apoderada de EH Bildu Arantza Urkaregi. Desde Elkarrekin Bizkaia, su portavoz Eneritz de Madariaga consideró el acuerdo “razonable” ante un “decretazo escandaloso que han colado a su socio de gobierno por la escuadra” y era “totalmente incoherente con iniciativas como la educación tributaria en los colegios”, mientras que para Amaya Fernández (PP), evidencia el “desgobierno y la improvisación en la que vive sumida Bizkaia. Al Gobierno foral le han pillado con las manos en una masa opaca y poco transparente”.

Qué son. Son aquellas que se reciben en un ejercicio pero se han generado a lo largo de varios. Son, por ejemplo, las participaciones de los trabajadores en los resultados de la empresa, las opciones sobre acciones, las indemnizaciones, los rendimientos de trabajo generados en más de dos años o los fondos de pensiones cobrados en un solo pago, entre otros.

Tratamiento. La mitad tributa al 49%; el resto, hasta 300.000 euros, está exento, y a partir de esa cifra tributa también al 49%. El decreto aprobado por la Diputación en agosto eliminaba ese techo, por lo que la mitad de esos rendimientos quedaba exenta de tributar.