BArcelona - Han pasado dos semanas, pero la resaca del zarpazo yihadista en suelo catalán no tiene tintes de amainar y, de hecho, extiende paulatinamente nuevos tentáculos que acorralan la labor de los Mossos d’Esquadra. La agitada jornada de ayer, testigo de un auténtico incendio mediático y político, dio buena prueba de ello. El cuerpo policial autonómico regresó al punto de mira al revelarse que el 25 de mayo, casi tres meses antes de los ataques terroristas, recibió un aviso en el que se alertaba de posibles atentados del autoproclamado Estado Islámico a lo largo del verano en zonas turísticas muy concurridas de Barcelona. La advertencia hacía especial hincapié en un punto concreto del callejero de la capital catalana: la Rambla, una zona peatonal que acoge una inmensa afluencia de personas y que se convertiría el 17 de agosto en el escenario del fatídico atropello indiscriminado.
La información fue desvelada en la edición de ayer de El Periódico, donde se atribuía el aviso a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), una de las mayores referencias en materia de seguridad a nivel mundial. La alerta habría sido igualmente trasladada al CNI, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la Guardia Civil y la Policía Nacional. Precisamente este último cuerpo confirmó ayer esa recepción e incluso que comunicó la notificación ese mismo día al director de Información de los Mossos d’Esquadra. En todo caso, el informe era escueto y no aportaba datos fundamentales que estrecharan el cerco, como nombres de sospechosos o domicilios, por lo que no fue incluido en las bases de datos policiales.
Tras publicarse la información periodística, el Govern de Catalunya, consciente de que se volvía a poner en entredicho la actuación de su policía, se movilizó al máximo nivel para salir rápidamente al paso. El conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, protagonizaron una tensa comparecencia en la que admitieron haber recibido el citado aviso, pero negaron con rotundidad que tuviera como remitente a la CIA o al Centro Nacional Antiterrorista estadounidense (NCTC), un organismo que engloba a una veintena de agencias de información y espionaje del país norteamericano. Según la versión de las autoridades catalanas, las indicaciones provinieron de “otras fuentes” que no quisieron precisar.
La escasa credibilidad de esas fuentes habría sido la principal razón que les llevó a desechar la información. Según relató Trapero, existió una interlocución con el Estado para analizar el escrito y evaluar su fiabilidad. Ambas partes contrastaron que carecía de la entidad suficiente para tomarlo en cuenta, por lo que procedieron a archivarlo. El contenido del documento no tuvo mayor recorrido. No se trató en ninguna de las mesas de evaluación del riesgo terrorista ni en la Junta de Seguridad catalana que reunió a comienzos de verano a los máximos responsables de Interior de los gobiernos catalán y español. En cambio, según Forn y Trapero, el informe sí habría sido el fundamento de un reforzamiento de la presencia policial en la Rambla que, en cualquier caso, no entraron a cuantificar.
Forn se mostró especialmente beligerante con los datos publicados por El Periódico, cabecera a la que acusó de confeccionar “un montaje” a partir de diferentes informaciones. El extracto que saltó a los quioscos fue fruto de una árida polémica, ya que Enric Hernàndez, director del diario, admitió que no era una captura del documento original, por lo que “no respeta la tipografía, pero sí la textualidad”. En concreto, lo que originó la controversia fueron algunos aspectos gramaticales y ortográficos del contenido, como la escritura de “Irak” en vez de “Iraq” o el uso del acrónimo ISIS en detrimento de ISIL, como lo suelen bautizar los servicios de inteligencia estadounidenses.
A la discusión se sumó toda una institución en lo referente a la exposición pública de informes y documentos confidenciales de agencias de seguridad. La organización Wikileaks puso en duda la veracidad del escrito en cuestión e incluso su líder, Julian Assange, llegó a reclamar vía Twitter la dimisión de Hernàndez como máximo responsable del diario catalán. Por el contrario, las principales asociaciones de periodistas a nivel autonómico y estatal avalaron la difusión de la información y denunciaron las acusaciones como un “ataque” al ejercicio de la libertad de expresión.
“CAMPAÑA DE INTOXICACIÓN” Desde el medio de comunicación explicaron que el documento estuvo en sus manos desde el primer momento, pero que no fue publicado en mayo para no causar alarma en la opinión pública, ya que el cuerpo policial catalán había sido convenientemente informado. En cambio, desde la Generalitat creen que la difusión del documento ahora obedece a “una campaña de intoxicación” para desprestigiar la imagen de su policía. “Me pregunto quién tiene interés en ensuciar y poner en duda el trabajo de los Mossos. Creemos que es injusto e irresponsable”, expresó el conseller de Interior.
Hasta el president, Carles Puigdemont, se sumó a esa contundente respuesta institucional desde Dinamarca, donde inauguró el miércoles una embajada catalana. “Desde el primer momento, algunos han puesto a los Mossos en el punto de mira, cuando han demostrado ser capaces de gestionar de manera muy correcta una crisis tan compleja como esta”, apostilló.
