BARCELONA - A semana y media del referéndum independentista del 1-O, la Guardia Civil estrechó ayer el cerco sobre el entorno de Carles Puigdemont lanzando un operativo contra la presunta malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Girona cuando el actual president de la Generalitat era alcalde, en una actuación que la Generalitat no tardó en achacar a las “cloacas del Estado”. La operación Aquarium, que investiga un supuesto desvío de fondos de 15 millones de euros en beneficio de la parte privada de la empresa de aguas municipal AGISSA mediante facturación falsa, deriva de una denuncia interpuesta por la CUP en 2015, y fueron numerosas las voces desde el soberanismo que vieron una intencionalidad detrás de la misma. “No nos parece inocente”, aseguraron desde la propia formación antisistema.

La Guardia Civil realizó un total de 15 registros a primera hora en el marco de la investigación de los presuntos delitos de fraude y administración desleal en la gestión y la adjudicación del suministro de agua. El dispositivo fue coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y se produjo por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que decretó el secreto de sumario. Las pesquisas se centran en Girona S.A. y AGISSA, la empresa que gestiona el agua de los municipios de Girona, Sarrià de Ter y Salt, y que está participada por los tres ayuntamientos y por empresas privadas.

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (PDeCAT), calificó de “show” la presencia de la Guardia Civil en el Ayuntamiento para solicitar documentación. “Debo confesar que todos estábamos esperando a ver qué día entraría la Guardia Civil desde que empezó la convocatoria del referéndum”, ironizó en declaraciones a los medios. Madrenas sostuvo que se trata de “una escena de cara a la galería”, dado que parte de la información que se les ha requerido ya está en posesión de la Guardia Civil, otra se les había pedido hace 15 días y el resto está disponible en internet, explicó.

“Nos han dicho que se le ha llamado operación Aquarium, pero el mejor nombre hubiera sido operación urnas”, continuó la alcaldesa, que sucedió a Puigdemont al frente del Consistorio cuando este asumió la jefatura del Govern. Recordó que fue el president quien encargó las auditorías municipales sobre el agua cuando era alcalde y explicó que la información que buscaba la Guardia Civil era de 1992, época en la que gobernaba el PSC.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por Efe, la causa deriva de un informe de la Agencia Tributaria sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de agua a AGISSA derivado del llamado caso del 3% sobre supuesta financiación ilegal de CDC que instruye un juez de El Vendrell (Tarragona). A partir de estos indicios, los investigadores sospechan que AGISSA desvió fondos para beneficiar a Girona S.A., entidad privada que forma parte de la sociedad mixta, en detrimento de la parte social de la compañía y, por ello, de las arcas públicas.

Fue el juez de El Vendrell el que envió al de Girona el informe sobre la actividad presuntamente irregular de AGISSA, lo que dio pie a que se abriera una causa judicial en la que posteriormente se personó como acusación popular la CUP. Además de las dependencias municipales, la Guardia Civil también registró ayer los domicilios de directivos y exdirectivos de AGISSA para hallar nuevos indicios.

Operación Catalunya El portavoz del Govern, Jordi Turull, no se anduvo con medias tintas y responsabilizó a “las cloacas del Estado” de estar detrás de la operación anticorrupción en la empresa de agua de Girona. “Ha empezado la tercera temporada de la operación Catalunya”, acusó en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, y denunció que en este operativo se visualiza el mismo modus operandi que en otras ocasiones: se intenta “destruir la reputación y honorabilidad de las personas”, en referencia a Puigdemont. Turull subrayó que en episodios anteriores también se inició una operación poco antes de “un acontecimiento electoral”, en este caso el referéndum del 1-O.

El concejal de la CUP en Girona Lluc Salellas denunció la “utilización interesada” de esta actuación de la Guardia Civil en contra del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. Recordó que este caso se inició a raíz de una denuncia que su partido interpuso en 2015 contra el ex consejero delegado de AGISSA, Narcís Piferrer, por presunta administración desleal. “Durante estos dos años ha habido suficientes indicios y pruebas sobre la mesa para que los registros que se están haciendo ahora se hubieran hecho durante el último año”, sostuvo. La también concejal Laia Pèlach recalcó que seguirán denunciando posibles casos de corrupción, pero advirtió de que serán igual de beligerantes con “la guerra sucia” del Estado contra los promotores del referéndum.

En la misma línea, el diputado de ERC en el Parlament Jordi Orobitg denunció los intentos desde los tribunales y la Guardia Civil de “contaminar políticamente la campaña” del 1 de octubre con actuaciones en casos de corrupción. “No somos inocentes, y somos capaces de ver que si desde los tribunales y la Guardia Civil han elegido este momento para llevar a cabo determinados registros es para tratar de desacreditar a instituciones o personas vinculadas con el proceso independentista”, afirmó en un acto en favor del sí. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también se refirió a la investigación sobre la época en que Puigdemont era alcalde de Girona y exclamó: “¡Qué casualidad!”.