VITORIA - La decisión de los presos de ETA de aceptar las vías penitenciarias legales de forma individual despeja aún más el camino hacia el final de sus siglas al que solo le queda el paso definitivo: su disolución. La dirección de la banda tiene abierto entre sus miembros desde su desarme el pasado 8 de abril un debate sobre su futuro que espera culminar cuanto antes y que, fuentes de su entorno político, sitúan hacia finales de este año.
Las fuentes consultadas no descartan que la certificación de la desaparición de ETA se produzca en fechas próximas a las del anuncio de cese de su actividad armada, que tuvo lugar a finales de octubre de hace seis años. El factor simbólico de aquella efeméride contribuye a alimentar una posibilidad que, por otra parte, se enfrenta a las dificultades de la banda para terminar el debate en ese plazo.
Además de las complicaciones propias de un proceso de este tipo en una organización clandestina y perseguida policialmente, la dificultad principal estriba en que los presos tienen un papel muy importante en este debate y su situación de reclusión, además de la dispersión, complica mucho la fluidez de los mensajes. No obstante, otras fuentes conocedoras de cerca del proceso, no descartan que en el debate sobre la aceptación de las medidas de reinserción y los beneficios penitenciarios también se hayan cruzado mensajes sobre la disolución de ETA.
Si sobre la fecha de la disolución, los expertos consultados arrojan pocas dudas y en el peor de los casos no lo sitúan más allá de finales de 2018 para que la izquierda abertzale pueda pasar página de la violencia de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019, sobre la fórmula que empleará ETA para su disolución las dudas prevalecen sobre las certidumbres. Son tres las opciones que la banda debe debatir sobre su futuro: “proseguir como organización sociopolítica desarmada, su disolución paulatina sin comunicarlo públicamente y la disolución comunicada”.
La posibilidad de que continúe como organización política ha sido defendida públicamente por algunos miembros de EH Bildu como el exlíder de Aralar Patxi Zabaleta. Sin embargo, las fuentes consultadas creen que es inviable orgánicamente y que además perjudicaría la imagen de la izquierda abertzale, que quiere quitarse de encima el estigma de la violencia a la que se la asocia históricamente para así engordar sus resultados electorales.
La hipótesis de la disolución presentada como tal y de manera pública y comunicada recordaría el cierre de persiana de ETA político-militar (VII Asamblea) el 30 de septiembre de 1982. En el transcurso de una rueda de prensa en algún lugar de Iparralde, diez dirigentes polimilis, a cara descubierta, leyeron un documento en el que asumían su trayectoria y se comprometían a seguir luchando por sus objetivos políticos a través de métodos no violentos.
Una disolución formulada de esta manera facilitaría el acercamiento de presos a cárceles próximas a Zaballa (Araba) y Mont de Marsan (en las Landas francesas), tal y como han expresado los propios reclusos etarras en las conclusiones de su debate. La competencia para el traslado de los presos a otros destinos la detenta el Gobierno de Rajoy, que supedita un cambio a su política penitenciaria de mano de hierro a la disolución de ETA, claramente reconocida y sin contraprestaciones.
La opción de la disolución paulatina y no reconocida -como ocurrió con Iparretarrak, que desapareció en 2013 sin ningún comunicado, rueda de prensa o vídeo que anunciara su final- se ajusta mejor al relato histórico de la propia ETA, que hasta hace unos años aseguraba que jamás se iba a disolver mientras un solo preso de su organización siguiera en la cárcel, lo que parece que será así incluso si el Gobierno español decidiera flexibilizar su política penitenciaria tras la decisión de los reclusos de aceptar las vías legales.
El ministro Zoido En este sentido, el ministro del Interior del Gobierno español, Juan Ignacio Zoido, ratificó ayer que no cambiarán su posición hasta que no se produzca la desaparición de la banda. “Que sepa toda la sociedad, y por supuesto las víctimas del terrorismo, que el Gobierno no va a variar un ápice la política antiterrorista y que hasta que ETA no se disuelva, no hay tregua con ningún terrorista”, subrayó el ministro.
Según señaló en una entrevista a la agencia Efe, lo que tiene que hacer la banda es “disolverse, entregar todas las armas -y no el paripé que hicieron-, pedir perdón, arrepentirse y pagar la deuda que tiene con las víctimas”. El titular de la cartera de Interior asegura que el Gobierno del PP no modificará su política penitenciaria en relación a los presos de ETA, que “ni tienen más favores ni menos que el resto de los reclusos ni los tendrán”. Zanjó la cuestión asegurando que la voluntad del Ejecutivo de Mariano Rajoy es continuar con una política que “no vulnera ningún derecho de ningún recluso”.
Pista de aterrizaje El debate interno sobre la disolución de ETA culminará con una Asamblea en la que se decidirá la fórmula para echar la persiana. Mientras tanto, las terminales de la izquierda abertzale y algunas organizaciones afines preparan ya una pista de aterrizaje, algo parecido a lo que fue la Conferencia de Aiete, que sirva para dar cobertura internacional al definitivo paso de la banda en el que participarían personalidades políticas llegadas del extranjero, algunas de las cuales han ocupado relevantes cargos institucionales.
