bilbao -“Este estudio tiene que servir para la rehabilitación de la figura de las víctimas, para el reconocimiento social de su sufrimiento, y para clarificar responsabilidades, porque el sector que apoyó la violencia y las prácticas de extorsión que se generalizaron tiene una responsabilidad especial a la que debe hacer frente, y tiene que haber un reconocimiento público explícito del daño causado en este terreno”. Este es quizá el principal argumento por el que el Centro de Ética Aplicada-CEA de la Universidad de Deusto ha publicado el libro Misivas del terror.
Fruto del trabajo realizado durante tres años, el equipo coordinado por la politóloga Izaskun Sáez de la Fuente, y en el que están integrados Jesús Prieto, Xabier Etxeberria y Galo Bilbao, recoge en este estudio 66 testimonios y 140 cuestionarios online de personas las que ETA chantajeó con el denominado impuesto revolucionario. La mayor parte de estos testimonios corresponden a empresarios que se negaron a someterse a las demandas de la organización armada y pagaron por ello, en buena parte de los casos, tanto con el exilio interior (tener que abandonar su pueblo para irse a otro municipio) como exterior (tener que abandonar Euskadi).
Sáez de la Fuente aseguró ayer durante la presentación del libro que, a medida que iban recogiendo los testimonios de los extorsionados, aumentaba su compromiso por dar cuenta del sufrimiento que habían padecido estas personas. De este modo, a su juicio, este trabajo debe servir para sacar a la luz una de las dimensiones de la actuación de ETA que ha quedado más oscurecida ante el resto de actos violentos de la banda, y para reconocer a las más de 10.000 víctimas de la extorsión y colocarlas en el mismo plano de igualdad que otras víctimas de la banda. “Ese reconocimiento debe suponer, en primer lugar, hacer memoria y que esa memoria no solo sirva para reconocer a las víctimas sus derechos, sino al mismo tiempo para regenerar la convivencia ciudadana”, señaló Sáez de la Fuente.
Y es que, según aseguró la coordinadora de este trabajo, algunas víctimas o sus familiares más próximos “sufrieron trastornos psicológicos temporales o incluso crónicos”.
Responsabilidad Además, este libro sirve también para poner el acento en aquellos que se pueden considerar corresponsables de estos hechos, más allá de los propios miembros de ETA. Así, Sáez de la Fuente puso el acento en el entorno de la izquierda abertzale. “El entorno de la autodenominada izquierda abertzale y su vanguardia juvenil, que no es poco numerosa ni socialmente despreciable, jaleó a los victimarios y legitimó y contribuyó a que la dinámica de la extorsión se extendiese en los barrios y pueblos de Euskadi como una realidad autoevidente que no se podía cuestionar”, afirmó.
Por ello, señaló que “ese sector que ha sido cómplice activo de la victimización de miles de personas tiene una especial responsabilidad a la que debe enfrentarse si verdaderamente quiere favorecer la restitución de la identidad cívica y la regeneración de la democracia”.
Ante un estudio de esta naturaleza, Sáez de la Fuente aseguró que las víctimas se posicionan de una forma plural. “Unas aún tienen miedo de lo que pueda suceder y dudan de la idoneidad de abrir viejas heridas, mientras que otras, en cambio, abogan por contribuir a generar las condiciones para que se garanticen sus derechos y, sobre todo, para impulsar ese principio de nunca más se vuelva a repetir la barbarie cometida”, afirmó. Dos lógicas diferentes para enfrentarse a un mismo problema, pero que a juicio de la politóloga “se superponen en un mismo testimonio”. Hizo también una mención especial a aquellos grupos que a partir de la década de los 90 se enfrentaron a esta dinámica de extorsión, “especialmente Gesto por la Paz y el lazo azul, que lideraron los diversos tipos de movilización a favor de los secuestrados, la mayoría de ellos relacionados con el mundo empresarial”.
10.000 afectados. Según explicó Sáez de la Fuente, se calcula que alrededor de 10.000 personas sufrieron la extorsión de ETA. La mayor parte de ellos empresarios, pero también pequeños comerciantes y profesionales liberales.
Sus inicios. En los años 60 ETA pidió la “colaboración” económica a algunos pequeños empresarios que podían ser afines a la causa. En los 70 el secuestro era una vía de financiación de la organización armada, que posteriormente se decantó por el ‘impuesto revolucionario’, algo que duró hasta que la banda puso fin a su actividad.
Dinero recaudado. Aunque Sáez de la Fuente dejó claro que no era un aspecto importante del estudio realizado, y sin poder determinar una cantidad, según esta politóloga, el ‘impuesto revolucionario’ sirvió para que ETA pudiera autofinanciarse a lo largo de sus cinco décadas de existencia.
