Así se premia el negocio de las fronteras

Esto son fuentes oficiales y públicas, se pueden revisar libremente: la última comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, a fecha de 3 de marzo de 2019, es un laborioso y propagandístico informe sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migración. Y en su introducción, su primera primerísima línea dice así: “En los cuatro últimos años, la UE ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para hacer frente al reto de la migración, merced al que ha contribuido a reducir las llegadas irregulares a su nivel más bajo en cinco años”. El principal parámetro que mide el éxito de las políticas migratorias de la UE, según sus propios evaluadores y promotores, es este: detener la llegada de personas. Y a esto se destinan montañas de miles de euros.

Según los datos de los que disponemos, la Unión Europea gastó entre 2014 y 2016 en el control de sus fronteras unos 17.000 millones de euros. Una cantidad que espera que supere los 29.000 millones en el año 2022. Un dato más, tan solo en este año 2019, la UE destinó 333 millones de euros de presupuesto a su guardia de fronteras la llamada Frontex y sólo unos 17 millones en mejorar la situación de los refugiados o solicitantes de asilo, a través de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). A proporción: Europa gasta casi 20 veces más de recursos en blindar sus límites que al refugio, protección y salvamento de personas.

Así, mientras algunos diputados se dedican a difamar a ONG como Open Arms sin argumentos sólidos ni datos; mientras algunos cargos electos cuestionan el uso de recursos públicos a salvar vidas; mientras leyes y normas tratan de criminalizar y castigar a aquellas entidades, organizaciones y personas que trabajan en mejorar la vida de migrantes, refugiados o solicitantes de asilo; mientras mienten y mientras todo eso ocurre en el mundo de los supuestos, una contundente realidad, la de los números y las finanzas deja al descubierto un lucrativo negocio. Mientras se castiga a los rescatadores, se premia sin ambages el negocio de las fronteras.

Aunque la creación de la Unión Europea y la supresión de fronteras internas entre estados debía haber supuesto desde hace décadas la libre circulación de personas, desde los años 1990 y la aplicación del espacio Schengen (que establece los límites exteriores de la UE), el viejo continente lo que ha experimentado es una mayor fortificación de sus fronteras exteriores. Un proceso acelerado en la última década desde los despachos de los líderes europeos.

FRONTEX y OTROS NEGOCIOS Se puede decir que esto de la burbuja del “negocio de la xenofobia” en Europa -tal y como lo definió en un libro que lleva el mismo título la jurista y activista francesa Claire Rodier- comenzó hace ya mucho tiempo, en el año 2004 bajo el auspicio del político italiano Franco Frattini, que entonces ostentaba el cargo de vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de Justicia, Libertad y Seguridad.

El primer impulso de Frattini fue cimentar e impulsar el nacimiento de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) con el fin de “mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores” de los Estados Miembro. Las primeras intervenciones de la Frontex tuvieron lugar en las islas Canarias, para impedir el desembarco de migrantes procedentes de las costas de Senegal y Mauritania. Era agosto de 2006 y Frattini se reunía con la entonces vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega en Bruselas que pedía “más medios porque tenemos muy poquitos”. La llamada “crisis de los cayucos” de 2006 se atajó con la operación Hera: un dispositivo de helicópteros, aviones, buques y lanchas. “Ahora sí que no hay excusas ni pretextos. Ahora ya sabemos dónde están los problemas”, reiteraba la vicepresidenta socialista. Y Frattini se excusaba “es la primera vez que la UE pone en marcha una misión de este tipo” pero prometía “mano dura”.

Dicho y hecho. Un año más tarde, el ministro del Interior de España felicitaba al operativo de Frattini que había logrado hacer descender el número de barcas que llegaban a las costas españolas en un 70%. Como premio, la Frontex duplicó su presupuesto de 42 a 84 millones en un par de años. En 2005 tan solo contaba con seis millones. Éxito total. Pero olvidaban mencionar tanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero como las autoridades europeas que durante ese mismos periodo de tiempo la mortalidad en esa ruta aumentó en un 50%: se encontraron el doble de cadáveres de náufragos en las costas canarias que el año anterior. Llegaron menos personas a las costas españolas, sí llegaron menos personas vivas. Atemorizados por los buques de guerra, los cayucos zozobraban por rutas más peligrosas y mortíferas.

Pero la exitosa tecla comercial de todo este asunto fue en realidad la idea que el propio Fratinni tuvo en 2006: Durante aquel año se instauró un pequeño lobby europeo oficial llamado Foro para el Desarrollo del diálogo público-privado del ámbito para la investigación y de la innovación de la seguridad (ESRIF, por sus siglas en inglés). Un grupo de técnicos para asesorar a la UE en materia de fronteras, en el que tres cuartas de sus cerca de 80 miembros eran grandes empresas de la industria militar, lo coordinaba la propia Frontex y su portavoz era Finmeccanica, empresa número uno en sistemas de seguridad en Italia. “La seguridad ya no es un monopolio de las administraciones, sino un bien común, cuya responsabilidad e instauración deben ser compartidas entre lo público y lo privado”, declaraba Frattini que daba así rienda suelta a la privatización y comercialización de las fronteras.

Al abandonar su cargo en Bruselas, en 2008 Franco Frattini fue Ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Silvio Berlusconi y uno de los precursores de las leyes de extranjería italianas que considera como delito la inmigración ilegal y castiga los rescates en alta mar. También impulsó acuerdos con Libia y “pactos de amistad” que sufragaron con más de 60 millones de euros las devoluciones de migrantes a África.

En pocos años la Frontex se ha convertido en el principal instrumento de política de control migratorio. Nada en lo expuesto en las intenciones de su nacimiento hacía presagiar que se convertiría en el brazo armado de la UE. Tanto es así que ha transformado hasta su nombre: desde 2012 este organismo es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Ya no es una “agencia de cooperación” es una “guardia”. Sin tapujos. Además desde 2011, tiene presupuesto y capacidad para adquirir sus propios equipamientos, lo que le ha dado una mayor independencia a la hora de contratar a empresas privadas. Para los próximos años, la Comisión propone llegar a los 10.000 guardias fronterizos y ya le ha dotado las partidas correspondientes.

Durante estos años y especial desde 2015, con el éxodo masivo de migrantes en las costas de Grecia y los acuerdos con Turquía, la propia Frontex goza aún de mayor autonomía. Y también ha pasado de ser objetivo de las ONGs que cuestionan sus métodos y se inquietan por sus violaciones de derechos cometidas durante sus intervenciones. El propio Jean Ziegler, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como una “organización militar cuasi clandestina”.

Según sus propios datos, la Frontex afirma que sus misiones han contribuido también a rescatar en el Mediterráneo a más de 450.000 personas desde 2015; pero sus principales labores son las disuasorias y protección del territorio. También se dedica a formar patrullas costeras en Libia, que sin contar con un gobierno propio, en realidad son traficantes de personas o milicianos reconvertidos en patrulleros improvisados.

CIES Y CÁRCELES También es cierto que otros tantos millones de euros se destinaron a lo que la Unión Europea denomina “mejorar las condiciones de vida” y “facilitar la integración de los refugiados y otros nacionales de terceros países”. Sí, aunque en realidad cuando se revisan las partidas presupuestarias de estos circunloquios lo que se ven son millones de euros destinados al complejo sistema detención y las deportaciones y vuelos de expulsión a terceros a países.

Europa alimenta y sufraga un complejo sistema carcelario de recintos y campos que impiden la movilidad física y social, que segregan personas por sexo, raza y país de procedencia, también a menores de edad: niños y niñas. Cada año más de 600.000 personas son retenidas contra su voluntad, privadas de su libertad, en los más de 300 Centros de Internamiento para Extranjeros (los llamados CIE) y campos de detención -a menudo subcontratados a empresas privadas o adjudicaciones- que se extienden a lo largo y ancho de Europa.

A muchos de estos centros habitualmente no se permite el acceso a la prensa o medios de comunicación, muchos de ellos se han instalado en antiguos cuarteles militares, hangares, almacenes abandonados, campamentos, edificios temporales, incluso se han llegado a utilizar cementerios -en la isla griega de Chios-, estaciones de tren o plataformas petrolíferas. Habitualmente estos recintos está situados en lugares alejados de los centros urbanos. Según informes de más de 25 ONG europeas -como Médicos Sin Fronteras- y diversos investigadores, en estos centros las condiciones de vida son precarias, se dificulta el acceso de los detenidos a información sobre sus derechos y apoyo legal, asistencia sanitaria o psicológica. Se han constatado numerosos suicidios, episodios de violencia o malos tratos a mujeres y a niños. En muchos casos los gestionan cuerpos policiales, pero también empresas privadas de seguridad.

LUCRO PARA ESPAÑA Según los datos hechos públicos por Amnistía Internacional en su informe El coste humano de la fortaleza Europa, durante el período 2007-2013, España recibió la más alta financiación de la UE en materia de defensa y seguridad, hasta 484,4 millones de euros, seguido de Rumanía (421,9), Italia (406,5) y Grecia (374,6). Casi 500 millones repartidos a la protección de las fronteras exteriores (289,4 millones) e interiores (195,4), según datos de la propia Comisión Europea. “Una cifra que contrasta con lo que aporta al Fondo para los Refugiados, que se quedó en nueve millones de euros”, según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Además de eso compañías españolas como Indra (tecnología de vigilancia) o Air Europa (vuelos de deportación de inmigrantes) recibieron adjudicaciones y millonarios contratos por toda la Unión Europea. Indra es una de las grandes beneficiarias de las licitaciones de Frontex. La multinacional facturó en 2015 540 millones de euros relacionados con la defensa, el 19% de sus ingresos totales. El SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) patentado por la empresa Indra y que implantó la Guardia Civil en el año 2002 es la joya de la corona, ejemplo para el resto de Estados miembros. GMV Aerospace and Defense, otra de las grandes beneficiarias españolas, fue adjudicataria en 2012 de un contrato de dos millones de euros para el desarrollo y mantenimiento de Eurosur, el sistema europeo de vigilancia de fronteras.

Algo más rudimentario pero igualmente lucrativo ha sido el sistema de vallas de Ceuta y Melilla. La doble verja en los enclaves africanos de España cuesta más de 10 millones de euros al año mantener y ha sido la ejemplar obra de ingeniería que ha inspirado el modelo de muros que levantan en Hungría y Serbia, o los 200 kilómetros que querían construir Grecia y Bulgaria. Y con todo esto se recrea el boyante negocio de las concertinas, en las que la empresa española European Security Fencing, del grupo Mora Salazar, alardea de ser la mayor empresa de venta de este tipo de alambre con cuchillas de toda Europa. Se adjudicó la instalación de las concertinas en las vallas de Hungría, Grecia, y también de Serbia, Macedonia, Polonia, Rumanía, Marruecos y Turquía.

OPACIDAD Y DESINFORMACIÓN Sin embargo, el acceso a muchos de estos datos sigue siendo dificultoso y rudimentario. Gracias al Registro de Transparencia de la UE sabemos que la propia empresa Indra ha gastado cerca de un millón y medio de euros en el último año en intentar influir en las políticas de defensa de las fronteras europeas, mediante grupos de presión e interesados informes. El Registro de Transparencia es una web pública para la inscripción de las organizaciones que representan determinados intereses a escala de la UE y la actualización de los datos sobre quién los defiende y con qué presupuesto. El sistema está gestionado conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

Gracias también al esfuerzo de periodistas en proyectos como The Migrants Files (www.themigrantfiles.com), en el que un consorcio de quince reporteros de investigación apoyados por programadores informáticos y financiados por una docena de medios de comunicación de todo el continente han identificado lo que supone mantener la Fortaleza Europa para el bolsillo de los contribuyentes europeos. En España han participado medios como El Confidencial y el diario El País o el colectivo PorCausa.

Periodistas, activistas y políticos europeos llevan años y décadas exigiendo mayor transparencia respecto al negocio de las fronteras. ¿Quién recibe dinero público y para qué? Sin embargo, muchos de los contratos de las adjudicatarias y los acuerdos con terceros países como Libia o Turquía quedan enmarañados en un sin fin de empresas y holdings de los que es difícil seguir la pista.