LONDRES. El juez Bernard McCloskey rechazó el caso presentado por tres demandantes, que argumentaban que un Brexit duro, como el que contempla el Gobierno británico, amenazaría los convenios entre Londres y Dublín que "apuntalan la cooperación transfronteriza" en la isla de Irlanda.
Al explicar su decisión, el juez McCloskey dijo que la demanda presentada, así como las pruebas que la sustentan, pertenecen de forma "inherente e inequívoca" "al mundo de la política, tanto nacional como supranacional", y no al ámbito judicial.
Su dictamen se conoce después de que ayer el Tribunal de Apelaciones de Escocia dispusiera que fue ilegal la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de suspender el Parlamento nacional en un momento de crisis política en el Reino Unido y ante la posibilidad de un Brexit sin pacto.
Si los demandantes en Irlanda del Norte, entre ellos el activista Raymond McCord, quieren recurrir el fallo, podrán hacerlo mañana en la Corte de Apelaciones de Belfast.
De esta manera, el caso podría ser visto por el Tribunal Supremo británico el martes, cuando debe pronunciarse también sobre el contencioso escocés y otro similar tramitado en Londres.
El Tribunal de Apelación de Escocia consideró que la acción del Ejecutivo conservador, que aconsejó a la reina Isabel II refrendar la decisión de clausurar el Parlamento desde ayer hasta el 14 de octubre, quebrantó la legalidad y estuvo motivada por "el propósito inapropiado de obstaculizar el Parlamento".
En respuesta a ese fallo, Johnson negó hoy haber "mentido" a la soberana y señaló que hay diferentes "puntos de vista legales" que deberá dirimir el martes el Supremo.
Mientras el Parlamento está suspendido, el líder "tory" asegura que sigue negociando con la Unión Europea (UE) para conseguir un buen acuerdo para la salida del país del bloque en la fecha prevista del 31 de octubre, si bien mantiene que está dispuesto a dejarlo sin pacto si no hubiera consenso.
