MADRID. La vista oral se iniciará más de un año después de que la juez instructora de Madrid, Rosa María Freire, enviase la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que señalase la fecha para juzgar a la extesorera de los 'populares' Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado Alberto Durán, así como el propio PP.

Aunque las mismas fuentes precisan que no hay una fecha concreta para que el juez comience el juicio, afirman que la previsión es que en la primavera de 2019 tenga lugar el enjuiciamiento por la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que Bárcenas usaba en la denominada Sala Andalucía, que utilizaba como despacho, de la sede del PP.

"35 PASADAS Y RALLADO HASTA SU DESTRUCCIÓN FÍSICA"

La juez vio claros indicios de que los documentos almacenados fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física". Por ello, procesó a Navarro, Moreno y Durán por un delito de encubrimiento y de daños informáticos y al PP, como persona jurídica, sólo por el segundo de ellos, algo que fue confirmado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo, la Fiscalía de Madrid, según afirmó en un escrito del pasado mes de enero, considera que este caso debe ser archivado porque considera que no existen "indicios relativos a ciertos extremos esenciales", y sostiene que la única versión sobre estos hechos, aunque la considera "inverosímil y contradictorial", es la del propio Bárcenas, que retiró su acusación en septiembre de 2016. Por ello solicitó la aplicación de la 'Doctrina Botín', que adoptó este nombre cuando el banquero fallecido Emilio Botín evitó ser juzgado, al establecerse que no se puede mantener un procedimiento judicial sólo con la acusación popular.

EL PP INTENTO LA APLICACION DE LA 'DOCTRINA BOTIN' Este recurso también fue utilizado por el PP y Carmen Navarro para evitar sentarse próximamente en el banquillo de los acusados, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid desestimó esta petición y recordó que la propia Audiencia de Madrid subrayó que "se impidió con el borrador de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia".

Se refería a los archivos que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó en el marco de la investigación sobre la presunta caja 'b' del PP y que fue "imposible" entregar.

Con todo ello, la única acusación que existe en este procedimiento es popular y está ejercida por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).