gasteiz - La primera reunión entre un lehendakari y un presidente valenciano tuvo lugar ayer, en Ajuria Enea, en un clima un tanto enrarecido por las críticas palabras del máximo responsable de la Generalitat, Ximo Puig, a cuenta del acuerdo sobre el Cupo cerrado entre los ejecutivos vasco y español a primeros de mes y que hoy se firma en el seno de la comisión mixta del Concierto. Fue el socialista Puig quien había solicitado con anterioridad a dicho acuerdo un encuentro llamado a formar una entente común para reclamar la gestión autonómica de los puertos o la ejecución del corredor ferroviario Atlántico-Mediterráneo, además de otros aspectos estratégicos para ambas comunidades. Fue un encuentro cordial, por tanto, el fin a tres décadas de una incomunicación “absurda e irracional”, dijo Puig.

Sin embargo, el contexto era el que era, y Puig tuvo que responder a la pregunta que flotaba en el ambiente, por encima del programa oficial del día. ¿Es el Cupo un privilegio? “No”, señaló, un tanto a regañadientes, apelando a que es una herramienta legal por cuanto, como parte del sistema de Concierto Económico, está protegido por la Constitución Española. “Nada que decir respecto a esa cuestión”, zanjó el presidente valenciano, que inmediatamente después de haber conocido el acuerdo del Cupo había exigido la reforma de la financiación de las comunidades de régimen común “sin un minuto de demora”, para garantizar la igualdad de los ciudadanos del Estado.

“Si hay dinero para el Cupo vasco también lo hay para la financiación de la Comunitat”, protestó el pasado 3 de mayo. Un día más tarde elevaba el tono, hablaba directamente de “discriminación”, ampliaba su reclamación para Valencia “al resto de comunidades autónomas”, y secundaba a su secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, quien pidió abrir un debate sobre el Cupo.

Desde Helsinki, Puig abogó por estudiar nuevas fórmulas de financiación para las comunidades en una eventual reforma constitucional. En Valencia, su vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís) afirmaba que acuerdo sobre el Cupo “quiebra la igualdad” y es “arbitrario, partidista y oportunista”.

La postura crítica de la Generalitat valenciana con respecto al Cupo, en todo caso, es anterior al acuerdo de la noche del 2 de mayo. El pasado mes de agosto, Puig ya pedía una reflexión sobre el mismo y defendía la armonización fiscal de todo el Estado.

En todo caso, fue tras el acuerdo del Cupo cuando Puig se erigió en cabeza visible del malestar de los presidentes autonómicos ante la inmovilidad de la Administración central en esta materia, que le ha permitido al Gobierno completar el difícil tránsito de la crisis sin hacer cuentas con las CCAA de régimen común, y tampoco con Euskadi hasta hace apenas dos semanas.

“igualdad y equidad” Ayer, precisamente desde Gasteiz, Puig prefería incidir públicamente en la cuestión general y no tanto en la particularidad vasca. Puig reclamó al presidente del Gobierno que “deje de intentar enfrentar a las comunidades autónomas y resuelva el problema de la insuficiencia financiera de las autonomías del régimen común”, informa Europa Press. “Yo no miro de reojo al País Vasco”, añadía el president, para quien el problema “no es el instrumento” a través del que se financian las autonomías, sino el “resultado” que se deriva del mismo. Ese resultado es una ausencia de “igualdad y equidad” entre los ciudadanos del Estado que también garantiza la Constitución. “Esto no puede continuar así”, advirtió.

Al margen de la legítima queja de los presidentes autonómicos con respecto a la necesidad de revisar la financiación autonómica, una tarea que el propio PP reconoce que está pendiente, la idea de que el Cupo vasco es un privilegio ha cuajado en el Estado, pues se entiende en muchos ámbitos que, por ejemplo en el momento actual, el Gobierno Vasco ha logrado que el Estado le trasvase 1.400 millones de euros, todo ello aderezado con la necesidad que tiene Rajoy de apoyos presupuestarios en el Congreso.

En realidad, esa es la cantidad que han calculado los técnicos de ambas administraciones que le debe la Administración central a la vasca en concepto del Cupo de la última década, que en este tiempo no ha sido actualizado como marca la Ley. Ese Cupo es la factura que Euskadi paga por los servicios no transferidos a la CAV, como la Corona, el Ejército, las aduanas o los puertos que ayer tanto Urkullu como Puig reclamaban gestionar. Si así fuera, ese concepto desaparecería del cálculo del Cupo.