Bilbao - Después del verano la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco se abrirá a las organizaciones y agentes que trabajan en el ámbito social para oír sus propuestas sobre la reforma de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y su gestión por parte de Lanbide. Un proyecto que el Gobierno Vasco se ha comprometido a adelantar varios meses a petición de los grupos parlamentarios.

Esta reforma, cuyas líneas generales ya fueron presentadas a finales de mayo por la consejera Beatriz Artolazabal, tiene como objetivos fundamentales aumentar la efectividad y la protección que prestan las ayudas sociales, evitar nuevas situaciones de pobreza y exclusión y mejorar los sistemas de control de quienes reciben las prestaciones.

Ayer, tras el debate de una iniciativa parlamentaria del PP que reclamaba que se agilizasen los plazos para la reforma de la normativa de la RGI, el Gobierno Vasco se comprometió a adelantar la presentación de su proyecto. La parlamentaria del PNV Amaia Arregi recordó que en el calendario legislativo, la reforma de la Ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos estaba prevista para el segundo cuatrimestre de 2018, pero ahora hay un compromiso para “adelantarla” al primer trimestre del próximo año.

Escuchar propuestas El Parlamento Vasco debatió ayer una iniciativa del PP para denunciar el “retraso” en la presentación de la reforma de la RGI y Lanbide, sin embargo el texto que finalmente salió adelante -con la abstención del PP- fue uno firmado por PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE. Ese texto recuerda que el pasado 31 de mayo, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentó en el Parlamento las propuestas de su Departamento para “mejorar” la RGI e insta al Gobierno Vasco a presentar en el primer trimestre del año 2018, el proyecto de Ley para modificar la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Antes de esa presentación, la Cámara oirá las propuestas de las instituciones, agentes y colectivos relacionados con las prestaciones sociales y la atención a las personas que requieren estas ayudas.

En el debate de ayer la parlamentaria del PP Laura Garrido acusó al Gobierno Vasco de “no querer asumir su responsabilidad de remitir un proyecto de ley” y opinó que lo está “demorando en el tiempo”, motivo por el que en su iniciativa reclamaba que se remitiera al Parlamento “a la mayor brevedad posible”. “Es necesario un texto legal sobre el que poder empezar a trabajar”, señaló Garrido antes de poner en duda que el Ejecutivo vaya a cumplir el plazo para presentar el proyecto de ley en el primer trimestre del próximo año.

También criticó el texto acordado por el resto de grupos parlamentarios al considerar que se trata de una “maniobra dilatoria más” porque en el informe presentado por Artolazabal ya contaba con las aportaciones de agentes, instituciones y colectivos. En opinión de Laura Garrido, con este plan de trabajo se va a “abrir audiencia” a los ciudadanos hasta en cuatro ocasiones. “Es necesario ya un texto para empezar a trabajar. El Gobierno Vasco hace dilación de sus responsabilidades cuando lo que debe hacer es pasar a la acción”, afirmó la parlamentaria del PP.

El compromiso Por su parte, la parlamentaria del PNV Amaia Arregi acusó al PP de estar “obcecado” con la reforma de la RGI y rechazó sus acusaciones al Gobierno Vasco de estar “retrasando” la misma, ya que, según destacó Arregi, “el Gobierno cumple con las peticiones del Parlamento Vasco y en el plazo otorgado al efecto”. La parlamentaria corroboró que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu “se ha comprometido a adelantar los trámites y a traer a la Cámara el proyecto de ley durante el primer trimestre de 2018”.

Amaia Arregi también expuso la disposición del PNV a “alcanzar acuerdos” para “proteger a las personas que peor lo están pasando”, sin olvidar que es necesario “mejorar” el actual sistema y hacerlo “sostenible en el tiempo”, para lo que considera “imprescindible” la colaboración de todos los grupos, instituciones y agentes “que quieran aportar”.

En nombre de EH Bildu, Eva Blanco argumentó que su formación no opina que el sistema actual “no sea válido”, pero recordó que desde que la regulación vigente se creó y aprobó en el año 2008 “han cambiado muchas cosas”. “Nuestro país soporta más pobreza, que se ha cronificado, hay más desigualdades y es nuestra responsabilidad hacer frente a estas necesidades actualmente no cubiertas”, indicó. Lamentó que, en este tiempo el sistema “se ha visto desprestigiado” y destacó que una vez que llegue el proyecto al Parlamento habrá que hacer “mucha pedagogía” en defensa de la RGI.

La representante de Elkarrekin Podemos Tinixara Guantxe destacó que el acuerdo parlamentario alcanzado ayer “garantiza” la participación ciudadana y consideró que la reforma se debe llevar a cabo con las aportaciones de los agentes sociales para que el texto que salga adelante no tenga “ni un paso atrás en el derecho a la renta de garantía de ingresos”. La parlamentaria advirtió de que no van a permitir que “el runrun del PP que pone en cuestión el sistema cale” entre la ciudadanía.

Tinixara Guanche rechazó llevar a cabo una reforma “deprisa y corriendo y sin escuchar a la ciudadanía” y emplazó al PP a pensar “si le merece la pena quedarse solo”. “Nuestra mano estaba, está y estará tendida para trabajar”, subrayó.

Defensa del sistema La parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez se sumó a los defensores del Sistema Vasco de Protección Social señalando que es una de las “mejores inversiones que los vascos hemos sabido hacer como país para garantizar la cohesión social”. No obstante reconoció que con el paso del tiempo el sistema puede “mostrar fallos” que “se pueden” resolver. “Lo más importante” -dijo- es que el Parlamento quiere trabajar para hacer “más fuerte” nuestro sistema de protección social. “Los socialistas no perdemos la esperanza de que el PP quiera trabajar de una vez en una reforma serena, sosegada y honesta de la RGI abandonando los discursos electoralistas”, añadió.

El proyecto de reforma de la RGI que el Gobierno Vasco se ha comprometido a presentar en los primeros meses de 2018 podría incluir algunas de las propuestas que se presenten a partir de septiembre en la comisión parlamentaria, pero ya cuenta con un informe de base en cuya redacción han participado expertos, técnicos del Departamento de Políticas Sociales y personal de Lanbide. El análisis realizado por estos expertos sirvió al Departamento para diseñar las líneas maestras de la reforma.