gasteiz - El pasado lunes por la tarde, el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka; y el delegado del Gobierno en Euskadi, Javier De Andrés, firmaron un acuerdo para la retirada del recurso al decreto sobre el régimen de contratación en el sector público de Euskadi, que ya había llegado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Con esta medida se da un paso más en la rebaja de la tensión judicial auspiciada por el Gobierno español en Euskadi, un movimiento que tiene que ver con su estrategia ante la situación de minoría de Rajoy en el Congreso. Uno de los pasos fundamentales en ese cambio de rumbo fue la designación hace un mes de De Andrés como delegado del Gobierno, con la misión de reconducir las deterioradas relaciones con el Ejecutivo vasco.
Según anunció Erkoreka tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer en Gasteiz, el lunes una comisión técnica negoció las condiciones para la retirada del recurso, que pasan por la modificación por parte del gabinete de Iñigo Urkullu del punto 2.b del artículo 4 de dicho decreto, que se llevará a cabo a lo largo de este mes; y por la solicitud de suspender el procedimiento en el TSJPV, un paso que se dio ayer mismo.
El acuerdo “es muy importante”, dijo Erkoreka, porque es el primero que afecta al ámbito contencioso-administrativo, pues hasta ahora los pactos han versado en torno a materias tratadas en la comisión bilateral entre ambos gobiernos o a cuestiones sobre la constitucionalidad de las normas en litigio. Además, señaló el portavoz de Lakua, se constata que “el Gobierno de España respeta explícitamente la capacidad del Gobierno Vasco para regular sus contrataciones públicas”.
Eso sí, a juicio del Ejecutivo autónomo, el acuerdo suscrito para la retirada a de este recurso, “una expresión de bloqueo y persecución de las decisiones de las administraciones vascas”, no significa que el clima haya mejorado entre ambos gobiernos. El pacto “palía el síntoma pero se mantiene la actitud de fondo”, afirmó el portavoz del Gobierno Vasco. Es decir, queda camino por recorrer, por ejemplo, en torno a los recursos a las OPE de la Ertzaintza, para cuya retirada es necesario que haya “voluntad y medidas jurídicas”.
Por su parte, De Andrés mostró su “satisfacción” por la resolución extrajudicial del conflicto, aunque aseguró que el Gobierno central no cuestionó en ningún momento la competencia de Euskadi para dictar una norma sobre contratación pública. “Si se ha podido suscribir el acuerdo es, precisamente, porque la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha reconocido la ilegalidad de los artículos impugnados”, se señaló ayer desde la Delegación del Gobierno.
