Londres - La primera ministra, Theresa May, eliminó ayer la tasa de solicitud de 75 euros que tenían que pagar los millones de ciudadanos de la Unión Europea para garantizar el derecho a seguir viviendo en el Reino Unido después del Brexit. La primera ministra defendió repetidamente que el coste era pequeño y asequible, pero retrocedió ante la presión de activistas y parlamentarios. Así, anunció la supresión y dijo que los que ya habían pagado la tarifa, el Ministerio del Interior les tendría que devolver el dinero. La medida le costará al gobierno alrededor de 200 millones libras, y se espera que hasta 3,8 millones de personas soliciten permanecer en el Reino Unido después del Brexit. Además, durante su intervención en los Comunes, May desaprovechó la oportunidad de presentar un plan B para desbloquear la negociación del Brexit e hizo un planteamiento en el que no hay grandes diferencias con el que fue rechazado por los parlamentarios hace unos días.
May confía en poder debatir con Bruselas asuntos como la salvaguarda irlandesa y en ampliar las consultas con los miembros del Parlamento, antes de que se produzca la siguiente votación fijada en el calendario para el dentro de una semana, el próximo martes 29.
El nuevo documento se irá perfilando a lo largo de la semana, pero May descartó que vaya a celebrarse un segundo referéndum o que vaya a haber una extensión del artículo 50. Para la primera ministra, volver a llamar a las urnas “dañaría la cohesión social” y además advirtió de su miedo a que hacer un segundo referéndum sentaría “un difícil precedente, que podría tener implicaciones significativas sobre cómo manejamos los plebiscitos en este país”.
‘Backstop’ Así las cosas, el tema clave de la negociación será la salvaguarda irlandesa, para evitar una frontera entre las dos Irlandas, y que May estaría incluso a cerrar con un acuerdo bilateral directamente con Irlanda, tal y como publicó el diario conservador The Times.
May quiere hablar las próximas horas con el resto de los partidos, entre ellos los unionistas irlandeses del DUP, su socio de Gobierno en Westminster, como con los socios europeos para ver cómo puede Londres cumplir con “las obligaciones con la gente de Irlanda del Norte y de Irlanda, de una forma que podamos obtener el mayor apoyo posible en el Parlamento”.
Con la nueva propuesta, tras sufrir hace una semana una derrota por 432 votos en contra y 202 a favor, parece que no la hará sumar nuevos votos de los parlamentarios reacios a la salida del bloque común, ni a los que prefieren un Brexit duro, dejándola aún con menos tiempo para la fecha fijada para la desconexión del bloque común, el próximo 29 de marzo.
En total, se contabiliza que de 25 a 40 miembros del Gobierno quieren votar a favor de la enmienda de la diputada laborista Yvette Cooper, la cual obligaría a May a solicitar una extensión del plazo de salida de la UE si no ha logrado aprobar un acuerdo a finales de febrero.
La ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, advirtió ayer en Downing Street que podría haber docenas de renuncias ministeriales la próxima semana si los parlamentarios tories tuviesen prohibido votar a favor del plan que ayude a detener una salida de la UE sin acuerdo.
Rudd recomendó que Downing Street ofrezca una votación libre sobre el tema como una forma de obligar a todos los parlamentarios conservadores a mostrar su opinión sobre los temas del Brexit, en lugar de esperar mientras la primera ministra intenta conseguir sacar adelante el acuerdo. Desde las filas laboristas, Jeremy Corbyn acusó a May de estar en “profunda negación” sobre la magnitud de la oposición a su acuerdo “imposible de entregar”, que fue rechazado por 230 votos. Corbyn puntualizó que los laboristas apoyarán una enmienda la próxima semana que evitaría “el desastre” de un Brexit sin acuerdo.
