“A partir de la sentencia del 1-O va a ser muy difícil establecer una cierta normalidad”

-El tema de Catalunya viene de lejos y ahora se ha judicializado de la peor manera posible, utilizando el derecho penal. No concurre ninguno de los elementos del delito de rebelión, tenemos escasa jurisprudencia al respecto pero tanto en la sentencia del 23-F como posteriormente, cuando se equiparan los delitos de rebelión y sedición a efectos de la inhabilitación, el Tribunal Constitucional establece de una manera rotunda que la rebelión exige el uso de armas e incluso de explosivos.

Considera por tanto que el Tribunal Supremo no es competente para juzgar este proceso.

-Entiendo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el órgano penal, no es competente porque fuera de la desobediencia no existe ningún hecho delictivo.

¿Cómo califica la medida de prisión preventiva para los acusados?

-Está absolutamente injustificada, incluso va en contra de la propia ley, ya que el argumento de que si salen van a crear conflictos es como si se negasen a soltar a una persona, como pudiera ser el caso de los titiriteros, por sus opiniones.

La solución política al conflicto catalán, ¿llegará invariablemente tras la sentencia del 1-O?

-No, a partir de la sentencia la situación se va a volver absolutamente difícil de manejar. Creo que ya era difícil porque la cuestión catalana arranca a principios del siglo XX, ha tenido un periodo durísimo que la ha enconado, que son los 40 años de dictadura, y cuando un gobierno democrático intentó abordarla por medio del Estatuto, se abortó. Ahora una sentencia condenatoria, aunque no sea por rebelión, sino por malversación u otro delito, realmente va a hacer muy difícil establecer una cierta normalidad, por lo menos en un tiempo inmediato.

Hay dirigentes soberanistas, entre ellos el president Quim Torra, que han afirmado que solo aceptarán una sentencia absolutoria.

-Yo he trabajado en la administración de Justicia en el ámbito penal y todos los afectados quieren una sentencia absolutoria.

Partidos como el PP y Ciudadanos insisten en volver a aplicar el artículo 155. ¿Qué le parece?

-He escuchado cosas disparatadas, creo que los políticos que manejan el 155 no han tenido ni siquiera la prudencia de estudiar de dónde procede, que es la Constitución alemana, país donde nunca se ha aplicado. La mayor parte de los constitucionalistas alemanes han llegado a la conclusión de que solo se podría llevar a efecto ante una situación excepcional, con la declaración de un Estado de alarma y excepción.

¿Le preocupó la ‘guerra de los lazos’ que vivió su momento álgido este verano en Catalunya?

-En absoluto, creo que eso se ha manipulado, aquí en el País Vasco tienen la experiencia de las miles de manifestaciones reivindicando la libertad de los presos vascos. Es una forma de expresión dentro de una sociedad democrática que a unos les gustará y a otros no, pero hacer de eso una guerra indica la baja calidad democrática de los que suponen que es una vulneración de la ley.

Se están alzando voces, incluso de dirigentes del PSOE, a favor de ilegalizar a partidos políticos independentistas. ¿Cómo lo valora?

-Uno no sale de su asombro, si en una democracia no puede haber partidos independentistas, que por supuesto promuevan la misma por las vías pacíficas, entonces qué democracia tenemos.

Después de 40 años, ¿es el momento de abordar la cuestión territorial en la Constitución?

-Se empiezan a escuchar muchas voces, hasta de la derecha y de la extrema derecha, que quieren recentralizar, arrebatar competencias a las comunidades autónomas, lo cual no es posible sin cambiar la Constitución. Creo que la salida más razonable, si hubiera un mínimo de equilibrio y sensatez democrática, sería ir hacia un Estado federal. Y hacerlo por fases, modificando todo el Título octavo, que es el que regula las competencias del Estado y de las autonomías. Después hay que retocarla en otros muchos aspectos.

¿Qué le parecen los reproches de algunos partidos hacia el progresivo traslado de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi?

-Me extraña porque se les llena la boca diciendo que las leyes están para cumplirlas y si se aplica la Ley Penitenciaria no hay ninguna duda de que el acercamiento es un mandato legal y algo que políticamente es perfectamente razonable e incluso humanitario. Ponen como excusa a las víctimas pero me parece que éstas no pueden decidir la política penitenciaria, y por otro lado la democracia no puede ponerse a la altura de los terroristas.

Gracias a la abstención del PSOE, el Congreso votó el martes en contra de que los presos puedan descontar las penas cumplidas en Francia. ¿Sucumbe en ocasiones al vértigo el gabinete Sánchez?

-Me parece perfectamente lógico dentro de la política penitenciaria que cada uno responda de las penas impuestas por cada hecho delictivo. Las leyes españolas tienen prevista la acumulación de penas y, por tanto, las impuestas en Francia por hechos distintos a los cometidos en España deberían entrar en el cálculo de la pena máxima a imponer.

Los herederos de Franco han emprendido la vía judicial para tratar de impedir la exhumación de los restos del dictador...

-No son los herederos de Franco los que han iniciado el procedimiento, sino el Gobierno. En vez de elegir la vía política, que parece perfectamente lógica porque una democracia no puede soportar la exaltación de un dictador genocida dentro de un mausoleo que pertenece al patrimonio del Estado, ha caído en la trampa del legalismo administrativista y ha dado entrada a la familia de Franco como si fuese la de cualquier ciudadano español. Y los que tenemos cierta edad sabemos que fue un dictador y que él mismo se consideraba distinto porque decía que solo respondía ante Dios y ante la Historia. Pues la Historia pide que sea sacado de ahí sin más dilación.

De culminar dicha exhumación a finales de enero, ¿será posible evitar, como pretende Moncloa, que los restos sean enterrados en la catedral de La Almudena?

-Ése es realmente un problema de la Conferencia Episcopal española, que debe decidir si respeta los valores de la democracia o sigue anclada en la gloriosa cruzada que predicaron durante la Guerra Civil. Por tanto, como es un recinto religioso, pienso que la Iglesia católica española, como si hubiera sido la italiana o alemana, tiene el deber moral y democrático de negarse a que se entierre en un lugar que supone una exaltación. En un cementerio civil no habría ningún problema.

¿Qué diría a los que abogan por que no se remueva el pasado?

-Que hablan como si quisieran seguir siendo los vencedores de la Guerra Civil y no admiten que la democracia es incompatible con la dictadura. Por tanto, que opten por promover como forma de gobierno una dictadura o una democracia.

La renovación del CGPJ ha sacado a la luz las maniobras políticas de cara a diseñar su composición.

-En el año 85, aprovechando la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pasó a un sistema de elección parlamentaria con un argumento poco consistente, que la soberanía reside en el pueblo y son ellos los llamados a elegir a los jueces. Hay que volver al sistema de elección de los doce entre los jueces, con una Ley Electoral proporcional para que estén representadas todas las tendencias. Esto a la larga no podría ser peor que lo que hemos tenido hasta ahora.

¿Y qué le pareció la decisión del juez Manuel Marchena de renunciar a presidir este órgano tras la filtración del SMS de Cosidó?

-Solo se puede renunciar a lo que uno ostenta, pero era una situación difícil de digerir que se eligiese al presidente antes que a los que tienen que elegirlo. No le quedaba más remedio que hacer ese gesto.

¿Se puede decir que Vox es un partido inconstitucional?

-De momento, con los estatutos en la mano, creo que es constitucional. Pero para llevar a efecto muchas de sus propuestas habría que modificar la Constitución, y no pasa nada. Pero incuestionablemente tiene una deriva autoritaria y con resabios de situaciones pasadas.