BARCELONA- El Estado redobló ayer su ofensiva contra el referéndum de independencia catalán con un movimiento de gran alcance que supondrá la citación de cientos de alcaldes por su colaboración con la votación del 1 de octubre. De los regidores depende que el referéndum pueda tener lugar en los edificios municipales propios de cualquier otro proceso electoral o que, por el contrario, la Generalitat se vea obligada a activar un plan alternativo para habilitar otros centros de su titularidad. La Fiscalía General del Estado, en una orden firmada por José Manuel Maza, ordenó ayer a los fiscales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abran diligencias contra los 712 alcaldes que han decidido ceder locales municipales, y los citen a declarar como investigados. En el supuesto de que el alcalde se negara a comparecer, la Fiscalía exige a los Mossos d’Esquadra que lo detengan.
Como dato llamativo, la Fiscalía señala expresamente a los Mossos como Policía judicial, y a ellos les endosa la tarea de notificar la citación y perseguir a quienes no la acaten. El encargo añade tensión a los agentes, que se encuentran entre la espada y la pared porque el Govern espera lealtad al referéndum por su parte. La actitud de la CUP va a obligar a los Mossos a posicionarse, porque sus alcaldes no van a acatar la citación y los agentes estarían abocados a detenerlos. La segunda derivada de este dilema salomónico será la tensión que pueda producirse entre la CUP y Junts pel Sí por una eventual detención. El regidor de Argentona, Eudal Calvo, avisó ayer de que tiene mejores cosas que hacer que ir a declarar y no puede dedicarse a “tonterías”. Como él, una treintena de alcaldes de la CUP mantienen el pulso.
disuadir al psc y colau La orden de la Fiscalía provocó un auténtico incendio en la política catalana. Los soberanistas hablan ya de persecución política y de violación de derechos humanos. Para comprender el alcance de la polémica hay que examinar la instrucción de la Fiscalía, que señala de manera directa a una abrumadora cantidad de municipios, un total de 712 ayuntamientos (hay 948 en Catalunya) que han mostrado su disposición a ceder emplazamientos para la votación. La Fiscalía adjunta el listado de la Asociación de Municipios por la Independencia y centra en ellos las pesquisas. Quedan menos de tres semanas para el referéndum, así que las citaciones se producirán en tromba y en grupos de varios alcaldes al día.
Su orden afecta fundamentalmente a los municipios gobernados por el PDeCAT, ERC y la CUP, el grueso de los ayuntamientos que han apostado por colaborar con la votación y que ahora se enfrentan a consecuencias penales. No obstante, la orden también puede tener un segundo efecto, de tipo disuasorio, sobre los alcaldes del PSC y, especialmente, sobre los comunes y la regidora de Barcelona, Ada Colau. El Govern pretendía atraerlos y vencer sus resistencias a ceder locales municipales, algo que no quieren hacer por las consecuencias que pudiera tener sobre los funcionarios. La orden de la Fiscalía puede ser letal en ese sentido y alejar definitivamente su colaboración.
El plan del Gobierno español consiste en evitar que el referéndum tenga lugar estrangulando sus preparativos, para no tener que activar un operativo sobre el terreno el mismo día de la votación para incautarse de las urnas, una imagen que tendría impacto internacional. En ese sentido, ha recibido como una muy buena noticia las reservas de Colau y de alcaldes socialistas a ceder espacios municipales. Aunque el porcentaje de alcaldes soberanistas es abrumador, sobre el censo cubren aproximadamente a un 40% de la población. Barcelona, por el contrario, concentra por sí sola a un 21% del censo. Alcaldías socialistas como las de L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Terrassa o Santa Coloma de Gramenet también han anunciado su rechazo a cooperar. De las cuatro capitales catalanas, solo Girona, gobernada por Marta Madrenas (PDeCAT), ha avanzado que pondrá las urnas. Teniendo en cuenta que la orden de la Fiscalía apuesta por empezar la investigación por los ayuntamientos más poblados, la propia Madrenas podría ser una de las primeras en recibir la citación. Desde Guanyem Badalona En Comú, Dolors Sabater, que ya fue investigada por trabajar en la festividad del 12 de octubre, también ofreció su cooperación.
El Gobierno español espera que el referéndum no tenga lugar o que, si lo hace, sea en municipios menores y en casos aislados. No obstante, el cerco judicial sobre los ayuntamientos no es decisivo para evitar la votación, porque el Govern ya ha anunciado que abrirá sus sedes como alternativa si es necesario. En cualquier caso, activar ese plan B sería un varapalo simbólico y un contratiempo para el Govern, porque quiere que el referéndum se parezca al máximo a una convocatoria electoral ordinaria.
En el texto de Maza se avisa de que la prohibición del Tribunal Constitucional es clara y notoria, de modo que cualquier conducta de connivencia con el referéndum sería indiciariamente constitutiva de un delito de desobediencia, prevaricación y malversación. El fiscal adjunta una copia de la lista de 712 municipios y pide que se proceda a “incoar diligencias de investigación en relación con cada uno de los ayuntamientos que aparecen en el listado conjunto y se cite, por medio de la Policía judicial, al alcalde, para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de letrado”.
En el caso de que no comparezca, pide “acordar su detención y presentación en la Fiscalía, oficiando los Mossos como Policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”. La Fiscalía propone citar a los alcaldes como investigados, aunque solo el juez puede imputarlos. PDeCAT, ERC, Unidos Podemos, Compromís, PNV y Bildu pidieron ayer que Maza rinda cuentas en el Congreso.
