Si no supiéramos nada del Estado de Oaxaca, probablemente nos sorprendería su capital, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; sus bellos valles centrales, sus coloristas trajes folklóricos, sus flores por las calles. En cambio, este Estado del Sur de México es una fuente constante de noticias convulsas: asesinatos, desapariciones, enfrentamientos magisteriales con la policía... Y, si Ciudad Juárez es conocido por los secuestros, violaciones y asesinatos de chicas jóvenes, Oaxaca ha superado sus propias cifras este verano, con un feminicidio por día.

Al comiemzo de este estío, diferentes instituciones oaxaqueñas declararon “alerta máxima” por feminicidios en su Estado. Entonces, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género denunció siete feminicidios en una semana. Según informó La silla rota, el caso de Laura Olivia C. M., de 39 años de edad, se sumó a los 51 asesinatos de mujeres en los cinco primeros meses de 2017. Laura fue hallada muerta de varios disparos en su domicilio en Santa María Colotepec, en la Costa. Y organismos de la sociedad civil y feministas gritaron: “Nos están matando”.

Según el Consorcio para la Equidad, la ola de violencia contra las mujeres se da “al amparo de las autoridades”, porque el número de feminicidios, lejos de descender, va en aumento. Este organismo informó de que en un periodo de 18 años ha habido 1.290 feminicidios; solo en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo registraron 527. Por todo ello, el Consorcio habla de “alerta de género”, pues entiende que no parece que exista un trabajo por parte de las instancias correspondientes “para generar las acciones y erradicar la problemática”.

El déjà vu al escuchar a una de sus responsables, Jessica Sánchez Maya, es inevitable: “(Las mujeres) ya no podemos caminar con libertad, trabajar y vivir tranquilas, sin miedo a que cualquier día nos vayan a matar”. Palabras similares llevan 24 años emitiéndose desde Ciudad Juárez, irónicamente en la otra punta del país. No parece que México sea un lugar seguro para nacer mujer.

Primer paso torturador

Los feminicidios en Oaxaca convierten a este Estado en uno de los cinco mexicanos con más asesinatos a mujeres por su sexo. La entidad de Chihuahua registró hasta mayo 67 feminicidios, el Estado de México contabilizó unos cuarenta, mientras en Puebla mataron a 43 mujeres.

Las desapariciones forzadas también van en aumento en Oaxaca, si bien este delito ha ido in crescendo en todo el país los últimos meses. El 31 de julio NVI Noticias informó de nuevas denuncias de desapariciones, y que unas personas, “gracias a la publicación en redes sociales, fueron encontradas, y otras siguen siendo buscadas por sus afligidos familiares”.

Un caso es el de la joven Sindy Carina Arsiniega López, de 27 años de edad, originaria de la Villa de Etla, quien desapareció el 27 de julio, siendo vista por última vez a las 19.30 horas. La comandancia del sector dirige la investigación.

Catalina Mendoza Santiago, de 38 años, salió de su hogar del barrio Mendillo de San Pedro Pochutla, el sábado 29, acompañada de sus dos hijas (Abril, de 8 años, quien vestía pantalón y blusa color rosa, y Mariela, de 7, vestida de azul). Ambas niñas iban “desaliñadas y descalzas”, describe NVI Noticias. Otro caso es el de Erika Monserrat Santiago Pérez, de 16 años, que fue “reportada por sus angustiados padres como desaparecida”, siendo vista por última vez en Santiaguito. Gracias a las redes, investigadores del sector la pudieron localizar el día 30, “y la pusieron a disposición del fiscal de turno y el medico legista”.

Las desapariciones engrosan un escenario de violencia en el que también se prodigan las detenciones arbitrarias, subrayan a DNA Amnistía Internacional (AI) y la periodista de Ciudad de México Paula Mónaco Felipe. “Feminicidios y desaparición forzada, creo yo, son dos crímenes tan aberrantes como emparentados hoy en México. Son muestras de la degradación democrática y social a niveles extremos, porque en este país cualquier persona puede borrar a otra y, peor aún: el Estado también puede hacerlo”, denuncia Paula.

Y puede “porque no hay consecuencias: la impunidad es la ley. Por eso lo hacen sin pausa, cada vez más. En 1969 se registró el primer desaparecido, el profesor Epifanio Avilés Rojas, y se lo llevó el Ejército”. Desde aquel caso, ha habido “miles más”, hasta la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en 2007. “Una estrategia de militarización de la seguridad pública que destroza al país: más de 30.000 personas fueron desaparecidas en estos diez años, admitió la ONU”.

Paula narra que “organizaciones sociales cuentan más de 40.000, con escuetos y bastante escondidos datos oficiales, pero los familiares estiman que la cifra real puede llegar a ser ampliamente mayor, debido al subregistro y la no denuncia”, porque “¿ante quién denunciarían si muchas veces las autoridades desaparecen a las personas?”. En su opinión, “si hubiera existido justicia en alguno de los casos, esta espiral se habría detenido”. Y “ese huracán de impunidad e inhumanidad -porque eso es privar de la vida e incluso de la muerte- arrastra fuertemente a las mujeres”.

“Paradigmas” misóginos

Paula Mónaco recuerda que “fue en Ciudad Juárez donde se inventó el feminicidio, de mujeres pobres y obreras. Allá siguen desapareciendo a las muchachas, cada vez más pequeñas, sin que aparezcan las que faltan”. Pero, añade, “el feminicidio se extendió por el país, como epidemia vergonzosa que pone en evidencia el riesgo real que implica el machismo”. “El Estado de México es un caso paradigmático. Pero todo el país se ha vuelto igual: en México, ser joven, pobre y bonita es vivir en riesgo”, retrata Paula.

La silla rota relata “el infierno de ser mujer en Ecatepec”, donde solo en el primer trimestre de 2017 se registraron 62 denuncias por violación. En el Estado de México un violador sabe que, de ser condenado, sólo sufrirá de 5 a 15 años de prisión. En algunos casos se repite el esquema recurrente de Ciudad Juárez: la mujer es violada, luego torturada y por fin abandonada, medio moribunda, en algún lugar descampado. Bueno, en Ciudad Juárez a veces las matan y después echan cal viva sobre los cadáveres, que dejan tirados en lugares poco accesibles.

Una de las mexiquenses violada, María, de 34 años de edad y embarazada de 4 meses, acababa de terminar su jornada laboral y se dirigió entre calles a sacar dinero en la Plaza Aragón. Narra que fue abordada por detrás, le pusieron un trapo en la boca y, antes de desmayarse, la metieron en una camioneta negra y con cristales tintados. Fue golpeada para “hacerla callar” y la llevaron a un catre donde la ataron, desnuda, y tomaron fotos. El método se repetía: cuando despertaba, la golpeaban y violaban, y entonces la volvían a dormir con cloroformo. Los agresores, encapuchados, apilaban un montón de prendas femeninas ensangrentadas. María, lógicamente, perdió a su bebé.

Las ONG denuncian que hay desinterés de los candidatos del Estado de México. Así, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que contabiliza 626 asesinatos entre 2015 y 2016, señala que las propuestas de los aspirantes “son poco claras”, “no específicas y aplicables” para detener los feminicidios “y otras formas de violencia de género”. Su coordinadora, María de la Luz Estrada, enfatiza que “la grave violencia feminicida requiere de continuidad en las políticas públicas, y seguimiento de su efectiva implementación”.

Violencia e impunidad

En 2006, los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezados por Enrique Rueda, pidieron mejorar la calidad de las escuelas oaxaqueñas. Decenas de miles de maestros se plantaron en el centro de la ciudad de Oaxaca, y la policía cargó con gases y balas de goma. Los choques han sido diversos, con algunos docentes muertos, como el profesor Serafín, en un conflicto que fue en aumento.

Amnistía Internacional coincide con el diagnóstico de Paula Mónaco: “La tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando las detenciones arbitrarias y dando lugar a tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas”. A mediados de julio informó sobre cómo “la policía de todo México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas”. Así, “las detenciones arbitrarias pueden dar lugar fácilmente a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial”.

Paula Mónaco añade: “Constatamos que los desaparecidos, las víctimas, son en general jóvenes y pobres. Aquí, ser joven y pobre es sufrir un riesgo mayor de que te desaparezcan”.

Un nuevo homicidio de un periodista en México -el noveno este año- pone de manifiesto la alarmante situación de la libertad de prensa en el país, manifiesta AI. “Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión. El continuo derramamiento de sangre del que las autoridades prefieren hacer caso omiso genera un profundo vacío que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país”, según Tania Reneaum, directora de AI México.

La ONU solicitó el día 10 que México aclare las circunstancias y motivos por que mataron a Luciano Rivera. Las ONG y organizaciones de reporteros vienen mostrando su preocupación por el aumento de periodistas perseguidos, censurados, encarcelados y asesinados en el mundo. Aparte de los lugares en guerra, México sería uno de los países más peligrosos para contar la verdad. “Desde 2000, más de cien periodistas han sido asesinados en México”, explicaba en 2015 la Federación Española de Periodistas. Así que, en México, ser mujer y periodista tiene alto riesgo.