MADRID - Los tribunales y las acusaciones de corrupción vuelven a cruzarse en el camino del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido reabrir la investigación sobre la presunta financiación irregular del partido, también conocida como la causa de los papeles del extesorero Luis Bárcenas, una cuestión que los populares daban ya por amortizada. La investigación había entrado en un callejón sin salida y el partido de Mariano Rajoy no esperaba nuevos sobresaltos. Antes que De la Mata, el juez Ruz, que se encargó de investigar la causa en primera instancia, detectó sólidos indicios de financiación opaca en el PP desde 1990 hasta 2008, una época en la que el partido habría recibido una cascada de donativos que no se declaraban a Hacienda y que se utilizaban para pagar campañas electorales, sobresueldos y reformas en la sede de Génova, pero no pudo ir más allá de esos delitos fiscales. No pudo acreditar que las donaciones empresariales se produjeran a cambio de contratos con la administración pública y, de hecho, archivó la causa contra 22 empresarios. No obstante, las revelaciones en el seno del caso Gürtel han abierto nuevas posibilidades.

En el juicio de la red Gürtel, el líder del entramado, Francisco Correa, aseguró hace unos meses que existía una trama de cobro de comisiones, donde él mismo y el extesorero se habrían encargado de poner en contacto a empresas y administraciones públicas gobernadas por el PP para conceder contratos a esos empresarios a cambio de comisiones que, según su versión, se situaban entre el 2% y el 3%. En un auto hecho público ayer, el juez De la Mata cita a declarar como investigados el próximo día 23 al propio Correa y al constructor Alfonso García Pozuelo, y un día después al intermediario Plácido Vázquez. Pide incorporar a la causa las declaraciones de los dos primeros, porque considera que arrojan datos “nuevos, pertinentes, útiles y relevantes”, y que pueden ofrecer un relato “consistente sobre la metodología aparentemente seguida”.

Por ello, reabre la causa a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de varias acusaciones. Esta investigación estaba a la espera de juicio y no se iban a recoger más datos. El juez recuerda que la investigación tiene como finalidad comprobar si “determinadas anotaciones reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas o contabilidad B del Partido Popular constituyen el soporte documental contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones”. Cita algunas declaraciones de Correa y García Pozuelo que han esgrimido las acusaciones, y apunta cómo los dos aludieron a los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, a la sede estatal del PP, y a las empresas OHL, ACS, Dragados y Degremont.

En la causa de los papeles, la carga de la culpa se está depositando en los gestores económicos (extesoreros y gerencia) por ser los encargados de llevar al día el pago de impuestos, pero no en el PP, que solo aparece como responsable civil subsidiario. Se considera probado a nivel de indicios que pagó su sede central con dinero negro. Con las declaraciones de Correa, puede haber un giro.

Época de Aznar Cabe recordar que Correa está llegando a pactos con los fiscales con intención de reducir su condena, así que es improbable que se desdiga de sus revelaciones. Sus declaraciones se refieren a la primera época de las actividades de la red, entre 1999 y 2005, es decir, durante el gobierno de Aznar. Según su versión, se amañaron grandes obras como las autopistas o el AVE. Dijo haber pagado comisiones a Bárcenas, en ocasiones llevándolas a la sede del partido. La buena noticia para Rajoy es que Correa lo libró de toda culpa y ciñó los acontecimientos a la era Aznar, que además se encuentra ahora muy alejado del PP. Según dijo, Rajoy dejó de contratar con la trama cuando tomó las riendas del partido, y provocó el exilio de Gürtel a tierras valencianas.

Sin embargo, la reapertura de la investigación vuelve a poner al PP en la picota política y estrecha el marcaje de la oposición sobre Mariano Rajoy, en un momento en que su pacto con Ciudadanos (C’s) no atraviesa por su mejor momento por el incumplimiento de las medidas anticorrupción pactadas en la investidura. No se han eliminado los aforamientos ni se han limitado los mandatos del presidente a ocho años o dos legislaturas, y el PP tampoco quiere apartar a los imputados antes de que se abra juicio oral. Hoy mismo, C’s se reunirá con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, “con el ánimo de forzar la salida” por su imputación.

El partido naranja ha evitado presionar en exceso al PP y ha optado por un tono conciliador asegurando que los acuerdos se van a ir encarrilando, pero los acontecimientos pueden obligarle a endurecer su discurso porque también añaden presión a C’s. Ayer mismo, los populares continuaron demorando el cumplimiento de los acuerdos, incluida la creación de una comisión en el Congreso para investigar precisamente su supuesta financiación irregular. Su portavoz en la Cámara, Rafael Hernando, dijo que “de momento no se va a crear”. En Onda Cero, se remitió a la subcomisión que analizará la financiación de los partidos, y avisó de que quiere conocer las cuentas de todos.

La causa apenas preocupaba a Rajoy por el giro del extesorero, que ha rebajado su beligerancia en los últimos tiempos retirando la denuncia al partido por el borrado de sus ordenadores, y asegurando que las donaciones llegaron “a cambio de nada”, de modo que los empresarios no lo hacían para lograr contratos. Correa apunta en dirección contraria.