GASTEIZ. El Gobierno vasco ha propuesto diez acciones para mejorar el control de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la gestión de Lanbide, entre ellas la identificación de trabajadores y usuarios a través de la huella digital y la creación de un grupo para hacer frente al fraude en estas ayudas.

Dos representantes de este laboratorio de investigación han comparecido hoy en comisión en el Parlamento Vasco a petición de Elkarrekin Podemos y han explicado a través de videoconferencia desde Granada su visión ética de la implantación de la huella digital entre los usuarios de Lanbide.

En opinión de estos expertos, se trata de una medida "desproporcionada" porque el motivo básico que la justifica es el fraude y han recordado que éste se sitúa en el 1 %, un volumen que a su juicio debería estar dentro de la capacidad de "control" de la Administración sin necesidad de recurrir a otro tipo de acciones que pueden atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.

También han puesto el foco en que se quiera implementar entre personas "vulnerables", a las que se hace "sospechosas de fraude" y sujetas a una "vigilancia biométrica" que puede generar una "discriminación injustificada".

En este sentido se han preguntado por qué se plantea que deben ser los usuarios de Lanbide el "colectivo de pruebas" para una medida que tiene por objeto combatir el fraude cuando el volumen de éste es mayor en otros ámbitos como el fiscal y ahí no se ha propuesto poner en marcha un sistema de control biométrico. "¿Por qué este colectivo como 'conejillo de indias'?", han interpelado.

En su opinión hubiera sido "más correcto empezar a poner medidas de control por arriba, con personas menos vulnerables" y se han preguntado por qué no se aplica en todos los ámbitos de la Administración, incluso en el Parlamento, cuando, según han explicado, también se podría estar ante "potenciales" autores "de un crimen de identidad".

Han destacado la necesidad de transparencia y han pedido que antes de la puesta en marcha de esta medida se haga una evaluación del riesgo de lo que supone la implementación de la misma, ya que según han explicado además de la controversia ética existen cuestiones técnicas que se deben valorar, como la falsificación de las huellas que puede producirse.

"No convirtamos a la sociedad vasca en una sociedad de la tecnovigilancia", han concluido, antes de reclamar en varias ocasiones más información, especialmente a los usuarios, para conocer cómo se va a gestionar esta medida y sus datos.