WASHINGTON. Los dos fiscales generales, ambos demócratas, basarán su demanda en que esos "millones en pagos y beneficios de Gobiernos extranjeros" los ha recibido desde que se mudó a la Casa Blanca y teniendo en cuenta que optó "conservar la propiedad de su compañía" tras asumir el cargo.
Trump transfirió el control de su conglomerado empresarial a sus dos hijos adultos varones, Donald Jr. y Eric, para evitar posibles conflictos de intereses durante el tiempo en que ocupe la Presidencia.
Sin embargo, el fiscal general de DC Karl A. Racine y el fiscal general de Maryland Brian Frosh consideran que Trump "ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía".
Si un juez federal permite que el caso proceda, según explicaron los fiscales de Washington y Maryland al Post, uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump -que se ha negado a hacer públicas hasta ahora- para conocer hasta dónde llegan sus tratos de negocios en el extranjero.
Esa batalla, señalaron, acabaría muy probablemente ante el Tribunal Supremo, con los abogados de Trump obligados a defender por qué las declaraciones fiscales del presidente deben seguir siendo privadas.
La demanda podría abrir un nuevo frente para Trump en un momento en el que lidia con la investigación sobre si alguien de su campaña confabuló con el Gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016.
