madrid - La irrupción de nuevos partidos ha llevado la pluralidad política a las principales cámaras representativas. A las Cortes Generales y a las autonómicas, donde ya son excepción los lugares en los que un solo partido conserva la mayoría absoluta de la que antaño disfrutaron PP y PSOE. Hoy son necesarios acuerdos amplios para formar gobierno, generalmente además con responsabilidades compartidas que dan paso a gobiernos de coalición multipartitos. En algunos lugares, donde la pluralidad política es una tónica histórica como la CAV, Catalunya o Navarra, hay experiencias contrastadas de colaboración institucional entre varios partidos. En otros lugares en cambio la experiencia es novedosa, lo que está complicando las negociaciones y deja inciertas perspectivas para el futuro.

Es el ejemplo del Gobierno central, donde el PSOE, con 126 escaños, pretendía gobernar en solitario en un Congreso en el que hay 13 fuerzas representadas. La dificultad para sumar una mayoría parlamentaria estable, y la voluntad por mantener un gabinete de su confianza han llevado a Pedro Sánchez a negar la coalición con Unidas Podemos. Una puerta que se abre ahora tras la renuncia de Pablo Iglesias a formar parte del equipo presidencial, pero queda por ver si finalmente se concreta. Y si lo hace, qué garantías de estabilidad ofrece.

Sería, en cualquier caso, la primera experiencia de coalición en la historia reciente de España, donde se han alternado gobiernos con mayorías absolutas de PP y PSOE con ejecutivos monocolor con apoyos parlamentarios, generalmente de las fuerzas nacionalistas periféricas. La irrupción de nuevos partidos como Podemos, Ciudadanos o más recientemente Vox abren sin embargo un nuevo escenario que de momento ha llevado a la política española a una inestabilidad casi permanente desde 2015. La falta de cultura de pacto ha hecho que en los últimos cuatro años se hayan sucedido tres convocatorias de elecciones generales y una moción de censura que han dado paso a cuatro gobiernos diferentes, y durante muchos meses en funciones.

Por comunidades Un escenario que se ha consolidado también en las comunidades autónomas. La diversidad política ya entró en las cámaras regionales en 2015, pero ahora lo ha hecho también en los propios gobiernos autonómicos. De los 17 ejecutivos, nueve están gobernados en la actualidad por coaliciones de dos o más partidos, y otros cuatro van camino de hacerlo si fructifican las negociaciones que están en marcha.

Las habituales mayorías absolutas de PP y PSOE se han visto reducidas apenas a tres: Galicia, donde los populares disfrutan de una cómoda mayoría absoluta tras las elecciones de 2016; y Extremadura y Castilla-La Mancha, las únicas que dejaron mayorías absolutas en los comicios del 26 de mayo, en ambos casos a favor de los socialistas. En el resto hacen falta pactos para gobernar. Y solo en Asturias hay gobierno en solitario de un partido (PSOE) que deberá gestionar la comunidad en minoría y con apoyos puntuales.

En la CAV (PNV-PSE) y en Cataluña (JxCat-ERC) la situación es previa a las últimas elecciones. En ambos caso son coaliciones en minoría. Nacionalistas y socialistas gobiernan Euskadi a falta de un voto para la mayoría que deben buscar entre EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP. Algo que no siempre le resulta fácil, y que abre la posibilidad de un adelanto electoral en los próximos meses.

Más complicada es la situación en Catalunya. La suspensión de la autonomía con la aplicación del artículo 155 de la Constitución derivó en diciembre de 2017 en unas elecciones anticipadas con los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont en prisión o el exilio. Las dos principales fuerzas soberanistas gobiernan desde entonces en coalición, pero en una situación muchas veces de bloqueo institucional y condicionados por la situación procesal del Gobierno anterior, pendiente de sentencia.

alianzas por Bloques En el resto de comunidades, y salvo en aquellos donde ya hay mayorías absolutas, las alianzas de gobierno lo son siempre en base a bloques derecha/izquerda. PP y Ciudadanos han optado por exportar la fórmula andaluza a los territorios en los que junto a Vox suman mayoría. Los populares, que gracias a su implantación territorial han ganado a los de Rivera en todas las comunidades, asumen la presidencia. Los naranjas por su parte se quedan la vicepresidencia para el líder territorial del partido y asumen la mitad de las consejerías. Cerrado el acuerdo, se busca el apoyo de Vox, que no siempre está resultando tan sencillo como lo fue en Andalucía. Solo en Castilla y León, donde los votos de la ultraderecha no son necesarios, se ha cerrado de forma rápida el acuerdo. Y eso que el líder regional de Ciudadanos prefería pactar con el PSOE.

Las dificultades han sido mayores en Madrid y Murcia, donde Vox ha bloqueado las investiduras por la negativa de Ciudadanos a negociar los gobiernos con ellos. El PP trabaja de intermediario en busca de un acuerdo que desbloquee la situación, y que ya se ha logrado en Murcia.

El escenario no es más sencillo en el otro lado del arco parlamentario. La suma de mayorías progresistas ha sido relativamente fácil allí donde ya había una experiencia previa de coalición que ha funcionado con éxito. Son los casos de las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana, donde el PSOE mantiene la presidencia en un gobierno compartido con fuerzas autonomistas de izquierda como Compromís o Més, y a los que ahora se ha sumado también Podemos, que entra a formar parte de los ejecutivos regionales.

También ha sido el acuerdo relativamente sencillo en Cantabria, solo que allí gobiernan los regionalistas del PRC con el apoyo del PSOE, también en coalición y con reparto de consejerías. Y en Canarias, donde los socialistas recuperan el Gobierno insular en un ejecutivo multipartito.

Navarra y La Rioja son las dos únicas comunidades con mayoría de izquierda en las que todavía no se ha logrado formar gobierno. En la Comunidad Foral se avanza en un acuerdo entre PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, que tras cerrar el acuerdo programático negocian ahora la formación del Gobierno. Pero que todavía deberá buscar la abstención de EH Bildu para garantizar la investidura de María Chivite. En La Rioja, mientras, sobrevuela el riesgo de bloqueo institucional después de que Podemos se abstuviera en el pleno de investidura de la candidata socialista por haber quedado fuera del Gobierno. Un escenario que ha salpicado al debate nacional, y que tiene por delante dos meses para buscar una solución.