Gasteiz - El Gobierno Vasco plantea una nueva orientación de la política fiscal para fomentar el alquiler de vivienda con medidas como la aplicación de deducciones fiscales para favorecer a los propietarios que alquilen por debajo de un precio medio de referencia, mientras se penaliza, suprimiendo la desgravación, al arrendador que cobra una renta superior.

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, presentó al Consejo de Gobierno el contenido de la Propuesta Fiscal de Vivienda elaborado por su Departamento con la colaboración y aportaciones del Departamento de Hacienda, “de modo que recoge la posición del Gobierno”.

Según detalló Arriola, en las listas de Etxebide hay 67.083 unidades familiares que demandan un piso, el 80% de ellas en alquiler. De ellas, siete de cada diez viven ya de alquiler de renta libre y según explicó el consejero, demandan al Gobierno Vasco un alquiler “asequible, adaptado a su capacidad económica”.

“Muchas de esas personas -más de 41.000 en 2018- reciben además una prestación económica pública, ya sea la PCV, PEV o AES, que les ayuda a pagar el arrendamiento, lo que hace que el 46% de quienes viven en Euskadi de alquiler tenga alguna ayuda pública”, detalló.

Arriola defendió que una política de vivienda integral, que actúe sobre la demanda y sobre la oferta, “no puede dejar de lado el aspecto fiscal, con su enorme capacidad para favorecer o moderar determinadas decisiones” y recordó que la fiscalidad es una de las líneas de intervención planteadas en el Plan Director de Vivienda 2018-2020.

Según explicó, el Gobierno Vasco cree que, junto a la movilización de la vivienda deshabitada hacia su oferta en alquiler, la vía “más efectiva” para moderar los precios en el mercado del alquiler consiste en “reorientar” las ayudas fiscales contempladas en el IRPF.

El consejero detalló que en estos momentos se encuentran “ultimando” la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA), herramienta que plantean utilizar para aplicar estas medidas, ya que ofrecerá los precios de alquiler “reales” en cada ámbito territorial según los datos del Registro Oficial de Contratos de Arrendamiento.

Por parte de los arrendatarios, la propuesta plantea limitar para los niveles de renta elevados la actual deducción por alquiler de vivienda, ya que recordó que ahora se deduce el mismo porcentaje, un 20%, una familia mileurista que otra con ingresos superiores a 100.000 euros.

En paralelo, se propone “intensificar” la ayuda a determinados colectivos como jóvenes y familias numerosas, que ahora tienen también un tratamiento “algo más favorable”.

DEDUCCIONES POR COMPRA El consejero destacó que la situación que se vive alrededor de la vivienda “quizá” obligaría a “replantear” su actual tratamiento en el IRPF, “claramente enfocado a la compra” y detalló que en 2017 el coste fiscal de las deducciones por adquisición de vivienda habitual ascendió a 302 millones de euros, “lo que supone casi tres veces el presupuesto anual para la promoción de vivienda protegida en alquiler”, mientras que las deducciones por alquiler se situaron en 78,8 millones de euros.

“Teniendo en cuenta este desequilibrio, y el dato de que el crédito fiscal de hasta 36.000 euros para la compra solo beneficia s quienes ingresan más de 30.000 euros al año, quizá sea adecuado avanzar hacia un mayor equilibrio en el apoyo al alquiler”, apuntó. - E. P.

Vivienda deshabitada. El informe recoge el efecto que puede tener en el mercado del alquiler el futuro canon a las viviendas deshabitadas, 20.840 según datos del Gobierno vasco, conjugado con el recargo en el IBI que ya contemplan algunos ayuntamientos.

En 2021. La entrada en vigor de estas propuestas dependerá de que se aprueben las normas fiscales en cada una de las Juntas Generales por lo que podría ser efectiva en 2021.