Bilbao - Una clara mayoría de la ciudadanía vasca no aprueba la política del Gobierno español de no mover un dedo en materia de paz y convivencia en tanto ETA no se disuelva. La población vasca es muy crítica con la posición de Mariano Rajoy en el proceso de paz ya que más de la mitad (un 56%) considera que está actuando mal o muy mal y solo uno de cada diez (9%) respalda su proceder, mientras que el resto cree que lo está haciendo regular. Pero el reproche no se limita solo a su inmovilismo sino que además lo extiende a su negativa a buscar una acción concertada en paz y convivencia con el Gobierno de Iñigo Urkullu. Así se desprende del informe del Gobierno Vasco publicado ayer y realizado a partir de 800 entrevistas realizadas entre el 9 y el 11 de noviembre a una muestra representativa de la población de Euskadi.
El informe, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, refleja que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma tienen una posición “muy crítica” con la actuación del Gobierno español en el proceso para consolidar el final del terrorismo y la convivencia. Revela además que la mayoría de los vascos (92%) opina que Rajoy debería acordar con Urkullu la política de paz y convivencia, si finalmente como parece es investido lehendakari la próxima semana. Dejarlo todo a la espera de que ETA se disuelva supone asumir el riesgo de una grapización de la banda armada, de un descontrol del arsenal de armas diseminado en tierras vascas, españolas y, sobre todo, francesas y un deterioro de la situación de los presos de la banda que muchos de ellos tienen un horizonte muy lejano de cumplimiento total de su condena. Esos tres factores combinados crean un coctel que complican el final ordenado de la violencia y sus consecuencias y en cierta manera lo prolongan en el tiempo.
Frente a la política inmovilista de Rajoy, el Gobierno Vasco defiende a través de su Plan de Paz y Convivencia la actuación de los ejecutivos vasco y español -y otros en su caso- para encarrilar los problemas sin esperar a lo que haga ETA, si es que decide hacerlo. En materia de desarme, por ejemplo, plantea una vía unilateral y verificable para el sellado y entrega de las armas y se ofrece a participar en ese proceso. El informe del Gobierno Vasco revela que la gran mayoría de los vascos estiman adecuado que el Ejecutivo de Urkullu intervenga en el desarme.
Esta demanda adquiere mayor actualidad a la luz de los acontecimientos vividos en los últimos meses en los que la Policía francesa ha incautado en un bosque de un municipio al norte de París un zulo, supuestamente vigilado desde hace años, con más de 250 pistolas y abundante material explosivo que, según la versión policial, ETA pretendía utilizar para escenificar un gesto de desarme. O el reciente arresto en Azkaine (Lapurdi) de Mikel Irastorza al que se le asignaba el papel de encargado de la banda para llevar a cabo el sellado y desarme. Su detención habría tirado por tierra un intento de ETA de ofrecerse a París y Madrid para una negociación de entrega de armas.
El estudio pone de relieve el reproche masivo de los vascos al Gobierno de Rajoy por su inmovilismo, pero también pone el peso de la carga sobre ETA y su responsabilidad en la situación actual. Preguntados sobre la suficiencia de los pasos dados por ETA, la mitad de los encuestados considera que es imprescindible que ETA se desarme y se disuelva ya, sin esperar a lo que haga Madrid. Una de cada tres personas considera que la banda ya ha dado pasos suficientes y que ahora le toca mover ficha a Rajoy.
El informe también pregunta a los encuestados sobre cuáles son los mayores obstáculos percibidos para lograr la paz definitiva. De las respuestas obtenidas se extrae la conclusión de que la traba principal es la incapacidad de los partidos políticos para llegar a un acuerdo suficiente (38%) y, a continuación, que el Gobierno español no dé pasos para “mejorar” la situación de los presos de ETA (36%). El tercer obstáculo es que ETA no se haya desarmado ni disuelto (18%).
En opinión de las personas encuestadas, los pasos que, a corto plazo, permitirían un mayor avance en este proceso son el acuerdo de todas las fuerzas políticas, el acercamiento de presos de ETA a Euskadi, el desarme y la disolución de ETA y el reconocimiento del daño causado.
La mayoría de la población vasca es “muy crítica” con la política penitenciaria del gabinete de Mariano Rajoy. Tan solo uno de cada diez ciudadanos la califica con un “bien”, mientras que más de la mitad (55%) la tachan de “mala” y el resto o piensa que no está “ni bien ni mal” o no ha oído hablar del tema. Además, ocho de cada diez personas opina que el Gobierno español debería facilitar, dentro de la legalidad, la reinserción de los presos de ETA.
Sobre la competencia de instituciones penitenciarias, un 75% de la población considera que debería transferirse a Euskadi, tal como prevé el Estatuto de Gernika, frente al nueve por ciento que se muestra en desacuerdo con que la titularidad de las prisiones vascas corresponda al Gobierno Vasco.
El estudio también se hace eco de la preocupación ciudadano sobre otras expresiones de violencia distintas a la de Euskadi. Así, indica que 72 de cada 100 ciudadanos están “muy preocupados” por el terrorismo internacional, básicamente el yihadista (un porcentaje superior al que tiene por la situación de Euskadi), y revela también una gran inquietud por la inmigración y las personas refugiadas, así como por la convivencia entre personas de diferentes razas y religiones.
Obstáculos para la paz. Para la ciudadanía vasca los tres mayores obstáculos son la incapacidad de los partidos políticos para lograr acuerdos, la ausencia de pasos del Gobierno Rajoy para mejorar la situación de los presos y que ETA no se haya desarmado ni disuelto.
Terrorismo yihadista. El apagón violento de ETA desde hace cinco años ha traído una caída de la inquietud sobre este problema hasta el punto de que el terrorismo internacional supera al proceso de paz en Euskadi en la escala de preocupaciones de los vascos.
