El asedio del PP al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de política penitenciaria no cesa. Los populares plantan batalla en todos los foros y comparecencias públicas posibles y ahora suben un peldaño más en su acoso con su intención de elevarlo al Pacto Antiterrorista. Lo manifestó ayer el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien señaló que el traslado de dos presos de ETA arrepentidos desde la prisión de Villabona (Asturias) a la de Basauri es una “traición”. Por ello, defendió la necesidad de que el Gobierno socialista ofrezca explicaciones en el seno del foro de partidos.

El Pacto Antiterrorista se reunió por última vez el pasado mayo, después de la disolución de ETA. La reunión estuvo presidida por el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido y a la misma no acudieron PNV, EH Bildu y ERC, mientras que PDeCAT y Unidos Podemos asistieron solo como observadores.

En aquella ocasión no hubo consenso y tan solo pudieron presentar cierta unidad a la hora de “celebrar la derrota de ETA” y de hablar sobre las víctimas del terrorismo. Las diferencias afloraron cuando abordaron la política penitenciaria, cuestión que quedó fuera de agenda ante la evidencia de que estaba condenada al fracaso. En cualquier caso, Zoido ya dejó entonces claro que los populares “no van a aceptar que haya “contrapartidas de ningún tipo” con la banda armada.

En una entrevista concedida ayer a Europa Press, García Egea señaló que cuando el PP estaba en el Gobierno español convocó ese órgano para “tomar decisiones dentro del consenso”. A su entender, ese pacto debería reunirse ahora a menos de una semana del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils y “con ese cambio en lo que parece ser la nueva política antiterrorista del Gobierno con el acercamiento de presos al País Vasco”. “Es más necesario que nunca que el señor Sánchez dé explicaciones en el seno de organismos que nos permitan a todos tomar decisiones de forma conjunta porque la política antiterrorista debe partir de un consenso claro entre todos y no ser parte del peaje que el presidente paga a sus socios”, subrayó en referencia al PNV.

El secretario general del PP destacó además que en este asunto hay que tener en cuenta la opinión de las víctimas. “Con que solo haya una persona que no sienta que el Gobierno le respalda como víctima del terrorismo, no habremos conseguido nuestro objetivo y habremos fracasado”, advirtió. A renglón seguido, recalcó que el PP se opondrá “frontalmente a cualquier intento” de Pedro Sánchez de “actuar de forma unilateral en un tema tan importante” y avanzó que se opondrán con dureza a todo acercamiento de presos “que suponga un menoscabo a las víctimas del terrorismo, su memoria y su dignidad”.

Los acercamientos de los presos de ETA Olga Sanz y Xabier Merino la semana pasada han provocado un cisma en la relación que el PP ha mantenido con las principales asociaciones de víctimas. Durante más de una década los populares han utilizado a las víctimas hasta la saciedad como banderín de enganche para maniatar al PSOE durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y para aplicar una política de dispersión y alejamiento de presos de la banda bajo las presidencias de José María Aznar y de Mariano Rajoy. El fin de ETA ha movido la foto de los presos de la banda y con ello también la de los colectivos de víctimas y del Gobierno español. Principalmente a raíz de la reciente llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, que ha abierto la puerta a una política penitenciaria más flexible.

tercer grado El primer gesto realizado por el Ejecutivo Sánchez en materia de reclusos ha sido el traslado desde Asturias a la cárcel de Basauri a Sanz y Moreno, exmiembros del comando Bizkaia de ETA, que en febrero de este año han pedido perdón por sus atentados y que han accedido al tercer grado penitenciario tras haber cumplido tres cuartas partes de su condena y haber renegado de la violencia.

Los principales colectivos de víctimas han dado su visto bueno a esta decisión al entender que el traslado de los dos reclusos es “legal y cumple con las condiciones” exigidas. Además, como en el caso de Covite, han afeado la posición del PP y le han pedido que hagan la política que quieran “pero no en nombre de las víctimas”. Con su desmarque han dejado solo a la formación conservadora en su histórica relación de sintonía e incluso de unidad de acción.

Durante la presidencia de Zapatero, a mediados de la década pasada, los populares salieron a la calle en varias ocasiones de la mano de las principales asociaciones de víctimas para manifestarse en Madrid y otras ciudades del Estado español contra los intentos del entonces presidente español de iniciar un diálogo con ETA. Aquellas manifestaciones multitudinarias abrieron una brecha entre ambos partidos e impulsaron un estado de opinión pública en esta materia muy contraria a cualquier cambio de política penitenciaria.

Ahora, el recién elegido presidente de los populares, Pablo Casado, intenta, de momento sin éxito, movilizar y sacar a la calle a las víctimas contra las intenciones del Gobierno Sánchez de acercar a las cárceles de Euskadi a los presos de ETA, empezando por los que tienen una enfermedad de gravedad y los mayores de 70 años, sin descartar más adelante otros de otras características. El pasado viernes en un homenaje a las víctimas del atentado de 2002 de Santa Pola (Alicante), Casado declaró que “no caben ni acercamiento de presos ni beneficios a los terroristas que no se han arrepentido” y añadió que su partido “no va a tolerar ningún acercamiento de presos etarras”. “No cabe un beneficio a asesinos que no han tenido la decencia” de ayudar a esclarecer los 300 atentados, añadía.