bilbao - El Gobierno Vasco tratará de “colaborar e interactuar” con otras instituciones de Euskadi, del Estado español y del ámbito internacional en la consolidación de la paz y la normalización social de la convivencia, según se recoge en la memoria de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco presentada ayer en una comparecencia en el Parlamento de Gasteiz.

El departamento dirigido por Jonan Fernández pretende trabajar varias iniciativas en materia de paz y convivencia compartiendo experiencias con instituciones internacionales. Entre ellos está el programa europeo Peace para Irlanda del Norte, que tiene por objeto apoyar la paz y la reconciliación y promover el progreso económico y social en la parte irlandesa bajo bandera británica y en la región fronteriza de Irlanda. También planea iniciativas en comandita con el Gobierno de Flandes, con el que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu mantiene buenas relaciones. Asimismo, prevé colaborar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

No se trataría de una apuesta por lo que tradicionalmente se ha llamado internacionalización del problema vasco -entre otras razones porque salvo sus derivadas, el fin de la violencia en Euskadi parece definitivo e irreversible-, sino de una búsqueda de soluciones compartidas a las cuestiones pendientes de resolución tras décadas de violencia.

Estas iniciativas se enmarcan en lo que Jonan Fernández denominó la “normalización y cooperación institucional”, epígrafe en el que incluye la colaboración con el Parlamento Vasco y con el Gobierno español para el “desarrollo compartido” del programa Hitzeman, destinado a facilitar la reinserción de los presos de ETA a través de fórmulas recogidas en la legislación actual.

Precisamente, el Gobierno Vasco recibió ayer el aval de Amnistía Internacional a las políticas en materia de Derechos Humanos. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y y Jonan Fernández se reunieron en Lehendakaritza con el director adjunto de Campañas Europeas de la oficina internacional de esta organización, Fotis Filippou, que bendijo sus políticas en esta materia. Amnistía Internacional presentará hoy en Bilbao el informe Verdad, justicia y reparación en el contexto del País Vasco, en el que constata que todavía queda mucho camino por recorrer para que víctimas de ETA y de otros grupos armados puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación.

ayudas a las víctimas En su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento Vasco, en la que participó en la presentación del Proyecto de Presupuestos del Departamento de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Fernández se refirió al apartado de ayudas para las víctimas del terrorismo. El Gobierno Vasco mantendrá este año las subvenciones directas a los afectados directos en 140.000 euros y las ayudas a las asociaciones que les atienen en 130.000, así como el presupuesto de Cooperación al Desarrollo en 43 millones de euros.

Las cifras de ayudas directas a víctimas que aparecen en el proyecto de presupuestos son en principio la mitad de las del año pasado, pero ello se debe a que en 2016 fueron 330.000 euros de manera excepcional para hacer frente a la compra de ocho autobuses de Bizkaibus quemados en un sabotaje perpetrado en noviembre de 2015 en Loiu. Según precisaron, esta partida, destinada a sufragar daños directos de acciones violentas como la kale borroka, ha ido reduciéndose paulatinamente en los últimos años.

Los 130.000 euros en ayudas para las asociaciones de víctimas del terrorismo se consignan en dos ejercicios: en el primero se paga la mitad del importe asignado y al finalizar el proyecto que desarrolla cada año cada asociación, se entrega el 50% restante. “No hay ni un euro de menos”, recalcó el secretario de Paz y Convivencia.

Por último, Fernández se refirió al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo creado por el Ministerio del Interior en Gasteiz, una iniciativa que -según destacó- el Ejecutivo vasco aún “no conoce bien”. Pese a ello, el secretario de Paz y Convivencia aseguró que el gabinete de Urkullu tiene la “voluntad” de “colaborar” con ese proyecto del Gobierno español, algo que, subrayó, queda “reflejado” en la memoria presupuestaria de la Secretaría General de Paz y Convivencia. - DNA