GASTEIZ. La Comisión Mixta de Transferencias se ha reunido este tarde por videoconferencia desde Gasteiz y Madrid para certificar la transferencia a Euskadi de los 77,5 kilómetros de la AP-68 que transcurren por territorio vasco: desde el punto kilométrico cero (Bilbao) hasta que la vía se adentra en Burgos tras atravesar Bizkaia y Araba.
La delegación de Euskadi ha estado encabezada por los consejeros de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka; de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia.
La comitiva estatal no ha contado con la presencia de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya que es candidata en las elecciones generales del 28 de abril, y ha estado liderada por el secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor.
El traspaso de la AP-68 forma parte de un bloque de cuatro transferencias que ambos gobiernos han negociado en las últimas semanas y que pretendían sellar antes del inicio de la campaña electoral. Con esta idea intensificaron las conversaciones e intercambio de documentos pero las discrepancias sobre la valoración económica de los traspasos evitaron alcanzar un acuerdo antes de esa fecha.
Finalmente, ayer las ponencias técnicas de los dos ejecutivos lograron un pacto sobre la AP-68 que hoy ha sido ratificado en la Comisión Mixta.
El Gobierno vasco valora que se haya "respetado" el modelo del Concierto Económico y del Cupo, que establece cuánto aporta Euskadi a las arcas comunes por las inversiones que el Estado hace en esta comunidad autónoma. Esa cantidad está fijada en el 6,24 % del total del dinero que el Gobierno español invierte en el conjunto de España.
Como el Estado destina anualmente 31 millones de euros a las carreteras de peaje y en Euskadi únicamente es titular de la AP-68, a partir de ahora el Gobierno vasco podrá descontar del Cupo los 2 millones de euros que corresponden a ese 6,24 %.
De cara a los tres traspasos pendientes (relativos a la jubilación ordinaria de los trabajadores afectados por un ERE, la legislación sobre productos farmacéuticos y el seguro escolar), el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkokera, ha reconocido dificultades, aunque se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de que se materialicen antes del 28 de abril, fecha en la que el Gobierno central entrará en funciones y su capacidad decisoria se verá limitada.
