BARCELONA - Ya no hay vuelta atrás para el president. El anuncio del viernes de la fecha y la pregunta del referéndum suponen un punto de inflexión para Carles Puigdemont, que ya descarta de plano cualquier tipo de negociación o diálogo con el Estado español. “Con este proceso se acaba el momento del protagonismo principal de la política y llega el de la ciudadanía”, expresó ayer Puigdemont, que insistió en el papel esencial que debe jugar la sociedad catalana ante la consulta. “Mientras que a los políticos los pueden inhabilitar, a todo un pueblo movilizado no le podrán hacer ni cosquillas”.

Ante la consulta anunciada para el próximo 1 de octubre, el jefe del Govern pidió a los partidos contrarios al referéndum que tengan altura de miras y “la honestidad de mirar a los ojos al pueblo de Catalunya y que se atrevan a decirle que no tiene derecho a decidir su futuro”. Así, Puigdemont intervino en la localidad de Lloret de Mar en el marco del Consell Nacional del PDeCAT (antigua Convergencia), y cedió a la ciudadanía el protagonismo del proceso soberanista. “Ahora quien tiene el mando son los 7,5 millones de catalanes que el 1 de octubre apretarán el botón para decidir libremente qué país quieren”, argumentó.

En la misma línea, el president retó a los partidos de la oposición y al Gobierno de Mariano Rajoy a convencer a los catalanes de que “una docena de magistrados del Tribunal Constitucional saben más que 7,5 millones de catalanes lo que les conviene”. Además, recordó que “la mayoría de ciudadanos de Catalunya” no votaron la Constitución de 1978, por lo que el Estado español no puede “esconderse con la bandera constitucional” y debe respetar la voluntad de Catalunya. “El respeto no se consigue ni dando miedo, ni amenazando, ni prohibiendo”.

De cualquier manera, Puidgemont se congratuló de la gestión de su ejecutivo, ya que considera que ha cumplido el objetivo principal del mandato: convocar a las urnas “un año y medio después” de los comicios autonómicos. El presidente de la Generalitat celebra que han logrado esta meta a pesar de sufrir “indignidades, como la venganza ruin y mezquina que el Estado está organizando para hacer daño” a los dirigentes del PDeCAT Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y Artur Mas, inhabilitados por su participación en la organización de la consulta de noviembre de 2014. Pese a todos los obstáculos, el jefe del Ejecutivo catalán está convencido de que el proceso soberanista encara ahora su recta final. “Solo quedan 112 días para la culminación final de un proceso que viene de muy lejos”.

APOYO DIPLOMÁTICO En paralelo al anuncio del referéndum, el departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat ha iniciado una campaña para tratar de recabar el apoyo de la comunidad internacional. El conseller Raül Romeva ha enviado un memorándum a gobiernos y embajadas extranjeras en el que defiende que el referéndum es “legítimo” y supone una “oportunidad” para que el Estado español “deje atrás su pasado autoritario y los débiles cimientos del régimen de 1978”.

Dicho escrito recuerda además que la Generalitat habría querido fijar el referéndum, anunciado para el próximo 1 de octubre, tras un “acuerdo” con el Gobierno, pero lamenta que en el Ejecutivo español no haya habido “ganas” de hacerlo. Por ese motivo, añade el memorándum, las “instituciones catalanas” consideran que el “único camino posible” para que Catalunya pueda decidir su futuro es que puedan votar los ciudadanos, tras lo que asegura que esa vía no está prohibida por la Carta Magna. “Una decisión tan importante no puede estar condicionada por una interpretación partidista de la Constitución”, añade.

En opinión del Govern, “solo un referéndum puede acabar con esta situación que está siendo negativa e insatisfactoria para ambas partes y que se ha deteriorado recientemente”, por lo que defiende que “este paso adelante para Catalunya no debería ser visto como un problema sino como una oportunidad” para el Estado español de “repensar su rol y avanzar en su sistema democrático”.