MADRID - El optimismo del nuevo Ejecutivo vasco respecto a un giro del Gobierno español hacia posiciones más dialogantes recibió un jarro de agua fría ayer por parte del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que sugirió que el Estado continuará recurriendo leyes aprobadas en Euskadi cuando lo considere oportuno. Catalá explicó que los recursos no pueden funcionar como moneda de cambio en una negociación y que deben seguir presentándose cuando una parte considere que la otra ha incumplido el marco legal.

Estas palabras frenan los diversos gestos que se habían ido dando esta semana entre los dirigentes del PNV y del PP, que había prometido al Gobierno vasco mayor flexibilidad en el diálogo y la negociación. En este contexto, Catalá puso ayer el contrapunto y se cerró en banda a reducir los litigios judiciales, ni siquiera a cambio de un supuesto apoyo de los jeltzales a las cuentas del Estado. “Esto no es un te quito cinco recursos y me apruebas el Presupuesto”, ironizó. El ministro de Justicia cree que “una cosa es la actitud positiva, de construir juntos”, y otra pedir que se retiren los requerimientos, “porque si están puestos es porque tienen fundamento”.

“Cuando el Gobierno o una comunidad autónoma presenta un recurso ante el Constitucional no lo hace por capricho ni por hacer oposición política en los tribunales como a algunos les gusta decir”, argumentó el dirigente popular que, sin embargo, sí se mostró abierto a poder revisar alguno de estos recursos, “porque no hay verdades absolutas”. Para Rafael Catalá, los litigios entre el Estado y las autonomías no son un problema “de tener tranquilidad o de dar caña, sino de respeto a las normas”.

La intervención de Catalá mostró ayer la doble vara de medir en el discurso del PP, que por un lado pretende mostrarse firme ante el empuje de las demandas de las comunidades autónomas, mientras que por otro tiende la mano a negociar aspectos relativos a la financiación. En el caso de Euskadi, el Gobierno de Mariano Rajoy ha comenzado a mover posiciones, consciente de que el apoyo del PNV en Madrid le puede ser indispensable para sacar adelante los Presupuestos y otras leyes de importancia en las que no cuenta con el respaldo del PSOE.

Ayer, el papel dialogante lo volvió a ejercer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que, en evidente contradicción con el ministro de Justicia, aseguró que en La Moncloa hay “máxima disposición” para reducir la litigiosidad con las autonomías. En ese sentido, la número dos de Rajoy pidió “responsabilidad recíproca” para revisar los recursos pendientes y potenciar el diálogo.

Sáenz de Santamaría llamó a “reforzar los mecanismos de relación e interrelación” de su Ejecutivo con las administraciones territoriales, apostando por fortalecer las comisiones bilaterales como mecanismo que incremente la negociación y reduzca la conflictividad en los tribunales, sobre todo en el Constitucional. Además, la vicepresidenta prometió más mano izquierda en las conferencias sectoriales y un aumento de la comunicación entre el Estado y las autonomías a través de los delegados del Gobierno.

También hizo alusión a la próxima Conferencia de Presidentes, cuya celebración se calcula para mediados de enero. Según la vicepresidenta, este cónclave puede servir de herramienta de diálogo en materias como la recuperación económica, la creación de empleo o el estado del bienestar. Sin embargo, esta cumbre cuenta con el rechazo de Euskadi y Catalunya, cuyos mandatarios, Iñigo Urkullu y Carles Puigdemont, respectivamente, ya han mostrado su negativa a acudir a este tipo de encuentros mientras Moncloa no demuestre con hechos su disposición a retomar una relación bilateral.

El PNV, por su parte, se mostró escéptico con el ofrecimiento lanzado por la vicepresidenta, que calificó de “declaración de buenas intenciones en cuanto a las formas, pero sin contenido”. El diputado jeltzale Mikel Legarda criticó la “involución” y “centralización” del Gobierno español en el diseño de las políticas públicas durante la pasada legislatura, y emplazó a Sáenz de Santamaría a incorporar a la Constitución el concepto de plurinacionalidad.

REFORMA CONSTITUCIONAL Por otra parte, Rafael Catalá volvió a oficiar ayer de portavoz del sector más inmovilista del Gobierno al ser interpelado por una posible reforma constitucional. El ministro de Justicia consideró innecesaria una renovación de la Carta Magna e incluso opinó que este asunto solo preocupa a las “élites políticas”, ya que sus electores no le preguntan por ello. A su juicio, la Constitución es un “marco de convivencia extraordinario” y haría falta “un tiempo tranquilo y reposado” para sentarse a hablar sobre su modificación.

Apostó por discutir los “problemas reales” de los ciudadanos y criticó a los que priorizan la reforma de la Carta Magna, ya que entiende que lo hacen movidos por “intereses que van más allá de lo que dicen” y tienen como objetivo poner en cuestión la estructura del Estado. “No hagamos un eslogan de algo tan importante como nuestra norma fundamental de convivencia”, demandó.

El titular de Justicia tampoco eludió el tema catalán y, al igual que en el ámbito de los recursos al Tribunal Constitucional, se mostró en contra de que se les retiren las querellas a los altos cargos de la Generalitat relacionados con el proceso soberanista, aunque sea en el marco de una negociación.