Desarme a la vasca

Han pasado diez días desde que el diario vespertino francés Le Monde publicó la noticia en la que Jean Nöel Etcheverry, Txetx, anunciaba la fecha en la que se consumará el desarme de ETA y confirmaba la participación en el proceso de los intermediarios de Luhuso, los mismos que en diciembre pasado fueron detenidos en una vivienda de esa pequeña localidad de Lapurdi mientras dejaban fuera de uso un arsenal de armas de la organización armada. En el proceso también han intervenido de manera decisiva la Comisión Internacional de Verificación (CIV) liderada por Ram Manikkalingam y el Gobierno Vasco. Son los tres vértices del triángulo que ha hecho posible que esta vez sí sea creíble que vaya a darse con garantías y éxito el penúltimo capítulo del fin de ETA antes de su disolución. Las declaraciones de los líderes de los gobiernos español y, sobre todo, francés apuntan a que no interferirán ni obstruirán el desarme y que, por tanto, los verificadores internacionales podrán actuar con seguridad jurídica como fedatarios en tierra francesa.

Desarme legal

Los verificadores y el Gobierno Vasco han puesto como condición para su participación en este proceso que sea un desarme verificado, total, definitivo y sin contrapartidas. También insisten en que deberá ser legal, es decir, que las armas deberán ser peritadas y entregadas en condiciones tales que esté asegurada la cadena de custodia para que los tribunales de justicia puedan utilizarlas en el esclarecimiento de atentados pendientes de resolver su autoría. Este es un elemento clave en este proceso. No serían válidas otras fórmulas como la destrucción de las armas o el enterramiento de las armas en un lugar desconocido. Este también es uno de los requisitos principales de los gobiernos español y francés, así como de los colectivos de víctimas, que subrayan que aún hay pendientes de resolver más de trescientos asesinatos de ETA. No hacerlo así constituiría un delito.

Nadie puede precisar con exactitud el número de armas, ni siquiera la propia ETA ya que al caer algunos comandos de liberados y ser detenidos sus miembros se ha podido perder información sobre alguno de los depósitos. También resultan problemáticos los arsenales que puedan estar escondidos en pisos o viviendas. La mayoría de los arsenales está en suelo francés, aunque también los hay a este lado de la muga. Fuentes de la lucha antiterrorista calculan que podría tener ahora mismo alrededor de 300 armas, la mayoría robadas en Vauvert (Francia) en el año 2006.

El papel de los verificadores

El equipo de Ram Manikkalingam validará el proceso de desarme el día 8 de abril y culminará el trabajo iniciado en septiembre de 2011 cuando aceptó hacer un hueco a Euskadi en su agenda de conflictos armados para involucrarse en la verificación del desmantelamiento de los arsenales de ETA. En estos cinco años largos han padecido todo tipo de vicisitudes, la mayoría de ellas inconfesables hasta que dentro de unos años alguno de ellos pueda contarlo. Pero hay otros episodios que los vivieron a la vista del público y que imprimieron a este proceso una singularidad sin parangón en otros conflictos del mundo.

Fue en febrero de 2014. Llegaron a Euskadi para dar cuenta del inventariado y sellado de un pequeño arsenal de armas de ETA que fue mostrado en televisión por la BBC. En la imagen aparecían dos encapuchados de ETA, así como Manikkalingam y Ronnie Kasrils, también miembro del equipo de verificadores, tras una mesa con armas, munición y material para elaborar explosivos. Al día siguiente, el 23 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno les llamó a declarar como testigos por el vídeo en el que aparecían con los miembros de ETA. Un hito insólito en su dilatada experiencia en procesos similares de todo el mundo. El lehendakari Iñigo Urkullu y el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, les acompañaron hasta la puerta del tribunal y les esperaron hasta que terminaron la declaración.

También en esto fue un desarme a la vasca. Desde entonces no ha habido rastro de ellos y hasta se ha puesto en duda que siguieran implicados en la tarea. Más aún cuando tampoco asomaron en la operación de Luhuso en la que los intermediarios de la sociedad civil liderados por Txetx Etcheverry, Michel Berhocoirigoin y Michel Bergouignan inutilizaron varias armas, cuya localización les había sido indicada por ETA con anterioridad. Según señalaron, desmantelaron alrededor de un 10 o 15% del arsenal total de la organización armada. Ese día Manikkalingam y su equipo no estaban en Luhuso. Diferentes fuentes consultadas por este diario reconocieron en su momento que su ausencia se debió a que los verificadores no aprobaban el método empleado entonces porque no ofrecía seguridad jurídica, como después se comprobó con la operación policial que abortó las intenciones de los intermediarios. Terminaron detenidos durante varios días y tras declarar en París ante un tribunal fueron puestos en libertad con medidas cautelares.

El de Luhuso fue un momento crítico en la relación entre las partes porque supuso una pérdida de confianza por parte de los verificadores, que no aprobaron esa fórmula. La intervención de diferentes agentes, entre ellos el Gobierno Vasco, ha servido para reconducir la situación y ello ha permitido buscar una vía para ejecutar el desarme. Su acto final será en algún lugar de Francia y en ese momento final los verificadores jugarán un papel determinante.

El papel del Gobierno Vasco

Hasta ahora el lehendakari Urkullu y Jonan Fernández han trabajado para facilitar un desarme definitivo, legal, verificable y sin contrapartidas para encarrilar el final ordenado de la violencia. Una vez que han comprobado que esos criterios básicos concurren en esta operación han decidido dar su apoyo y cobertura. Falta el remate final y en estos días trabaja junto con el equipo de verificadores de Manikkalingam para evaluar la situación y valorar si se dan las condiciones necesarias para estar presente en el momento final en Baiona. Dependerá de esa evaluación si finalmente asiste y, de hacerlo, qué nivel de representación llevará. Desde la presidencia del Gobierno Vasco no descartan ni una posibilidad: tanto que asista el propio lehendakari como que haya una representación de perfil bajo o ninguna.

Discreción y riesgos

Lakua y los verificadores eran contrarios a anunciar el acto de Baiona con tanta antelación y así lo expresaron ante los intermediarios y su entorno. No lo consiguieron y han tenido que tragar ese sapo. La espera hasta el día 8 de abril se está haciendo muy larga en el Gobierno Vasco y en el grupo de verificadores. Cada día que pasa sin novedad es una prueba superada ante el riesgo de que cualquier chispa incendie el proceso larga y duramente trabajado entre bastidores. Todos los días se suceden las declaraciones y las especulaciones en torno al desarme y a esa cita del segundo sábado de abril en Baiona. Lakua propone que cuanto menos se hable sobre el tema mejor y alerta de un exceso de escenificación y sobreactuación como el que se produjo el pasado jueves en la capital labortana cuando los denominados artesanos de la paz ofrecieron una rueda de prensa en la que hicieron un llamamiento a acudir de manera multitudinaria a la capital labortana para apoyar el desarme. Los mediadores justificaron la comparecencia en la presión ejercida por los medios de comunicación para que ofrecieran más detalles sobre el acto del 8 de abril, cosa que no hicieron para no abonar el ruido mediático.

Dos días antes de esa comparecencia saltó uno de sus chispazos que tanto teme el Gobierno Vasco. Tras la publicación desde algunos medios de comunicación de la existencia de un plan del Ejecutivo de Urkullu para pedir el acercamiento de presos a prisiones de no más de 250 kilómetros de distancia sobre su casa (un proyecto que fue presentado en noviembre del año pasado), el presidente del PP en la CAV, Alfonso Alonso, acusó al lehendakari de condicionar el desarme a la flexibilización de la política penitenciaria de los presos de ETA y sin solución de continuidad llegó a llamarle “portavoz de ETA”. Fue uno de los lances más peligrosos hasta ahora que ha tenido que superar el abigarrado camino hacia el 8 de abril. Su partido en Madrid no le secundó sino que al día siguiente el presidente Mariano Rajoy insinuó, por segunda vez aunque esta vez en un foro tan solemne como el Congreso, que no obstaculizará el proceso. “Me parece bien, pero que lo hagan ya y sin contrapartidas”, señaló.

Los gobiernos español y francés

La reunión el martes 14 de marzo entre Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu fue uno de los grandes hitos de este proceso. El lehendakari le informó del estado de cosas y de los acontecimientos que están por venir y, aunque el presidente del Gobierno español mantuvo su habitual posición de no hacer ni decir nada, esa misma pose indicaba por sí mismo que la operación podía seguir adelante. Aparentemente se inclina por ponerse de perfil y dejar hacer.

Quedaba por ver cuál iba a ser la posición del Estado francés, en cuyo territorio se va a jugar la partida final. Su postura quedó clara el pasado lunes, día en que el primer ministro Bernard Cazeneuve afirmó que “si se quiere restituir las armas no hay nada más fácil que esto, hay que entregarlas dentro del respeto de las reglas del Estado de derecho: ir a la Justicia y decir ‘hemos decidido poner fin a la violencia, entregamos todas las armas’”. Sus condiciones son factibles y no cuesta mucho imaginar que los verificadores internacionales tendrán diseñada la vía por la que transferirán el mapa de la geolocalización de los arsenales a las autoridades francesas. En todo caso, lo que se espera de los gobiernos español y francés es que acepten que la información sobre los depósitos de armas sea depositada en manos de la Justicia francesa, sea por el canal que sea.

El precedente de Luhuso

Este proceso de desarme de ETA comenzó el pasado otoño, cuando el expresidente de la Liga de Derechos Humanos de Francia, Michel Tubiana, el sindicalista y ecologista Jean-Nöel Etcheverry, y el propio Berhocoirigoin hicieron llegar una carta a ETA en la que se ofrecieron como representantes de la “sociedad civil” para ayudar en la entrega de las armas.

ETA respondió a su emplazamiento a través de dos cartas, en las que aceptó la mediación de estas tres personas y abogó por “delegar en la sociedad civil la responsabilidad política del desarme”. “Os pedimos una sola cosa: que el procedimiento utilizado no deje ningún margen a una lectura deshonesta en términos de vencedores y vencidos”, indicó. “Nuestro objetivo es el de poder declarar en el plazo más breve posible que ETA ya no es más una organización armada”, sostuvo la banda. Etcheverry y Berhocoirigoin fueron arrestados el 16 de diciembre en Luhuso, junto con otras tres personas, cuando se disponían a “neutralizar” armas entregadas por ETA. Desde entonces, y pese a las medidas que les impuso el tribunal de París, han seguido trabajando para hacer efectivo el desarme.

Después del 8 de abril

Si todo va como está previsto, el 9 de abril ETA será una organización desarmada. Fracasó en su intento de negociar la entrega de armas con los gobiernos español y francés; posteriormente la policía ha ido desbaratando sus intentos de desprenderse de sus arsenales, como el pasado diciembre en Luhuso. Ahora ha encontrado una vía, con el concurso de voluntarios de la sociedad civil, para pasar esta página en los términos que se le reclamó hace cinco años.

Pasada esta página, la siguiente estación de ETA será la de su disolución. El debate lo lanzó el pasado febrero el interlocutor de la banda David Pla. No hay plazos para ese debate, ni de comienzo ni de final. La precaria situación de la banda impide además hacer vaticinios, aunque el hecho de que el Gobierno de Rajoy condicione la apertura de una nueva dinámica en materia de presos a la disolución de ETA es un factor nada desdeñable para una organización con 370 presos en las cárceles. La mitad de ellos no serán puestos en libertad antes del 2040.