madrid - Ignacio González saneó las cuentas del Partido Popular de Madrid con dinero procedente de una empresa pública regional en 2012, coincidiendo con su llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, según denunció ante la Fiscalía un ex alto cargo de ese ente público. Así lo refleja el juez Eloy Velasco en el auto, al que ayer tuvo acceso Efe, por el que mandó el viernes a prisión a González. En la resolución judicial describe los indicios de la supuesta financiación ilegal que se habría llevado a cabo en el PP de Madrid a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).
Estos indicios tienen su origen en la declaración de un ex subdirector general de ICM que afirmó ante la Fiscalía Anticorrupción que González pidió en junio de 2012 al entonces consejero delegado del organismo público, José Martínez Nicolás, un millón de euros para “sanear las cuentas del PP de Madrid”. La reunión ocurrió tan solo unos meses antes de que, en septiembre, González pasara a la Presidencia regional tras la dimisión de Esperanza Aguirre, quien sin embargo siguió como presidenta del PP de Madrid, cargo en el que había sido reelegida en abril de ese año y en el que continuó hasta febrero de 2016.
En junio de 2012 González era secretario general del PP madrileño y vicepresidente de la Comunidad, por lo que ICM dependía orgánicamente de él, destaca el juez Velasco. González pidió ese dinero porque en las elecciones de 2011 el PP de Madrid habían generado una gran deuda en sus cuentas, según afirma el juez. Asimismo, sostiene que hay pruebas de que esa reunión tuvo lugar gracias a las llamadas interceptadas del móvil de Martínez Nicolás, imputado también en el caso Púnica.
Según el relato de este ex alto cargo de ICM y “testigo privilegiado de los hechos”, como le califica el juez porque “formó parte de todas las mesas de contratación de la Agencia”, este desvío de fondos se pudo producir mediante contratos “inflados” de ICM con Indra y Price Waterhouse Cooper (PwC), que fueron registradas en el marco de la operación Lezo, por la que González ha ido a prisión.
Así, el juez afirma que Martínez Nicolás se habría valido de esas mercantiles para obtener el dinero solicitado por González, una operativa que se refuerza con las pruebas de que hubo un flujo de unos 700.000 euros (más de 500.000 en 2012 y otros 121.000 en 2013) desde Indra, “uno de los principales contratistas del ente público ICM”, a varias empresas proveedoras del PP que “en otras ocasiones ya habrían sido utilizados para saldar deudas del partido”.
Esas contrataciones de Indra, añade el juez en el auto, de 28 páginas, se hicieron “ a través de determinados entramados de empresas pantalla, siendo el destino final de los fondos empresas proveedoras del PP por importe de unos 700.000 euros”. Paralelamente, el juez investiga el enriquecimiento ilícito de Martínez Nicolás, que quedó ayer noche en libertad tras declarar ante el juez con la condición de que pague una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril.
Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM entre 2007 y 2014 y que, destaca el juez, “ha estado vinculado gran parte de su vida laboral a diferentes administraciones públicas españolas”, tenía más de un millón de euros “de origen desconocido y ocultos al fisco” en una cuenta del paraíso fiscal de Liechtenstein, en la que tenían firma su mujer e hijo. Con esa cuenta se hicieron transferencias a cuentas en Panamá y Suiza por un un millón de euros, que podrían responder a “operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal”.
los sobornos de rodríguez El expresidente de la empresa Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino habría sido “conocedor y partícipe” de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para “manipular” los procesos de obtención de contratos para su compañía, filial del Canal de Isabel II en América Latina.
Así consta en el auto del juez Velasco que recoge los diferentes indicios de que dispone para justificar la prisión incondicional dictada para Rodríguez Sobrinso en el marco de la investigación abierta sobre presuntas irregularidades en la empresa pública madrileña de gestión del agua. Así, por ejemplo, el consorcio formado por las empresas Inassa, CLEOP y la panameña MG Infraestructuras habría pagado en Panamá una comisión ilegal de 273.672 dólares por un contrato de servicios inexistente suscrito con una sociedad de las Islas Vírgenes.
En República Dominicana, la sociedad AAA Dominicana, participada mayoritariamente por Inassa, “habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales por valor de 440.000 ó 393.500 dólares, siempre relacionadas con contratos públicos adjudicados” por la citada empresa.
La operación Lezo se inició el miércoles con el arresto de Ignacio González y de su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero. La investigación señala a los dos últimos por su posición en un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización criminal. Ambos han sido enviados a prisión, eludibles bajo el pago de sendas fianzas de 4 millones y 100.000 euros. - DNA
Un millón de euros. Ignacio González pidió el dinero (un millón de euros) para sanear el PP de Madrid, solo unos meses antes de sustituir a Esperanza Aguirre al frende de la Comunidad de Madrid.
“Dinerillo B”. El presidente y su esposa, Lourdes Cavero, blanquearon su “dinerillo B” en guarderías y proyectando un negocio sobre desinfección de agua con el exministro y portavoz del Gobierno de Aznar entre 2002 y 2004, Eduardo Zaplana.
Agencia pública. Ignacio González desvió el dinero a través de la Agencia Informática y de Comunicación (ICM), dependiente de la Administración pública de Madrid, según sostiene el auto del juez Eloy Velasco basado en el testimonio de un ex alto cargo de esta empresa, ahora testigo protegido.
