Bilbao - Las convocatorias de empleo en la Ertzaintza, con las que el Gobierno vasco busca cubrir las jubilaciones de agentes y no poner en riesgo la seguridad pública, se han convertido en el foco de conflicto por excelencia con el Ejecutivo español de Mariano Rajoy. Según ha podido saber este diario, Madrid ha interpuesto un nuevo recurso, esta vez contra la 26ª convocatoria de agentes. Se trata de la promoción de este año, que está en curso y en una fase muy preliminar, puesto que los aspirantes aún no han realizado las pruebas escritas y solo han pasado el proceso previo de inscripción. El recurso se ha interpuesto ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, en esta ocasión, el Gobierno español no ha pedido la suspensión cautelar del proceso, de modo que los aspirantes podrán ir cumplimentando sus pruebas, aunque es evidente que el recurso siembra de incertidumbre el procedimiento de selección y puede tener consecuencias imprevisibles.
El recurso contra la oferta de empleo, de 250 plazas, llega en un momento en que la conflictividad por este motivo ha llegado a su punto álgido. Cabe recordar que la 25ª promoción aún está siendo objeto de litigio y se encuentra en el Tribunal Supremo. Ahora llega un nuevo recurso contra la 26ª OPE. Además, en el caso de la número 25, Madrid intentó forzar la ejecución cautelar de la sentencia del Superior vasco para anular la convocatoria a pesar de que el caso se encuentra recurrido y los agentes están patrullando en las calles en régimen de prácticas, con el quebranto que hubiera supuesto anular su plaza por una medida cautelar. El Gobierno vasco se lo tomó como una agresión en toda regla y detecta un empecinamiento y fijación con los agentes autonómicos que puede desatar un conflicto institucional de alcance.
Acuerdo político El fondo de la controversia radica en que Madrid obliga a las comunidades autónomas a plegarse a las tasas de reposición contempladas en los Presupuestos estatales, con la finalidad de que cumplan los objetivos de déficit. El Gobierno vasco, por el contrario, pone en valor el pacto político alcanzado en su momento en la Junta de Seguridad que congrega a ambos ejecutivos, un acuerdo que estipulaba que el número de ertzainas debía situarse en 8.000 para cubrir las necesidades de seguridad pública. Ahora mismo, contando la 25ª promoción, hay 7.855 agentes. El problema parece acuciante, porque los sindicatos calculan que, en tres años, habrá mil agentes menos por las jubilaciones. Además, el Gobierno vasco recuerda que la comunidad autónoma se rige por un sistema de financiación diferenciado, en virtud del Concierto Económico, de modo que no tendría por qué plegarse a esas tasas de reposición. Por último, Lakua cree fuera de toda duda que va a cumplir los objetivos de déficit. Por lo visto, Madrid está argumentando en su conflicto con Lakua que no hay problemas de seguridad porque en Euskadi también tienen presencia la Guardia Civil y la Policía española, aunque eso suponga pasar por alto que existe una policía integral vasca y que las competencias de los otros cuerpos son muy limitadas.
Los conflictos por las OPE se retrotraen a la 24ª promoción. En ese momento, el Gobierno de Rajoy anunció su primer recurso, pero llegó a un acuerdo con el PNV en el Senado en el último minuto. Ese pacto suponía que los territorios sin problemas de tesorería no tuvieran que ajustarse a la tasa de reposición, sino que podrían reponer el 100% de las plazas vacantes. El acuerdo fue flor de un día, porque el Gobierno español ha ido recurriendo todas las promociones que han venido después, lo que para el PNV es sangrante porque supone incumplir un acuerdo político.
En las últimas semanas se ha registrado otro seísmo a cuenta de la 25ª promoción. El Gobierno español recurrió la OPE, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón, y el Gobierno vasco recurrió en casación al Supremo, que aún debe emitir una sentencia. El problema estriba en que Madrid pidió la ejecución provisional de la sentencia, es decir, anular toda la convocatoria a la espera de que el Supremo decidiera sobre el fondo del asunto. La consejería de Estefanía Beltrán de Heredia lo recibió como un ataque frontal contra el autogobierno y como un acto jurídico muy agresivo, porque el caso aún está siendo juzgado y ya hay 254 agentes en prácticas patrullando las calles. El tribunal superior vasco no concedió a Madrid la ejecución cautelar.
precedente Lakua ha tenido conocimiento del recurso a la 26ª convocatoria de empleo porque le ha llegado un aviso del tribunal, que le ha enviado la notificación. Ya estaba sobre la pista porque en junio recibió un apercibimiento del Ministerio de Hacienda, que es el encargado de dar un toque de atención con el argumento de las directrices presupuestarias. El Gobierno vasco pide una mediación política, al margen de Hacienda. Teniendo en cuenta el precedente reciente de la número 25, donde el tribunal falló a favor de Madrid, es previsible que suceda lo mismo con la 26ª y que la sentencia llegue rápido.
