madrid - El Tribunal Supremo se hará cargo de la causa que afecta al procés soberanista y en la que por delitos de rebelión, sedición y malversación están procesados los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont; los exmiembros de la Mesa del Parlament; los exresponsables de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente; y el exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero. El primer paso para hacerse con la totalidad del procedimiento lo dio ayer el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien, sin embargo, en vez de reclamar directamente la causa optó por un estadio intermedio y solicitó a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que le informe exactamente del procedimiento que tiene entre manos.
A través de una providencia, Llarena solicitó a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que en un plazo de cinco días le informe sobre “los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos”. Igualmente, le pidió que emplace a las partes personadas en esos procesos para que en el mismo plazo informen directamente al Tribunal Supremo sobre la eventual acumulación de sus procesos en este órgano, esto es, si están de acuerdo con el hecho de que el procedimiento pase a manos del Supremo. Además, el pasado jueves ya pidió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le remitiera la causa abierta contra los componentes de la Mesa del Parlament por desobediencia y prevaricación.
Evitar discrepancias Con la acumulación de la causa, el magistrado del Supremo pretende evitar que se produzcan discrepancias entre las decisiones de la Audiencia Nacional y las suyas propias. De hecho, Llarena decidió aplazar una semana los interrogatorios a los miembros de la Mesa del Parlament a petición de sus abogados, mientras que la jueza Lamela rechazó la misma demanda por parte de las defensas de los exconsellers. Además, mientras la jueza de la Audiencia Nacional mandó a prisión incondicional a los exmiembros del Govern y a los presidentes de la ANC y Òmnium, Llarena impuso a los miembros de la Mesa del Parlament fianzas asumibles para que pudieran eludir la cárcel. Asimismo, la jueza de la Audiencia Nacional impuso una fianza de 6,2 millones de euros a los exconsellers por los gastos del referéndum del 1 de octubre, y Llarena, a quien la Fiscalía solicitó la misma medida, consideró que, por ahora, no hay datos para cifrar la responsabilidad económica de los investigados.
De momento, y a la espera de que el caso pase definitivamente al Supremo, la jueza Lamela confirmó ayer en un auto la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el Govern por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, al tiempo que mantiene la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los investigados.
De este modo, cobran fuerza las declaraciones realizadas la pasada semana por el miembro de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet, que aseguró que el juez Llarena les señaló antes de dar comienzo a su interrogatorio: “Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional”. Asimismo, y cuando se le recordó que la Audiencia Nacional había acordado el ingreso en prisión de los exconsellers, el magistrado, siempre según Nuet, afirmó que “es el Supremo quien marca el camino de las decisiones, no la Audiencia Nacional al Supremo”. Nuet, miembro de Sí que es Pot y contrario al proceso soberanista, quedó en libertad sin cargos.
Así, ante la perspectiva de que la causa pase a manos del Supremo, a priori mucho más beneficiosa para sus intereses, el vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romera, Carles Mundó y Dolors Bassa , los cuatro en prisión, así como Santi Vila, en libertad bajo fianza, se mostraron ayer favorables a esta medida, tal como indicaron sus defensas a Europa Press. De hecho, fue el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, letrado además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de la miembro de la Mesa, Anna Simó, quien pidió en un escrito remitido al juez Llarena que el Supremo se hiciera cago de la causa por cuanto “el objeto de ambos procesos -el del Supremo y el de la Audiencia Nacional- es coincidente o, en cualquier caso, conexo”.
