GASTEIZ. El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria el Plan Director de Vivienda 2018-2020, un documento que recoge la filosofía, los programas y los compromisos de la política de vivienda en Euskadi hasta el final de la legislatura.
Según ha explicado, este Plan tiene como objetivo "garantizar la función social de la vivienda y el derecho subjetivo de la ciudadanía a ella mediante la promoción preferente del alquiler, el impulso a la rehabilitación, la regeneración urbana o la utilización de los pisos vacíos". Para llevar a cabo todos los compromisos previstos en sus tres años de vigencia, el Plan Director de Vivienda cuenta con un presupuesto consolidado de 1.119 millones de euros.
Arriola ha destacado que se trata de un "ambicioso" plan, elaborado con un "amplio proceso participativo", cuyo propósito es "actuar directa e indirectamente sobre el mercado de la vivienda, a fin de mejorar la situación residencial de la población en general y, en especial, de incrementar las posibilidades de acceso a una vivienda de las personas con mayores dificultades, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de vivienda de estos colectivos".
En este sentido, uno de los colectivos a los que el Plan dedica una "atención preferente" es la juventud, que suma a otras medidas ya conocidas, como el impulso a los alojamientos dotacionales, la puesta en marcha de un nuevo programa, Gaztelagun, destinado a favorecer su emancipación mediante ayudas directas para el pago de un alquiler.
El consejero ha destacado las "especiales dificultades" que tienen los jóvenes para emprender un proyecto de vida autónomo tanto "por la falta de recursos, ya que carecen de rentas acumuladas y cuando tienen trabajo este es precario o no suficientemente remunerado".
"Además, en el caso de tener un empleo pueden quedar fuera del acceso al alquiler social por superar el nivel de ingresos o por no tener cargas familiares", ha destacado antes de afirmar que "no sería lógico ignorar ese problema cuando estamos buscando soluciones al envejecimiento de nuestra sociedad con políticas de familia que lo remedien".
Gaztelagun, que entrará en vigor en enero de 2019, está dirigido a personas mayores de 23 años y menores de 35 que tengan como domicilio habitual y permanente la vivienda arrendada, aunque no sea como titulares del contrato de alquiler --se permite compartir piso-- y dispongan de una fuente regular de ingresos que, en conjunto, supere los limites vigentes en cada momento para el cobro de la RGI --7.734 euros este año-- y sean iguales o inferiores a 12.000, 15.000 y 18.000 euros, en función de que los residentes sean 1, 2 o 3 personas. Este umbral será de 20.000 y hasta 22.000 euros cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con grados elevados de discapacidad.
6 MESES DE ANTIGüEDAD
De esta forma, se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos quienes estén trabajando por cuenta propia o ajena, el personal investigador en formación y los perceptores de becas, siempre que puedan acreditar una vida laboral de, al menos, seis meses de antigüedad de forma inmediatamente anterior al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud.
La renta de la vivienda objeto del contrato de alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales con carácter general y los 750 euros en el caso de las tres capitales vascas y sus respectivas áreas funcionales. La cuantía de la ayuda será de hasta el 50% de la renta mensual que deba satisfacer el beneficiario por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. Cuando la vivienda la compartan dos unidades de convivencia formalmente constituidas, la ayuda se elevará hasta el 60% del alquiler.
"En ningún caso, la cuantía de la ayuda podrá superar la cifra que esté fijada en cada momento para la prestación económica de vivienda (PEV), vinculada subsidiariamente al derecho subjetivo de la vivienda", ha precisado el consejero.
Dado que es un apoyo a la emancipación, al inicio de un proyecto de vida autónomo, la ayuda al alquiler para jóvenes se concederá por un plazo máximo de tres años. La ayuda será gestionada por Alokabide.
TRASVASE DE PCV A PEV
El Plan también prevé que el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda alcance a 7.000 hogares en 2020 y asume el reto del trasvase de la PCV (Prestación Complementaria de Vivienda) a la PEV (Prestación Económica de Vivienda). La cifra objetivo de hogares perceptores --bien de la Prestación Complementaria de Vivienda o de la Prestación Económica de Vivienda-- se sitúa en 28.750 hogares en promedio mensual durante los tres años de vigencia del Plan.
En sus tres años de vigencia, el Plan Director de Vivienda prevé promover la edificación de 6.350 nuevas viviendas de protección pública, la obtención de suelo residencial para la edificación de otras 2.000 y el incremento del parque de alquiler protegido en hasta 7.200 viviendas, (6.400 pertenecientes al programa Bizigune).
Con estas actuaciones, se espera que el parque de pisos de protección pública en régimen de alquiler integrado por el Departamento de Vivienda y las sociedades de vivienda municipales alcance las 22.000 unidades, lo que supondrá una tercera parte del parque total de viviendas protegidas.
En el apartado de rehabilitación se establece como objetivo reforzar los diferentes programas existentes (Plan Renove Rehabilitación) de modo que un total de 55.530 viviendas resulten beneficiarias. Además, se prevé el apoyo a Ayuntamientos y Entidades Locales menores para la realización de 420 planes u obras con el fin de garantizar la accesibilidad universal.
En esta misma línea, se contempla la instalación de 1.300 ascensores en el período 2018-2020, lo que va a permitir que mejoren las condiciones de accesibilidad de 13.000 hogares, y pretende continuar con la inspección del parque de viviendas protegidas para garantizar su función social mediante la revisión de 9.500 viviendas al año.
