vitoria - El Gobierno Vasco no quiere que las dificultades técnicas y políticas que envuelven a los traspasos de prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social acaben provocando la inacción de Madrid y que esta carpeta nunca llegue a abrirse. Por ello, el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, ha hablado con claridad para reivindicar el carácter prioritario de los dos traspasos e imprimir urgencia a las conversaciones. En una entrevista concedida a Europa Press Televisión y hecha pública ayer, aseguró que las conversaciones sobre esas dos materias deben abrirse con carácter inmediato, sobre todo en el caso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, porque va a exigir mucha labor de cocina y habrá que comenzar con cierta antelación. “Es importante crear ya sin más demora un grupo de trabajo para ir desbrozando el material”, dijo.

Es la primera vez que el Gobierno Vasco urge con claridad a Sánchez a abordar estas dos negociaciones. Hasta ahora, había evitado presionar porque es consciente de que el cumplimiento de las 37 transferencias es un reto ambicioso que lleva coleando cuarenta años y no se solucionará en un mes. La legislatura de Sánchez acabará, en principio, en 2020. El presidente español no ha planteado ningún veto sobre las pensiones y las prisiones, pero tampoco ha lanzado señales inequívocas de que los trabajos vayan a comenzar. Es más, desde Madrid han dejado ver que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se aplazará hasta los últimos compases de la legislatura. Teniendo en cuenta que será un traspaso complicado, esos plazos exponen al Gobierno Vasco a que se acabe el tiempo y la legislatura se cierre sin novedades en ese terreno.

Erkoreka volvió a hacer pedagogía sobre el alcance de los traspasos, que es estrictamente legal y se ciñe al Estatuto de Gernika. En el caso de la Seguridad Social, se plantea la existencia de una ventanilla vasca para recaudar las cotizaciones y pagar la pensión, sin quebrar la unidad de caja en el Estado, porque Madrid seguiría fijando el dinero que recibe cada ciudadano. Erkoreka reconoció que pueden existir dificultades técnicas. En las prisiones, no vio ninguna. Recordó que ETA ha desaparecido y que Catalunya gestiona la competencia.

El debate sobre los traspasos ya está abierto, aunque la intención del Gobierno español es comenzar por los asuntos menos espinosos y relacionados con las infraestructuras. No en vano, el primer traspaso que se va a cerrar es el menos arriesgado posible: la Comisión Mixta se reunirá la primera quincena de septiembre para cerrar una transferencia obligada por el Tribunal Constitucional que afecta a dos de las once líneas de ferrocarril que circulan por la comunidad autónoma, los trayectos Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo. El Gobierno vasco no sabe mucho más. Erkoreka y la ministra Batet han estado de vacaciones estos días. La próxima semana retomarán los contactos.

los dos traspasos Aunque el PNV mantiene como aspiración política la creación de un sistema vasco de pensiones, lo que plantea el lehendakari ahora es ceñirse al Estatuto y al sistema conveniado de la disposición transitoria quinta. Sectores de Madrid hacen una interpretación restrictiva de las sentencias del Tribunal Constitucional y se oponen incluso a que la comunidad autónoma actúe como ventanilla. “Se respeta el principio de unidad de caja, porque la caja, en principio, sería la misma, aunque los cajeros fueran diferentes”, dijo Erkoreka. Reconoció que hay “una dificultad técnica que no será fácil de solventar en dos semanas” y pidió crear “sin más demora” un grupo de trabajo.

Sobre las prisiones, recordó que “la razón política que podía haber justificado alguna resistencia ha desaparecido”, en alusión a ETA y el empeño de los sucesivos gobiernos españoles en retener las cárceles como un elemento más de la política antiterrorista. “Si hay dificultades, serán derivadas de razones de conveniencia política u oportunidad partidista, que yo no puedo concebir como demócrata. No puedo entender que una ley democrática se incumpla por parte del Gobierno central por razones de conveniencia política o de oportunidad”, lamentó.

En el caso de las prisiones, el Estatuto de Gernika permite a la comunidad autónoma gestionar las cárceles, pero debería aplicar la legislación penitenciaria del Estado y sus requisitos para acceder a los permisos de salida o progresiones de grado. No obstante, las juntas de tratamiento de las prisiones serían vascas, y podrían responder con mayor flexibilidad a las peticiones de los presos. La transferencia podría ayudar a Sánchez a quitarse un peso de encima, porque no tendría que decidir sobre la concesión de beneficios penitenciarios a los presos que cumplan condena en la comunidad autónoma. No obstante, esta transferencia podría ser interpretada como un pago al PNV por su respaldo en la moción de censura, y es la lectura que quiere evitar Sánchez. Además, buena parte de las comunidades autónomas están descontentas porque es muy probable que no haya reforma de la financiación esta legislatura, lo que provoca que el presidente español tenga problemas de gestión interna para explicar los gestos a Euskadi. En cualquier caso, quiere tener cerca al PNV para asegurar la continuidad de la legislatura.

Erkoreka recordó que esos dos traspasos son prioritarios en el acuerdo de coalición del Gobierno PNV-PSE. La petición está sobre la mesa de Sánchez, pero no ha habido “respuesta firme ni a favor ni en contra”. “Esperamos que el Gobierno español comparta que esas transferencias requieren una atención prioritaria y han de ser abordadas sin más demora, porque no hay obstáculo político ni jurídico que impida que podamos sentarnos en una mesa y empezar a desbrozar las dificultades que pueda entrañar esta transferencia”, defendió.

El Gobierno Vasco se ajusta a la letra del Estatuto y plantea una transferencia que no rompa la unidad de caja. Se ciñe a la disposición transitoria quinta, que habla del “carácter unitario” del sistema. Plantea recaudar las cotizaciones y pagar la pensión desde una ventanilla vasca. El Estado seguiría fijando el dinero que se paga al ciudadano.

El Gobierno Vasco pide cumplir los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto, según los cuales la comunidad autónoma puede gestionar las cárceles, pero aplicando la ley estatal y sus condiciones para los beneficios penitenciarios. La comunidad autónoma gestiona ya la seguridad exterior de las cárceles, la sanidad y la educación. Esta competencia ha sido históricamente negada a Euskadi con el argumento de que ETA debía disolverse y que, hasta ese momento, las cárceles formarían parte esencial de la política antiterrorista. Con ETA ya disuelta, el Gobierno Vasco demanda con urgencia esta competencia, que cree que puede contribuir a asentar la convivencia en la comunidad autónoma.