bARCELONA - Catalunya comenzó a escribir ayer una página inédita en su historia. El expresident Artur Mas se sentó en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por la celebración de la consulta de independencia del 9 de noviembre de 2014, lo que supone adentrarse en la etapa de la intervención de los tribunales en la vida política que hasta la fecha había sido un fenómeno más ligado a tierras vascas en tiempos de violencia. En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compartió banquillo con las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, señaladas por los mismos hechos. Los acusados se ajustaron casi siempre al guión, en buena medida porque solo respondieron a las preguntas de sus abogados defensores, y no de la fiscalía ni de la acusación popular, ejercida por dos sindicatos policiales y por Manos Limpias. Defendieron que la consulta se transformó en un proceso participativo ejecutado por voluntarios y meros ciudadanos de a pie después de que el Tribunal Constitucional ordenara suspenderlo, de modo que no habrían incurrido en un delito de desobediencia. La declaración más llamativa del juicio llegó casi de manera casual, en un choque dialéctico entre el juez y Mas. El president acabó declarándose responsable de todo el proceso y del hecho concreto de la apertura de los institutos para votar, un dato al que puede aferrarse el magistrado para la condena, aunque Mas parecía referirse a que él concibió la “idea” del proceso y lo diseñó, y que toda la ejecución terminó quedando en manos de los voluntarios cuando llegó la suspensión.

En ámbitos soberanistas se considera probable la condena de inhabilitación por desobediencia, pero creen que este juicio puede servir para impulsar el proceso. Por un lado, la vista judicial volvió a tensionar a la militancia soberanista, que se movilizó para arropar al expresident en una larga marcha hasta el tribunal que le hizo llegar con casi media hora de retraso. La movilización es un factor clave para llevar a término el proceso, para organizar el referéndum previsto para septiembre a más tardar, y para lograr una victoria clara en las próximas elecciones y que el procés no descarrile. Por otro lado, los soberanistas confían en que el juicio tenga impacto en los medios internacionales para que su causa genere mayor simpatía y quede en evidencia la cerrazón de España ante un derecho que consideran democrático. Cabe recordar que el propio Mas ha anunciado en las últimas horas su intención de acudir a Estrasburgo, a la justicia europea, si es condenado en España. Como tercer dato, el juicio relanzó la figura del expresident, que se hizo responsable del diseño de la consulta y cada vez se perfila con mayor claridad como candidato a las próximas elecciones. Puigdemont dejó claro desde el principio que no optaría a otro mandato. El obstáculo de Mas es la posibilidad de que el juicio se salde con una condena ejemplarizante en un momento en que el Govern prepara un referéndum para septiembre a más tardar.

El juicio trata de esclarecer si el Govern desobedeció al Tribunal Constitucional cuando suspendió la consulta. El 27 de septiembre, el Govern firmó el decreto de la consulta, dos días después la canceló el tribunal, y fue entonces, en octubre, cuando los soberanistas le dieron una vuelta a la convocatoria y la transformaron en un proceso participativo para sortear la prohibición. Ese proceso también fue cancelado por el tribunal cinco días antes de la votación. En todo ese periplo, según la declaración ofrecida ayer por Mas ante el juez Jesús María Barrientos, de tendencia conservadora, su gobierno decidió amoldarse a las suspensiones convirtiendo la consulta inicial en un proceso de participación. Recordó que todo quedó en manos de 42.000 voluntarios. Es más, trajo a colación que el propio Rajoy ridiculizó la consulta al calificarla como algo menor e intrascendente, de modo que, si era algo tan inocuo, no se explica su relevancia penal. A modo de prueba de que la consulta no era vinculante, argumentó que hubo que convocar elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre de 2015 para desplegar con legitimidad la hoja de ruta soberanista.

Quedaba por explicar por qué no hizo nada para detener la consulta cuando recibió el último aviso cinco días antes de la votación. Vino a decir que había dinámicas que se escapaban a su control porque la organización estaba en manos de los voluntarios. Por ejemplo, dijo que no actualizó la web de la consulta, pero no pudo ir tan lejos como para cerrar la página porque “la habían replicado” desde otros servidores de internet.

Sin embargo, no optó por el escapismo y dio también argumentos políticos de apoyo a la consulta que podrían jugar en su contra. Dijo que su gobierno debía calibrar dos planos cuando se decretó la suspensión final: atender una resolución del Tribunal Constitucional “imprecisa”, o atender la movilización ciudadana y los mandatos del Parlament. En esa disyuntiva, decidió que la jornada se celebrara con normalidad. En otro momento tuvo un choque con el juez y terminó atribuyéndose una actuación concreta. Se le preguntó si fue el responsable de abrir los institutos para votar, y contestó con una valoración genérica sobre su responsabilidad en la “idea del proceso de participación”, algo que el magistrado le pidió que concretara. “He dicho que era responsable de todo; si digo de todo, de esto también”, zanjó. Como dato llamativo, la vicepresidenta Ortega atribuyó la apertura de los colegios, la publicación de los resultados y toda una retahíla de actuaciones “a los voluntarios”. Según dijo Ortega, ningún funcionario catalán participó poniendo orden ni llevando a término la consulta.

único responsable Mas se atribuyó el diseño del proceso. “Quiero dejar claro que las directrices venían de la Presidencia de la Generalitat y de mí mismo. Los otros miembros del Govern siguieron estas directrices”, dijo. Defendió que la consulta no era un “capricho individual”, sino que obedecía a un mandato del Parlament. La exvicepresidenta Ortega incidió en el argumento de los voluntarios, al igual que Rigau, exconsellera de Enseñanza. Hoy seguirá el juicio con los testigos para aclarar quién mandó abrir los colegios y llevó la logística. Mas se expone a diez años de inhabilitación, y nueve las exconselleras.