palma - La sentencia más esperada del año se despachó ayer con penas mínimas para los acusados del caso Nóos, incluyendo la absolución de la infanta Cristina y la condena a seis años y tres meses de prisión de su esposo Iñaki Urdangarin, cuando la Fiscalía pedía 19 años y medio de cárcel para él por siete presuntos delitos de corrupción, y Manos Limpias, como acusación popular, solicitaba 26 años y medio. En total, de los 17 acusados diez han sido absueltos y siete condenados, pero de éstos solo tres con penas de cárcel no sustituibles por multas. Se trata, además de Urdangarin, de su exsocio Diego Torres, con la condena más alta, ocho años y medio de prisión, y el expresidente balear Jaume Matas, tres años y ocho meses. A la espera de que la sentencia sea firme tras la resolución de los inminentes recursos, los tres ingresarían, por tanto, en la cárcel.
Un panorama que difiere de lo que ha deparado el otro gran caso de corrupción de los últimos años en España, la trama Gürtel, que en su primera sentencia, conocida justo una semana atrás, condenó a trece años de prisión a sus principales cabecillas: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Todos ellos están ya en la cárcel por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y asociación ilícita. En total, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia condenó a once de los trece acusados, lo que contrasta con la sentencia que se dio a conocer ayer en la Audiencia Provincial de Palma. Según el fallo, los condenados solo tendrán que devolver dos tercios de los 6,2 millones de euros desviados de las administraciones de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana a través de los distintos eventos organizados por Nóos.
Las multas más gravosas recaen sobre Diego Torres, al que se condena a pagar un total de 1.723.843,10 euros por dos delitos fiscales. En el caso de Urdangarin, son 259.478,38 y 253.075,30 euros por irregularidades en su tributación a Hacienda en los años 2007 y 2008. La infanta Cristina es condenada, por su parte, a abonar 265.088,42 euros en concepto de responsabilidad civil por lucrarse de los delitos fiscales de su esposo. Sin embargo, toda vez que en diciembre de 2014, tras vender el Palacete de Pedralbes, depositó 587.413 euros que le reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, ahora la Justicia tendrá que devolverle al menos 322.225 euros.
No solo eso, sino que Manos Limpias, la única parte que acusaba a la infanta, para la que solicitaba ocho años y medio de cárcel, ha sido condenada a pagar todas las costas que el juicio haya supuesto para la hija de Juan Carlos I. El pseudosindicato, que ha llegado a este final del proceso muy depauperado por el procesamiento de su máximo responsable, Miguel Bernad, por presunta corrupción, deberá abonar a su vez la mitad de las costas a la esposa de Torres, Ana María Tejeiro. La abogada Virginia López Negrete adelantó ayer que no recurrirá y que deja de representar al sindicato.
Según el fallo, existe un plazo de cinco días para recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo. El abogado de la infanta, Miquel Roca, ya avanzó ayer que no prevé esta posibilidad al haber sido absuelta su defendida “con todos los pronunciamientos favorables”. Una situación muy diferente se abre para los condenados, por lo que la principal duda a corto plazo es si ingresan de forma inmediata en prisión ante un supuesto riesgo de fuga. Ayer mismo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una vista de medidas cautelares en la que pedirá el encarcelamiento de Urdangarin y su exsocio. El propio fiscal del caso, Pedro Horrach, dijo que “la gravedad de las penas ya implica riesgo, por lo tanto creo que deben adoptarse las medidas necesarias para minimizarlo”.
“Presión moral” Atendiendo a la sentencia, finalmente de algo más de 700 folios, Iñaki Urdangarin se sirvió de su “privilegiado posicionamiento institucional” por su “proximidad a la Jefatura del Estado” para ejercer “una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades” en Baleares. Ese es uno de los argumentos de las tres magistradas encargadas de juzgar el caso para explicar la forma en la que el Gobierno balear contrató al Instituto Nóos. Una “decisión caprichosa” tomada por el entonces presidente autonómico, Jaume Matas, que trató de “revestirse de un ropaje de legalidad” con actas que “no responden al desarrollo de las reuniones” en las que se fraguó la concesión.
El Instituto Nóos cobró 2,2 millones de euros por organizar los Illes Balears Forum de 2005 y 2006, unos congresos sobre turismo y deporte otorgados a la fundación de Urdangarin sin respetar los procedimientos legales. Fueron “decisiones arbitrarias, orillando la legalidad puesto que conculcaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad”. Matas fue declarado ayer culpable de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito de falsedad en documento público, así como de un delito de fraude a la administración.
En cuanto a la infanta, el tribunal cree que el solo hecho de que fuera socia con su esposo de la empresa Aizoon no significa que haya participado en el delito fiscal cometido, ya que “para ser partícipe de un delito contra la Hacienda pública se requiere una acción consciente dirigida a la defraudación”. Una situación que hace extensiva a Ana María Tejeiro, que deberá pagar 344.934,31 euros. Pese a que los cinco ex altos cargos de la rama valenciana del caso han sido absueltos, el fallo subraya que los contratos con los que concedieron a Nóos 3,5 millones sin concurso público por organizar los Valencia Summit entre 2004 y 2006 y por el proyecto de los Juegos Europeos estarían hoy al margen de la ley. Entonces “la administración se conducía de otro modo”, alega.
