bilbao - La apertura del año judicial vasco volvió a celebrarse ayer en un contexto de paz. Cinco años después del cese definitivo de la violencia, la izquierda abertzale acudió por primera vez a la ceremonia y llamó a superar los agravios cruzados entre ese sector político y la justicia, en lo que pareció una alusión a las ilegalizaciones por un lado, y los atentados de ETA por otro. También en ese contexto de paz, el lehendakari vio el momento propicio para volver a poner sobre la mesa el traspaso de la competencia de prisiones y una justicia propia para la comunidad autónoma. El traspaso de prisiones es una reivindicación histórica del PNV y se recoge en el Estatuto de Gernika, pero los sucesivos gobiernos españoles se han resistido a aflojar la cuerda con el argumento de que la política penitenciaria es una parte esencial de la lucha antiterrorista y no era aconsejable desprenderse de esa herramienta mientras ETA siguiera actuando. Han pasado cinco años desde el cese de la violencia, pero ahora el argumento es la lucha contra el yihadismo.
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, argumentaba hace unos meses que el Estado debe retener la competencia para preservar la unidad contra la amenaza yihadista. La interpretación que realizan en ámbitos estatales sobre esa competencia es que, a lo sumo, a Euskadi le correspondería ejecutar la legislación penitenciaria de Madrid, es decir, no podría cambiar la política que se aplica en las cárceles, sino que se limitaría a ejecutarla y realizar labores de supervisión. Su agarre fundamental sería que existen una legislación penitenciaria y un Código Penal que establecen un itinerario concreto de reinserción y unos pasos determinados también para acceder a permisos de salida y progresiones de grado, y que esa legislación es competencia estatal.
De momento, a las instituciones vascas se les niega la competencia en su globalidad y no se ha abierto tampoco la puerta a transferirla a cambio de que la comunidad autónoma se limite a ejecutar la legislación básica o a encargarse de la inspección. Es un debate muy parecido al que ha suscitado la transferencia del sistema de pensiones. Son las dos competencias con mayor entidad y calado político en el paquete de una treintena de traspasos que quedan por materializar. A nadie escapa que la sola ejecución de la competencia de prisiones ya concedería un margen de actuación e interpretación a las instituciones vascas a la hora de aplicar los beneficios penitenciarios. El Gobierno de Rajoy no ha querido abrir la mano para la transferencia, tampoco en la ejecución.
Urkullu pidió ayer la transferencia en materia de instituciones penitenciarias, con el argumento de que está “recogida explícitamente en el Estatuto de Gernika”. En concreto, aparece en el artículo 10.14, que atribuye a la comunidad autónoma la competencia en la “organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”. También defendió políticas “que posibiliten realmente la reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad en el momento de su excarcelación”, un campo en el que está trabajando también el Gobierno vasco impulsando el programa Hitzeman, que tomará la forma de un decreto en la nueva legislatura.
Por otro lado, pidió “adecuar el marco competencial en materia de justicia a la realidad política del autogobierno vasco”. “No vamos a cejar en el empeño, y vamos a seguir trabajando para lograr dar respuesta a la legítima aspiración de contar con nuestra propia administración de justicia”, recalcó. A su juicio, es una demanda compatible con “una actuación presidida por el diálogo, la colaboración y la lealtad, en aras a prestar el mejor servicio a la ciudadanía”. De hecho, el lehendakari planteó alcanzar los objetivos del traspaso de prisiones y la justicia propia a través del acuerdo y el diálogo. Destacó esas dos metas por su “relevancia”, y pretende plantearlas a lo largo de su nuevo mandato.
Urkullu se expresó en esa clave en la recepción de apertura del año judicial, donde estuvieron presentes, entre otros, los consejeros Josu Erkoreka (Justicia y Administración Pública) y Estefanía Beltrán de Heredia (Seguridad); el delegado del Gobierno español en la comunidad autónoma, Carlos Urquijo; el lehendakari ohia José Antonio Ardanza y representantes de todos los partidos con presencia en el Parlamento Vasco. En ese acto, también tomaron la palabra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra; y el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro. Urkullu, por su parte, aludió también a la próxima legislatura que tiene por delante y abogó por la altura de miras y los acuerdos estables. “Necesitamos abrir un nuevo espacio que posibilite un diálogo constante, imprescindible para alcanzar acuerdos estables, colaboración permanente para no incurrir en disfunciones, y respeto mutuo imprescindible para crear un clima de confianza”, dijo, para apelar también al “espíritu de pacto” del lehendakari Aguirre.
modernización Juan Luis Ibarra subió al atril para poner en valor la colaboración entre la justicia vasca y el gobierno de Urkullu, que habría servido para implantar avances en la modernización de las gestiones. Destacó la comunicación electrónica y los servicios en justicia de menores. A todo ello contrapuso las modificaciones legales en el Estado, que no se habrían visto acompañadas de presiones presupuestarias para acometerlas. “Las dificultades cronificadas y las normas huecas de realidad no nos hacen desistir del convencimiento de que es posible una justicia ágil, eficaz y de mayor calidad”, añadió.
Calparsoro, por su parte, se fijó como reto la lucha contra la violencia machista, las agresiones y los abusos sexuales con el auxilio de la Er-tzaintza porque “una sociedad igualitaria no puede permitir ni un solo acto de esta naturaleza”. El fiscal pronunció un discurso de calado social donde también citó la seguridad laboral, los accidentes de tráfico o la corrupción, que “no se tolera” ya en una sociedad cada vez más informada.
