Barcelona - El pulso entre los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía Superior de Catalunya se mantiene. Las discrepancias entre ambos se visualizaron ayer en Barcelona en la reunión de coordinación de mandos policiales de los Mossos, Guardia Civil, Policía española y Guardia Urbana, después de que el Ministerio Público decidiera el pasado sábado dejar en manos de la Guardia Civil la coordinación del dispositivo policial para evitar el 1 de octubre, en lugar de la Policía catalana. En dicho encuentro, los mandos de este cuerpo defendieron mantener inalteradas sus competencias, pero la Fiscalía desveló sus intenciones de situarles en la vanguardia de la represión del 1-O, pese a haberles apartado de la dirección de las operaciones, al ordenarles que acudan a los centros de votación previstos para el referéndum del próximo domingo.
La finalidad de este mandato es identificar a los responsables de los centros designados como colegios electorales para interrogarles como testigos y advertirles de que ceder sus locales es delito. En una orden dirigida al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero, también pide que los responsables de la lista de colegios electorales que difundió a través de Twitter el president catalán Carles Puigdemont entreguen la documentación que posean en relación con la celebración de la consulta -papeletas, urnas, listas de votantes u ordenadores- para ser requisados.
Los Mossos también deberán advertir a cada responsable de que dar llaves o claves de seguridad de su local para el 1-O podrá considerarse colaboración en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Finalmente, la policía judicial les advertirá de que “cualquier tipo de amenaza, coacción o presión para ceder el control del local por cualquier autoridad, funcionario o particular debe ser inmediatamente puesta en conocimiento de la Fiscalía, directamente o a través de los Mossos”.
Esta instrucción cursada ayer trascendió después de la reunión de en torno a una hora que los distintos mandos policiales catalanes celebraron en la Delegación del Gobierno español. Se trataba del primer encuentro de este tipo tras la decisión de la Fiscalía de ceder la coordinación de los trabajos policiales sobre el referéndum al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. La actuación de los Mossos había sido puesta en tela de juicio en las últimas fechas por su supuesta inacción en esta crisis. Durante el registro de la sede de la Conselleria de Economía el pasado miércoles, que se prolongó hasta la jornada siguiente por las miles de personas que se concentraron a las puertas del departamento, el juez que investiga el 1-O llamó al major Trapero para exigirle que los Mossos abrieran un cordón de seguridad para que la comitiva judicial y los guardias civiles pudieran abandonar el inmueble, lo que finalmente pudieron hacer de madrugada.
Trapero no asistió a la reunión de ayer, y en su lugar lo hizo su número dos, el jefe de la comisaría superior de coordinación territorial de los Mossos, Ferran López. Éste reclamó a la Fiscalía que la coordinación de mandos policiales en las actuaciones sobre el 1-O se haga en la Comisión de Coordinación Policial de Catalunya, supeditada a la Junta de Seguridad que preside Carles Puigdemont, lo que posibilitaría que todos los cuerpos se coordinen sin perder competencias. Dicha Comisión es un órgano permanente de coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado y de la Generalitat, y sus funciones son asegurar el intercambio de información y la coordinación operativa.
La respuesta a esta propuesta fue negativa, y el presidente del encuentro, Diego Pérez de los Cobos, transmitió el rechazo del Ministerio del Interior a convocar la Junta de Seguridad. Alegó para ello que el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, es un asunto ya judicializado, por lo que no va a poner en cuestión las decisiones del fiscal, entre ellas que haya optado por nombrar un director técnico en la figura del propio Pérez de los Cobos para coordinar las labores.
Plan de actuación La decisión de la Fiscalía de dejar en manos de la Guardia Civil la dirección del dispositivo policial indignó a la Conselleria de Interior, que anunció que recurrirá la orden y encargó un informe jurídico sobre su legalidad. Medio centenar de personas se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno para expresar su apoyo a los Mossos d’Esquadra, entre proclamas como “Votaremos” o “Votemos para ser libres”.
De forma paralela, el major Josep Lluís Trapero ha alegado en un escrito ante la Fiscalía que ya están investigando los preparativos del 1-O y disponen de “un plan de actuación” para cumplir la orden de impedir la celebración del referéndum, por lo que cree injustificado que se les aparte de la coordinación. Ello, asegura, “afecta la profesionalidad y el prestigio” de los Mossos.
