GASTEIZ. Artolazabal ha respondido hoy en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos) sobre las razones por las que el actual Gobierno mantiene el recorte del 7 % de la cuantía de la RGI aprobada por el Ejecutivo presidido por el socialista Patxi López.
Guanche ha dicho que el recorte es "mezquino" y "absolutamente injusto" y que al Gobierno le debería dar "vergüenza" mantenerlo, porque "no es justo ni ético".
La consejera ha recordado que la cuantía de la RGI se redujo en 2012 "debido a la fuerte crisis" en la que "los salarios también se redujeron", pero ha considerado que lo importante es determinar si hoy está situada en "términos razonables dada la situación del mercado de trabajo".
Artolazabal ha considerado que sí porque permite mantener "tasas de bienestar" similares e incluso superiores a las de otros países de Europa.
En este sentido, ha citado que los 625 euros que supone la RGI, sin incluir la Prestación Complementaria de Vivienda, es una cuantía superior "en términos de poder de paridad de compra" a la renta garantizada en Francia, de 429 euros, en Alemania (347), el Reino Unido (423) y Finlandia (351).
"Con la propuesta realizada en los presupuestos de 2018 la protección a las personas en situación de vulnerabilidad está garantizada", ha concluido.
La consejera ha respondido también en el pleno a una pregunta de Nerea Kortajarena (EH Bildu) sobre la campaña desarrollada por la Diputación Foral de Bizkaia con el lema "Ayudas sí, control también" en las políticas sociales.
Kortajarena ha dicho que esta campaña proyecta una imagen que impulsa el "fantasma del fraude" en las ayudas sociales y ha denunciado que responde solo a un "cálculo electoral".
Ha dicho que es "muy preocupante" por las similitudes que, ha argumentado, tiene con la promovida hace años por el actual vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, "y sus amigos".
Artolazabal ha rechazado similitudes entre Maroto y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y ha afirmado que el primero "criminalizaba y estigmatizaba a determinado colectivo", en referencia a los inmigrantes, asimilando "fraude e inmigración".
Pese a decir que no conoce la campaña de la Diputación vizcaina y recordar que no es responsabilidad suya, la consejera ha dicho que no se puede decir que por defender el control de las ayudas sociales se estigmatiza a los perceptores.
Ha concluido que las políticas de protección social "tienen que estar protegidas" y el control es una forma de asegurar su futuro.
