Solo faltó un redoble de tambores para que el momento fuera más épico para el soberanismo catalán. El Govern dio ayer un golpe de efecto en puertas de la celebración del referéndum de independencia de mañana mostrando una de las urnas que se utilizarán en la votación, aunque el PP deslució la presentación ridiculizando el material y comparándolo con un cubo de ropa sucia. A pesar de las operaciones policiales de la Guardia Civil contra la logística de la jornada, las detenciones de cargos del Govern y la incautación de papeletas, el cerco policial no ha podido saldarse con la incautación de las urnas, y ayer se dio muestra de ello con la presentación del recipiente, cuyo principal valor radica en haber burlado la vigilancia policial. El Govern no ha ocultado su satisfacción por este hecho, que ha sido clave para mantener los ánimos, como también lo ha sido la intensa movilización ciudadana.
Con el gesto de ayer, el Govern aclaró que hay urnas, pese a las voces que han asegurado todo este tiempo que no existían y que el gabinete de Junts pel Sí tendría que improvisar con cubetas de cartón. No hubo más información para evitar incautaciones, aunque ayer pareció confirmarse que muchas de las urnas, si no todas, ya están en los colegios, como informó este periódico. El Govern concretó datos hasta donde pudo. Cuantificó los colegios electorales (2.315) y el número de personas que colaborarán (7.235), para asimilar así en la medida de lo posible esta votación a cualquier proceso ordinario.
El vicepresident Oriol Junqueras y los consellers Jordi Turull y Raül Romeva comparecieron ante la prensa para asegurar que el referéndum va a tener lugar pase lo que pase. De manera muy críptica, Junqueras dio a entender que su gabinete tiene un plan alternativo para afrontar la posibilidad de que los colegios electorales sean precintados por la Guardia Civil, la Policía española o los Mossos, que ayer acudieron a algunos colegios y en varios casos no pudieron cerrarlos. Pero Junqueras no concretó el plan, más allá de dejar caer que hay muchos colegios electorales y unos pueden sustituir a otros. “Si alguno pretende cerrar los colegios, los ciudadanos de Catalunya podrán votar”, repitió como única consigna. Junqueras deslizó que, más que el plan de contingencia que pueda tener su gobierno, lo fía todo a la movilización ciudadana. No quiso hablar de resistencia cívica o sentadas ante los colegios, pero sí cree que la elevada participación que se prevé será clave para dar validez al resultado.
PDeCAT, ERC y la CUP llegan a la jornada del domingo tal y como habían soñado en términos de movilización. El punto de inflexión se produjo la pasada semana, con las detenciones de varios cargos del Govern y la investigación por sedición (que implica penas de prisión de hasta 15 años) a la ANC y Òmnium, con el argumento de que se habían producido destrozos en los coches de la Guardia Civil en sus concentraciones contra el operativo policial.
Esta decisión perjudicó a Rajoy y extendió la movilización más allá de los actores que han empujado a favor del proceso en los últimos cinco años. El jueves se manifestaron 16.000 universitarios y estudiantes de secundaria, y ayer el sindicato agrario Unió de Pagesos paseó sus tractores por Barcelona en una larga comitiva plagada de esteladas y toques de claxon. Desde algunos sectores se ha apostado por aparcar tractores en las inmediaciones de los colegios para garantizar la votación. En algunos centros, además, se comenzaron a organizar actividades ayer mismo para que siempre estén ocupados y no haya incursiones policiales aprovechando que los estudiantes no están en las aulas. En varios se han organizado eventos deportivos, y en el Raval se produjeron las primeras discusiones con los Mossos. La iniciativa parte de Escoles Obertes, con el aval de la ANC.
El Govern cree que estas dinámicas y las acampadas que puede haber ante los centros son espontáneas, y dan valor al referéndum a nivel internacional. Cree que van a complicar en extremo cualquier operación policial, porque esa imagen sería nefasta para Rajoy. Además, garantizan una participación elevada en la votación. Desde esa perspectiva también ha sido determinante el llamamiento a votar de los comunes de Ada Colau y Podemos. El Govern trabaja con la hipótesis de que la participación sea del 63%, más de tres millones de personas. De ese modo cumpliría su objetivo de superar de largo los 2,3 millones de la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014.
Validez del resultado El Govern también trasladó ayer que, pase lo que pase, el resultado será válido. No contempla no aplicarlo aunque la actuación del Estado obligase a cerrar algunos colegios y provocara que la jornada tuviera un seguimiento desigual. El Govern no contempla esta hipótesis porque tiene planes de contingencia. Pero, incluso en el supuesto de que la jornada se viera afectada, cree que esa actitud del Estado daría incluso mayor legitimidad al referéndum, porque proyectaría a Rajoy como un presidente autoritario que impide votar. Por lo tanto, sea un éxito o un fracaso, el resultado se aplicará. Sin embargo, no quedó claro en qué se va a traducir. Junqueras evitó concretar si la independencia se va a declarar 48 horas después de que gane el sí en la votación. En un momento en que el Govern trata de proyectar al mundo una imagen conciliadora y alejada de las decisiones unilaterales, Junqueras aseguró que conjugarán la responsabilidad con el mandato democrático que reciban de las urnas.
También reveló que en la jornada de votación contarán con observadores internacionales para velar por las garantías. Sus nombres no se harán públicos hasta el domingo para evitar cualquier acción judicial en su contra. Ellos y el Síndic de Greuges (defensor del pueblo) darán validez al resultado. La votación comenzará a las 9.00 y acabará a las 20.00 horas, y están llamados a votar 5,3 millones de catalanes. Habrá 2.315 colegios y 6.249 mesas.
La comparecencia de ayer estuvo también muy enfocada a ganarse la simpatía internacional. La controversia por el cobro de 10 euros por parte de Mediapro para seguir la rueda de prensa desde sus instalaciones no impidió que la comparecencia levantara gran expectación, aunque hubo quejas de varios periodistas y algunos se quedaron fuera. Ante informadores británicos, rusos, italianos, franceses y latinoamericanos, el conseller Romeva, en un perfecto inglés, insistió en que Catalunya no propone ninguna extravagancia, y argumentó que en los últimos 25 años se han producido 53 referendos de independencia.
Junqueras, por su parte, afeó la actitud del Estado. “El atentado contra el secreto postal, los derechos civiles, la libertad de expresión y la entrada injustificada en medios de comunicación son excepcionales en Europa. Estamos convencidos de que la opinión pública internacional mostrará su preocupación”, dijo. Sobre las operaciones policiales, pidió a los ciudadanos que “no caigan en provocaciones”. No contempla que la acción del Estado reste validez al resultado, porque entiende que el Govern garantizará el voto y, de todos modos, cualquier acción policial dispararía la movilización ciudadana y la empatía internacional.
Colegios electorales. Serán 2.315. El Govern reconoce que son menos de lo esperado, pero cifra esa incidencia en un 0,1%. En Barcelona habrá 207.
Mesas. Un total de 6.249. En ellas habrá un presidente y dos vocales. Si los designados objetaran en conciencia, las mesas se conformarían con los primeros ciudadanos que lleguen a votar, a quienes se supone una mayor fidelidad al proceso. La Agencia Española de Protección de Datos ha amenazado con multas de hasta 300.000 euros a quienes formen parte de la mesa por un uso indebido del censo en un referéndum no permitido.
Voluntarios. Tomarán parte 7.235 personas del total de 50.000 voluntarios inscritos.
Censo. Están llamadas a participar 5.343.358 personas. El Govern espera una participación del 63%, según las encuestas que manejan los partidos soberanistas. El vicepresident Junqueras habló ayer de un 60%. Serían, en cualquier caso, más de tres millones de catalanes, una cifra muy superior a los 2,3 millones de la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014.
Garantías. El Síndic de Greuges y observadores internacionales velarán por la limpieza del proceso tras la disolución de la Sindicatura Electoral. No se ha revelado su identidad para evitar que también se vean afectados por la acción judicial.