Bilbao - Si hubiera que utilizar un símil futbolístico para referirse a la Ponencia de Autogobierno, podría decirse que todavía hay partido. Las formaciones con representación en el Parlamento Vasco presentaron ayer sus propuestas y, salvo en el caso de un PP que no quiere reformar el Estatuto de Gernika, se pudo detectar una base amplia para el consenso en torno al blindaje del autogobierno, el respeto a las competencias vascas por parte del Estado y la activación de mecanismos bilaterales que lo garanticen, el blindaje de los derechos sociales, la relación con Nafarroa y la Mancomunidad de Iparralde, y la proyección de Euskadi en el mundo y su participación en la toma de decisiones en la Unión Europea. En todos estos conceptos están de acuerdo PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE, que ocupan 66 de los 75 escaños del Parlamento.

En cualquier caso, ayer no se ocultó que existe una discrepancia seria en un asunto nuclear: el derecho a decidir y la medida en que Euskadi está legitimada o no para actualizar su autogobierno en virtud de sus derechos históricos, sin que sea necesario reformar la Constitución española. En línea con lo adelantado ayer por este periódico, el PNV ve una percha jurídica clara en los derechos históricos que reconoce la propia Constitución, unos derechos de los que emana la capacidad de Euskadi para ampliar su autogobierno y su acervo competencial de manera legal. El PSE, por el contrario, cree que es necesario reformar la Constitución antes de ampliar las competencias vascas, porque considera que un Estatuto de Autonomía no puede reescribir el reparto competencial en el Estado español.

La posición del PSE supondría negar la condición de sujeto político a Euskadi. Por boca de José Antonio Pastor, auguró poco recorrido a la propuesta del PNV y utilizó como argumento la Constitución, que establece que la soberanía “reside en el conjunto del pueblo español”, un argumento idéntico al empleado contra el referéndum de independencia de Catalunya. Se da la circunstancia de que son los dos socios en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, quienes mantienen esta discrepancia. No obstante, se dieron libertad para defender sus principios en este asunto, y lo dejaron al margen del pacto de gobierno para evitar que pusiera en peligro la estabilidad del Ejecutivo. La primera fotografía que ha arrojado la ponencia ha sido la del alejamiento del PSE, y el acercamiento de EH Bildu al PNV por la defensa del derecho a decidir, aunque los jeltzales se resisten a dar por sentado que el acuerdo vaya a producirse únicamente con la coalición abertzale y siguen aspirando a un pacto transversal. EH Bildu, por su parte, recibió con “optimismo” la propuesta jeltzale. Elkarrekin Podemos, aunque coincide en el derecho a decidir, pide abordarlo en otra mesa diferente.

A pesar de las discrepancias, el debate parece decantarse con claridad hacia un nuevo estatus blindado, lo que supondría un cambio de paradigma frente a las invasiones competenciales por parte del Estado. El PNV propone un catálogo de competencias exclusivas y blindadas en materias como la educación. En la actualidad, Euskadi dispone de la competencia educativa pero, aun así, el Estado ha traspasado su terreno con leyes básicas y reformas como la Lomce. El PNV propone eliminar esa debilidad y blindar la competencia para que la legislación estatal no afecte a Euskadi. En caso de discrepancia, se abordaría una negociación política en un órgano bilateral y paritario, una Comisión Mixta. Con el modelo vigente, las disputas se ventilan con frecuencia por la vía judicial, en el Tribunal Constitucional. Se trataría de trasladar al ámbito político el modelo del Concierto Económico.

También EH Bildu propone una Comisión Bilateral, y plantea ejercer las competencias de manera incondicionada. En un ejercicio de pragmatismo, no propone ahora la independencia y admite que el Estado seguirá ejerciendo y regulando “ciertas materias”. El PSE coincide en pedir “mecanismos de relación” con el Estado, y apuesta por la bilateralidad donde Euskadi tenga una competencia “exclusiva singular”. No obstante, su propuesta es más genérica y no ahonda en nuevas competencias porque cree que debe reformarse primero la Constitución. Elkarrekin Podemos comparte la apuesta por mecanismos de “bilateralidad” que “salvaguarden y protejan” las competencias.

Los cuatro partidos coinciden en recoger de manera expresa en el nuevo estatus los derechos sociales reconocidos en las leyes aprobadas por el Parlamento. El PNV ha asumido esta propuesta, lo que supone un guiño claro a EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE. Este punto blindaría los derechos sociales y obligaría a los poderes públicos a darles mayor “proyección programática” en su acción.

día 21 La coordinadora de la ponencia, la jeltzale Jone Berriozabal, redactará un documento de síntesis con las coincidencias y las discrepancias. El día 21 tendrá lugar otra reunión, y próximamente se encargará la redacción de un articulado a un grupo de expertos. El documento deberá tramitarse también en el Congreso. PNV y EH Bildu proponen una consulta habilitante antes de ir a Madrid. No figura en el documento jeltzale, pero solo por un formalismo: si lo hiciera, la consulta entraría en vigor en la siguiente reforma estatutaria, no en esta.

Coincidencia. PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos proponen mecanismos para blindar las competencias, evitar la invasión del autogobierno por parte del Estado y garantizar la solución pactada de los conflictos. El PSE también lo propone, pero de manera más genérica porque cree que, antes de aclarar el catálogo de competencias de Euskadi, se debe abordar una reforma de la Constitución española para delimitar el reparto y establecer mecanismos de lealtad federal.

Coincidencia. PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE quieren sustituir las actuales referencias genéricas que recoge el Estatuto de Gernika, y recoger en su lugar una alusión expresa a los derechos sociales: salud, educación, protección social, vivienda e igualdad plena entre hombres y mujeres, entre otros. De esa forma, los derechos sociales tendrían un rango mayor y serían más vinculantes para los poderes públicos y su acción de gobierno.

Discrepancia. PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos lo comparten en términos generales. Elkarrekin Podemos, eso sí, pide separarlo del debate del nuevo estatus y abordarlo en una mesa paralela para alumbrar en el Congreso de los Diputados una ley de claridad similar a la canadiense. El PNV, por su parte, invoca los derechos históricos que facultan ya a los vascos para actualizar su autogobierno. Estos derechos están recogidos en la Constitución española. EH Bildu ha recibido con agrado y optimismo la propuesta jeltzale, y reclama una alusión expresa al derecho a decidir. El PSE rechaza de manera tajante este principio y asegura que la soberanía reside en el conjunto del “pueblo español”. Cree que, antes de ampliar el catálogo de competencias de Euskadi, debe reformarse la Constitución española. Argumenta que un Estatuto de Autonomía no puede decidir por su cuenta y riesgo sobre el reparto de competencias en el Estado español.

Coincidencia. PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE quieren establecer vínculos con Nafarroa y la Mancomunidad de Iparralde. No obstante, Elkarrekin Podemos lo deja muy abierto y no tiene claro dónde puede terminar este debate ni dónde puede estar el consenso.

Discrepancia. Los socialistas han aprovechado su propuesta para poner nuevamente sobre la mesa una reforma de la Ley de Territorios Históricos que brinde mayores competencias al Parlamento. Quiere que tenga potestad reguladora sobre los impuestos, una competencia que reside en los territorios históricos y que tiene una profunda raíz foral. El PNV se opone por completo a una revisión en ese sentido.

Desmarque. El PP es el único partido que rechaza reformar el Estatuto de Gernika.